Perspectivas y desafíos de la política criminal en Latinoamérica 1 ...
determinados principios básicos, que precisamente son consecuencia de la elección de tal sistemademocrático.4. Hay pues un...
También, como una situación concreta grave de discriminación frente a los aparatos del sistema penal,está la posición en q...
alimentos, de los medicamentos o el consumo en general, si no se protegen las condiciones del medioambiente, etc. Es decir...
6. Otro principio básico politico-criminal es el de responsabilidad o culpabilidad que proviene del principiodemocrático e...
La persona no puede ser instrumentalizada por la sanción ni puede ser medio para fines que (p. 165)vayan más allá de lo qu...
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Politicacriminal 38

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politicacriminal 38

  • 1. Perspectivas y desafíos de la política criminal en Latinoamérica 1 Juan Bustos Ramírez Catedrático de derecho penal, Chile In Nuevo Foro Penal, N° 56, 1992, p. 157 - 166(p. 157) 1. En noviembre de 1963 se celebró en Santiago de Chile la Primera Reunión Plenaria de laComisión Redactora de un Código Penal Tipo para Latinoamérica. Ella dio término a la parte general enSan Paulo en 1971; la parte especial se inició, pero no logró terminarse. Estos trabajos de la ComisiónRedactora, en especial los de la parte general, promovieron un fuerte movimiento de reforma legislativaen Latinoamérica y en muchos países dejó su huella el articulado propuesto como modelo. El Salvadorfue uno de esos países, y es por eso por lo que el actual Código vigente, promulgado por el decreto 270de 1973, recoge no sólo la discusión que se desarrolló en el seno de dicha Comisión en sus diferentessesiones a lo largo de la geografía latinoamericana, sino también el trasfondo doctrinario que inspiró alCódigo Penal Tipo.Ya hacía tiempo que la obra de Luis Jiménez de Asúa y su peregrinar académico por Latinoaméricahabía logrado cerrar el paso a la influencia del positivismo naturalista imponiendo, cada vez con másfuerza, y sobre todo en las nuevas generaciones, la corriente dogmática de origen alemán. El CódigoPenal Tipo para Latinoamérica vino a culminar esta etapa ya sellar definitivamente en las reuniones de laComisión Redactora el predominio total de dicha orientación, que por lo demás había alcanzado tambiénsu culminación en e llamado "Proyecto oficial alemán de 1962", cuyos trabajos preparatorios y su larticulado estuvieron siempre presentes en la Comisión Redactora.(p. 158) 2. La reacción frente al positivismo naturalista llevó a una posición dogmática radical que nodejó lugar a la política criminal, razón por la cual quedaron er el vacío aquellas intenciones primeras dela Comisión Redactora de establecer la,, realidades sociales y culturales de los diferentes paíseslatinoamericanos y conforme a ello llevar a cabo una revi sión de la legislación vigente.Sin embargo, el pensamiento dogmático puro y autosuficiente había negado a su término al momentomismo de su culminación con el dicho proyecto alemán del 62, a cuya sombra se alzó el ProyectoAlternativo alemán de 1966, de c laro corte político-criminal. En todos los países resurgió un fuertemovimiento que buscaba desentrañar el porqué de la intervención punitiva del Estado y al mismo tiemposus límites, con lo cual ya el análisis lógico formal de la norma no era suficiente en modo alguno, sinoque resultaba imprescindible un análisis político de cada sistema jurídico y, por tanto, de su imbricacióncon la realidad. De ahí el gran resurgimiento de la criminología, la aparición de la victimología y eldesarrollo de nuevas orientaciones en el campo de derecho pena¡, como el derecho penal mínimo. Y aúnla revitalización de antiguas quimeras, como es el caso del abolicionismo penal.3. Es evidente, y así aparece hoy en la mayoría de los países latinoamericanos, que no nos podemoscontentar con los esquemas que hasta ahora ha desarrollado la dogmática, sin negar, sin embargo, laimportancia que ella tiene, vista en especial desde un plano político-críminal, esto es, como garantía olímite frente al poder punitivo del Estado, en cuanto pone de relieve características de precisión,determinación, claridad en la complejidad, diferenciación de manifestaciones conceptuales y coherenciaen la teoría del delito.Pero lo anterior no basta, pues precisamente la pretendida suficiencia ha llevado al errado planteamientode una realidad normativa transespacial y que por tanto bastaría con copiar el mejor código existente, enprincipio europeo. Lo cual, naturalmente, no significa negar la importancia del trabajo de derechocomparado, especialmente en cuanto permite recoger la experiencia y las soluciones surgidas de y paracuestiones semejantes, en especial la profundización y ampliación de los derechos humanos, acervocultural que le ha costado mucho a toda la humanidad. Sin embargo, la preocupación básica que ha deinformar y subordinar toda elaboración dogmática es la de definir cuáles son los objetivos perseguidos. Yen este sentido sí que aparecen en un sistema democrático, en relación con el poder punitivo, 1 Ponencia presentada durante la "II Conferencia Iberoamericana sobre Reforma de la Justicia Penal (fase B: Derecho Penal)", celebrada en San Salvador, del 10 al 3 de septiembre de 1992. 1
  • 2. determinados principios básicos, que precisamente son consecuencia de la elección de tal sistemademocrático.4. Hay pues un primer nivel de análisis cuando se plantea el sentido del poder punitivo del Estado en unsistema democrático, cual es el de los principios inherentes a un derecho penal democrático. Es esta laprimera perspectiva y el primer desafío con el cual se enfrenta la política criminal en Latinoamérica.Ahora bien: estos principios o garantías, propios de un derecho penal democrático, requieren de unarevisión, precisamente en r zón de su utilización concreta en una realidad dada. También una idea adogmática transespacial tiene la pretensión de confundir la pura formalidad de la enunciación delprincipio con su materialidad de realización.(p. 159) Así, por ejemplo, resulta principio básico y elemental garantista de un derecho penaldemocrático la igualdad ante la ley, en la medida en que ya desde la revolución francesa -y así en todaslas constituciones actuales- el principio de legalidad de los delitos y las penas es la carta Magna delciudadano moderno en materia penal. Puesto que ya los planteamientos criminológicos en los paísesdesarrollados han señalado el carácter esencialmente selectivo y estigmatiudor del derecho penal, bastecitar al respecto la teoría del "etiquetamiento" o label approach, y que, como ha resaltado la criminologíacrítica, así como hay una desigual distribución de bienes, también hay una desigual distribución de lafunción punitiva. Ahora bien, ello resulta aún más patente en nuestros países, por múltiples razoneseconómicas, sociales y culturales.Es por ello por lo que la perspectiva político-criminal de igualdad ante la ley penal se trasforma en undesafío, esto es, en lograr establecer conforme a cada realidad concreta el máximo de garantíasposibles con el fin político de que la desigualdad y la discriminación frente a la ley penal sea la menorposible. En otras palabras, es cierto que se puede reconocer un principio inherente a todo derecho penaldemocrático, sea de un país desarrollado o no, y en ese sentido es importante recoger la experiencia deotros países, con una historia más larga y rica en la profundización teórica. Pero no es menos cierto queello no basta, pues los principios no son autosuficientes y más bien son programas de acción, quenecesariamente implican tener en cuenta la realidad y, consecuentemente, la realidad concreta de cadapaís en que se van a aplicar.Así, por ejemplo, la perspectiva y el desafío del principio de igualdad ante la ley penal en nuestrospaíses obliga a considerar, en la mayoría de ellos, la existencia de grupos culturales totalmentediferenciados, como es el caso de las culturas indígenas, lo que sucede aún en países que resaltabansu homogeneidad cultural, como es el caso de Chile, pero en los cuales en verdad la cuestión radicabaen una indiferencia u ocultamiento respecto de los otros grupos culturales. Y ello tiene repercusión nosólo en el ámbito del sujeto responsable, esto es, respecto de las definiciones de inimputabilidad, sinoademás ya en el injusto o delito, en cuanto ello puede influir, por ejemplo en la comprensión de unelemento normativo del tipo, como cuando algo es ajeno o no tiene dueño determinado, o bien, encuáles son los derechos defendibles en la legítima defensa.Por otra parte, la gran dimensión que alcanza la pobreza en nuestros países, que implica marginalidaden todo sentido, educativa, económica, laboral, etc., entraña también un desafío político-criminalrespecto del principio de igualdad, pues evidentemente los hechos que surgen en el entorno de lapobreza tiñen de una determinada manera tanto al injusto como al sujeto responsable.Es decir, tampoco basta con garantías puntuales, sino que se requiere establecer garantíasglobalizadoras, esto es, referidas a todo el sistema penal, que abarquen tanto a los operadores delsistema como a los propios organismos, así a los de seguridad pública, a la organización judicial, alrégimen penitenciario y de aplicación de penas en general, etc. Por lo tanto, no sólo son necesariasgarantías que impliquen (p. 160) una mayor profundidad y complejidad en la fundamentación de lasestructuras dogmáticas, sino también de la acción y organización de los aparatos y operadores delsistema.Ello no quiere decir que debamos dejar de lado situaciones concretas de discriminación, que puedenrevestir tanto o más significación que las globales. Así, por ejemplo, nos encontramos con una realidadsocial muy difundida en nuestros países latinoamericanos: la institución de la convivencia marital, esdecir, la unión sin que haya un matrimonio legal. Sin embargo la ley penal en general solo se refiere a lafamilia legal y no considera ni para atenuar o agravar la pena ni para eximir de ella la vinculación fáctica,que puede ser igual o aun más fuerte que la puramente legal. 2
  • 3. También, como una situación concreta grave de discriminación frente a los aparatos del sistema penal,está la posición en que se encuentran la mujer y los niños. Es así como el maltrato del marido a lamujer casada no es visto como una falta o delito de lesión, salvo en casos de extrema gravedad, y portanto a pesar de la ley no hay persecución alguna. Del mismo modo el delito de violación, dada la formacomo se contempla en nuestros países, que implica una nueva victimización de la mujer-, no tiene elgrado de persecución que debiera tener, en especial en el caso de mujeres jóvenes, pues estasprefieren no pasar por la "segunda violación" de su dignidad como persona, que es lo que implica paraellas el curso del sistema penal.Consecuencia del principio de igualdad es el de proporcionalidad, en cuanto la pena ha de estar enproporción con la gravedad del hecho, tanto por la jerarquía de los bienes jurídicos afectados como por laintensidad del ataque a ellos, es decir, deben excluirse penas iguales para hechos diferentes, pues esoimplica discriminación.Es un desafío político-criminal no fácil de superar para nuestros países el ir desmontando todo elsinnúmero de desigualdades y discriminaciones frente a la ley penal. Y ello porque, dado que el derechopenal es extrema ratio, y, por tanto, su eficacia es muy relativa para la superación de la cuestióncriminal, y más bien es el derecho penal el que la define políticamente, también la eficacia de laeliminación de discriminaciones globales o puntuales es muy r elativa. En otras palabras, no es quedesconozcamos la función evidentemente simbólica del desmonte de discriminaciones, y por ello muysignificativa desde un punto de vista político-criminal, ya que los símbolos tienen una gran fuerza real;pero es necesario dotar de más y mejores elementos instrumentales a los órganos y operadores delsistema penal, y más aún, llevar a cabo las correspondientes políticas económicas, sociales yculturales. Si no se da cumplimiento también a esto último, caeríamos en el grave error de creer que lapolítica criminal va a reemplazar o ser una alternativa a todo el entramado político-social.5. Otro principio básico garantista de un derecho penal democrático es el de lesividad, esto es,conforme al cual solo se persiguen hechos que atenten contra un bien jurídico, ya que es el principiobásico que, en procura de los objetivos del sistema, determina qué es un injusto o un delito. En unsistema democrático, el (p. 161) principió básico de la igualdad ante la ley, que desde un aspecto formalimplica el de legalidad de los delitos y las penas, desde una consideración material envuelve el delesividad de los bienes jurídicos. No hay duda entonces de que no se puede sino estar de acuerdo hoy,como elemental en un sistema democrático, con que los delitos han de definirse desde su lesividad alos bienes jurídicos, ya que ellos surgen desde los fines (que por tanto definen) del sistema. Enconsecuencia, ello quiere decir que la cuestión del delito o del injusto no es en modo alguno, en primertérmino, una cuestión puramente dogmática, sino que está regida y determinada político-criminalmente.Ahora bien, como ya señalábamos anteriormente, la simple enunciación del principio no significa suconsagración real, pues el principio como tal es solo un programa de acción. Más aún, hay que tener encuenta desde un punto de vista conceptual que un principio material puede ser desvirtuado en sueficacia o como programa de acción, en cuanto sea formalizado. Y es así como el principio de lesividad,desde tal orientación formalista, puede llegar a confundirse o subsumirse en el principio de legalidad delos delitos y las penas. Tal es el caso de todas aquellas posiciones que sostienen que el bien jurídicoes inmanente a la norma, esto es, que toda norma de por sí tiene su propio bien jurídico. Es ladogmatización del bien jurídico, no hay posibilidad alguna de discusión ni de participación democrática,se parte de un dogma o presunción de derecho en favor de la ley. De ahí la importancia de desterrarcompletamente todo tipo de presunciones del sistema penal y de señalar que el principio de lesividad esde carácter político-criminal; es una garantía al ciudadano y un límite a la intervención punitiva delEstado.También desde un punto de vista conceptual se puede desvirtuar el principio de lesividad sobre la basede una diferenciación sustancial entre los bienes jurídicos a los cuales está referido. Esto es, aldistinguirse entre bienes jurídicos individuales y supraindividuales, o bien, entre bienes jurídicos pornaturaleza o por razones puramente politico-criminales. En otras palabras, todas estas clasificacionestienden a señalar que unos bienes jurídicos son propios o reales y los otros son impropios o artificiales.De ahí que planteamientos neoliberales extremos sostengan que la intervención punitiva del Estado debelimitarse solo a los primeros, esto es, afecciones a la vida, salud individual, libertad, honor, patrimonio,dejando fuera, por ejemplo, la salud pública, la seguridad común, los ingresos y egresos del Estado,etc. Resulta, sin embargo, que tanto uno como otros son reales y están referidos a la persona, puesnada se saca con proteger la salud individual si al mismo tiempo no se protege la calidad de los 3
  • 4. alimentos, de los medicamentos o el consumo en general, si no se protegen las condiciones del medioambiente, etc. Es decir, hay una serie de bienes que están ligados al funcionamiento del sistema y queson indispensables para que este permita a la persona su total y pleno desarrollo. en todas susdimensiones. No hay fundamento, por tanto, para aquella clasificación, que lo único que pretende esnegar conceptualmente la existencia de bienes jurídicos que están referidos a todas y cada una de laspersonas de una colectividad o un sistema, y de este modo desproteger discriminatoriamente a grandesmayorías, y (p. 162) reducir la lesividad solo a determinados sectores. Otra cosa diferente -que es elargumento falaz que se emplea en dichas clasificaciones- es que los bienes jurídicos, político-criminalmente en un sistema democrático están determinados por el objetivo del desarrollo de laspersonas. Esto es, no hay bienes jurídicos por razones de Estado o por razón social, planteamientosque siempre esconden el interés político, económico, cultural o social de un determinado sector, y no eldesarrollo de la persona como tal.Pero, más allá de estas disputas conceptuales, resulta que la implementación del principio de lesividadlleva nuevamente a considerar las realidades concretas en que se va a aplicar y a recalcar que es soloun programa de acción y que su eficacia para que sea efectiva requiere ser garantizada. Como yaseñalamos anteriormente la distribución de bienes es desigual, y más aún en nuestros países. Haygrandes capas de la población que no gozan de determinados bienes o que disponen de ellos en formamuy precaria, y que por ello mismo no quedan abarcados por el sistema penal en su protección y másbien serán alcanzados o perseguidos por él, ya que de entre ellas saldrán en gran medida los queafecten a aquellos que gozan de todos los bienes, o bien, de ellos en forma plena. Es una consecuencialógica de la distribución desigual de los bienes. Con lo cual de partida entonces habrá un gran sector dela población que quede al margen del principio de lesividad, y que más bien será aquel sobre el cualrecaiga el sistema penal en razón de ese principio de lesividad, un extraño sofisma diabólico. Pero nosolo eso, sino que la exigüidad del disfrute de los bienes produce a su vez la desigual repartición de laintervención punitiva. No entraña la misma lesividad detener por horas o días a un vagabundo o pobladorque a un profesional o un empresario; no trae la misma lesividad el asalto a un banco que la destrucciónde la cabaña o choza de un poblador. Luego también por este aspecto se produce la marginalidad de ungran sector de población, que no aparece cubierto por el principio políticocriminal de la lesividad. Másaún, esta misma desigual distribución y selectividad punitiva lleva a que no se atienda a los bienespertenecientes a las grandes mayorías, y por otra parte se acentúa la protección de bienes por razonesajenas a una participación igualitario, esto es, que en definitiva solo protege a sectores de la ciudadaníapor razones políticas, económicas, sociales o culturales. En otras palabras, se contradice unplanteamiento de derecho penal mínimo y de deslegitimación del derecho penal, que son lasconsecuencias inherentes a un efectivo principio de lesividad. La intimidad, la libertad sexual, ladiversidad cultural, la ecología, la educación, la salud, el consumo, etc., no aparecen suficientementeconsiderados en nuestros códigos penales, por nombrar solo algunos casos, con lo cual se aumenta lamarginalidad de grandes sectores de la población, que solo tienen posibilidad de ser ofensores, peronunca víctimas.También se puede distorsionar el principio de lesividad en razón de la amplitud que toma o puede tomaren nuestros países el objetivo de seguridad ciudadana o pública, que sobre todo al ser, por una parte y amenudo, especialmente en momentos de transición, sobredimensionado desde un punto de vistasubjetivo, (p. 163) lo que no es desconocer la realidad y significación de lo subjetivo, y por otra,unilateralizado solo a la violencia callejera, lleva también a que todo el sistema penal y el principio delesividad se contemple y/o defina desde esta perspectiva. Con lo cual se reduce el ámbito del principiode lesividad, que solo abarcará a determinado sector y dejará solo como posibles transgresores agrandes mayorías, que quedan siempre como "presuntos peligrosos", por lo que se aumentan lasfacultades de la policía y de los tribunales respecto de ellos. Esto puede ser especialmente grave enmomentos de transición, dado que la llamada “seguridad subjetiva" es muy fácil de manipular y, portanto, crearse un clima propicio para exacerbar la función represiva selectiva y discriminatoria, con locual entonces se entorpece o perjudica gravemente la profundización democrática del sistema, porquese pone la seguridad del orden por encima de la seguridad de la persona y de su desarrollo como tal.Luego, también la perspectiva político-criminal, en relación con el principio de lesividad, se vuelve undesafío; igualmente hay que tener en cuenta que la política criminal no podrá sustituir las políticassociales, económicas, educativas, culturales, etc.; más aún, que estará supeditada a ellas y que en elprincipio de lesividad, por su propio contenido de referencia, ello aparece más patente todavía, pues estepuede quedar restringido o desvirtuado en grado sumo si son muy pocos los que disfrutan de los bienesy más pocos aún los que tienen un disfrute pleno de ellos. 4
  • 5. 6. Otro principio básico politico-criminal es el de responsabilidad o culpabilidad que proviene del principiodemocrático elemental de la dignidad de la persona humana. Si la persona en un sistema democráticoes un ente autónomo respecto del Estado, con capacidad propia y por tanto no sometido a la tutela deeste, necesariamente la intervención del Estado ha de considerar como límite y deslegitimación laresponsabilidad de la persona. Esto significa consecuentemente que toda persona tieneresponsabilidad; no hay personas irresponsables sobre las cuales, por tanto, el Estado tenga underecho, una tutela inmanente, como se ha pretendido respecto de los niños, los enfermos mentales, yen general, de los inimputables. Ahora bien, el principio de responsabilidad lleva no solo a excluir lallamada "responsabilidad objetiva", que por tanto no es personal en el injusto o delito, sino también aconsiderar qué respuesta era exigible a ese sujeto por el sistema, lo cual implica entonces lacorresponsabilidad del sistema, pues para exigir es necesario que se hayan otorgado las condicionescorrespondientes para tal exigencia. Se trata entonces de la discusión de la responsabilidad del sujetopor su hecho o la llamada culpabilidad por el hecho.Asimismo es este un principio material que requiere de su adecuación, y que en un análisis en el soloaspecto conceptual puede ser formalizado, como sucedió en el pensamiento puramente dogmático, quepartió del dogma o presunción de derecho del libre albedrío, y por tanto en que la intervención punitivadel Estado sobre el sujeto tenla una fundamentación absoluta y no era una cuestión de definición desdeobjetivos político-criminales en un sistema democrático. Formalización que también se produce con lallamada "prevención general positiva", que al partir de la presunción de derecho que la pena integrasobre la base del reafianzamiento (p. 164) de la conciencia jurídica, reduce a la persona a un puro entejurídico y por tanto es inmanente a él su infidelidad, al derecho, luego ese es el fundamento absoluto dela intervención punitiva del Estado.No obstante, más allá de estas cuestiones conceptuales, es necesario considerar los aspectos propiosde la adecuación de este principio. En primer lugar, hay que señalar que nuestro sistema en suconjunto, y específicamente el sistema penal, establece fuertes estigmtizaciones, por razoneseconómicas, sociales, culturales, y aun étnicas en ciertos casos, que restringen la autonomía ética dela persona frente al Estado, convirtiéndola más bien en un objeto de instrumentalización, con lo cualentonces se desnaturaliza el principio de responsabilidad, pues se otorga al Estado un derecho sobre elsujeto en razón de sus características económicas, sociales, culturales o étnicas. Es decir, de algúlnmodo emerge la tendencia de un derecho penal de autor, que aparece reafirmado por un predominiovulgar de la idea de peligrosidad del positivismo naturalista que, como ya lo hizo en su oportunidad alenunciar su tesis en relación con las personas que estaban en la cárcel, predica tal rasgo precisamenterespecto de los marginalizados por el sistema, con lo cual se da entonces un círculo vicioso diabólico.Es decir, quienes sufren una desigual distribución de bienes, en razón de ese déficit social son luego,además, caracterizados como esencialmente peligrosos y, por tanto, se parte de una presunción deresponsabilidad respecto de ellos en la praxis del sistema penal.Por otra parte, el sistema penal y sus operadores tienden a desestimar las diferenciaciones existentesen el interior del sistema respecto de los diversos sujetos, lo cual es básico para una real eficacia delprincipio de igualdad en relación con la dignidad de las personas y con su responsabilidad. Ciertamenteel sistema no puede exigir la misma responsabilidad a aquellos que se mueven en un mundo de códigosdiferentes de los hegemónicos, corno es el caso de los indígenas, de los niños, de los enfermosmentales, etc.Es decir, la perspectiva político-criminal del principio de responsabilidad o culpabilidad, se convierte enun desafío en la medida en que sea necesario establecer las garantías indispensables para que elsistema y sus operadores den cuenta, por una parte, de qué han hecho para otorgar a una persona lascondiciones suficientes que le posibiliten la respuesta que se le está exigiendo y, por otra parte, si lascircunstancias en que esa persona se encontraba, a pesar de aquellas condiciones suficientesotorgadas, permitían exigir dicha respuesta. Es por eso por lo que siempre responsabilidad es igual aexigibilidad, esto es, se trata de determinar y, por tanto, garantizar qué es lo que el sistema y susoperadores pueden exigir de una persona. Y no es ello una cuestión de fundamentación absoluta opuramente dogmática, sino de resolver desde las bases mismas de los objetivos de un sistemademocrático.7. Por último, es también principio elemental de un derecho penal democrático, que proviene igualmentedel principio de dignidad de la persona y su autonomía ética, el de la indeminidad personal. Es decir, lasanción que se aplique no puede afectar al ciudadano en la esencia de su persona ni de sus derechos. 5
  • 6. La persona no puede ser instrumentalizada por la sanción ni puede ser medio para fines que (p. 165)vayan más allá de lo que a ella misma concierne, y tampoco se le pueden cercenar de tal modo susderechos que ello implique la jibarización de sus capacidades de desarrollo personal.En tal sentido, en Latinoamérica hay que luchar contra la práctica de sanciones paraestatales que danlugar a una doble ética. Por una parte, constituciones políticas en las cuales se recogen todas lasdeclaraciones de derechos humanos, y por otra una organización de facto, dirigida o apoyada por elEstado, que viola todos estos derechos. Como lo denuncian todos los organismos internacionales, latortura, el desaparecimiento forzado de personas, las ejecuciones sumarias -por citar aquellastrasgresiones más graves-, son frecuentes en muchos de nuestros países. Es este uno de los primerosy apremiantes problemas que debe afrontar una política criminal democrática, con el objeto de garantizarque ello no suceda o no vuelva a suceder.Pero no solo en el ámbito paraestatal hay graves transgresiones al principio de indemnidad personal,sino también en las sanciones propiamente estatales. En ese sentido hay que garantizar que no seaplicará la pena de muerte, ii la de presidio perpetuo ni las penas excesivamente largas de privación delibertad o de privación de derechos, pues todas ellas afectan a la esencia de los derechos de la persona,impidiéndole así su desarrollo. Más aún, aparece hoy criminológicamente comprobado, principalmenteen nuestros países, los efectos despersonalizadores de las penas privativas de libertad. Las penasprivativas de libertad implican una doble violencia. Por una parte por el efecto desintegrador sobre lapersona y, por otra, por ser de carácter discriminatorio, ya que generalmente recaen precisamente sobrepersonas que han tenido graves déficits sociales, así como porque, de ordinario, los reclusos denuestras pertenecen a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. De ahí que haya tenderse aaplicar lo menos posible la pena privativa de libertad y a buscar sustitutivos. o bien alternativas a ella,con el objeto justamente de evitar sus efectos nocivos la persona. Más aún, dada la corresponsabilidaddel Estado, las sanciones han contemplar, cuando el caso lo requiera, formas de apoyo a la persona, afín de en el futuro pueda resolver sus conflictos sociales de un modo diferente del de los hechosdelictivos. La pena o sanción no puede ser simplemente de castigo, sino que tiene que ofreceralternativas diferentes para la solución de los conflictos. Por esta razón las penas pueden ser rígidas ensu mínimo, sino que han de ser abiertas, con el objeto que el juzgador, llegado el caso y de acuerdo conel principio de necesidad de pena, íntimamente ligado al de indemnidad personal, pueda prescindirtambién de ella.El principio de necesidad de la pena ha de regir todo el sistema penal, ya sde la persecución policial,puesto que a menudo, por ejemplo, en hechos de oca monta la detención de un joven puede sersumamente perjudicial, cuando ¡en bastaría con llamar a la familia, al asistente social respectivo o aleducador. En el mismo sentido, el proceso penal también ha de verse influido por la necesidad e la penay, por tanto, en gran cantidad de delitos puede ser preferible terminar 1 proceso con una conciliación yno con una sentencia condenatoria.Indemnidad personal y necesidad de la pena son un desafío político-criminal en cuanto requieren degarantización en nuestros sistemas, dado el hecho de que la (p. 166) mayoría de las personas aquienes se aplica la pena en nuestros países, como ya hemos dicho, pertenecen a los sectores másdesfavorecidos de la sociedad.En definitiva, perspectiva político-criminal significa determinación de los principios básicos de un derechopenal democrático y dilucidación de su contenido en tanto que desafío político-criminal significa entenderque todo principio es sólo un programa de acción que requiere por ello de sustentación en una realidadconcreta, la nuestra, latinoamericana, con el objeto de establecer, si no algo del derecho penal, comodijera Radbruch, por lo menos un derecho penal humano, de los hombres únicamente y para loshombres. 6

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