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Cuadro II: políticas de empleo según los públicos destinatariosPúblicos objetivo Destinatarios Programas ...
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2. ImpactoPara evaluar el impacto de las políticas de empleo, se utilizan tanto las estadísticassobre la evolución de los ...
• Las ocupaciones desempeñadas por quienes adhirieron al SCyE fueron de baja calificación. El 42,5% desempeñó tareas ...
Acciones de Formación Continua• Entre Mayo de 2003 y Diciembre de 2010, 1.022.444 personas participaron de actividades ...
• En Febrero de 2010, sólo el 12,3% de los beneficiarios de Programas con transferencia directa era titular del Progr...
trabajadores informales pueden ser tanto empleadores, trabajadores por cuentapropia o asalariados y se encuentran no sólo ...
servicio doméstico. Las mismas consisten en la posibilidad (por parte del empleador)de deducir del impuesto a las ganancia...
blanqueo (Ley N° 24.476). Por último, en relación a medidas directas dirigidas amejorar los ingresos y el consumo, se dest...
Cuadro IV: Programa Jefes de Hogar, Programas Nacionales de Empleo (PEC y otros), Seguro de Capacitación y Empleo yJóvenes...
Cuadro V. Empleo por sector – II 2009 Agricultura, ganadería Minería y Electricidad,Pr...
Cuadro VI. Empleo asalariado registrado en el Sistema Integrado deJubilaciones y Pensiones - Público y Privado. Promedios ...
Cuadro VII. Empleo asalariado registrado - Privado - Grandes divisiones - Promedios anuales ...
Políticas Activas de Empleo. Argentina 2003-2010
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Políticas Activas de Empleo. Argentina 2003-2010

El presente informe analiza las políticas activas de empleo implementadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) en Argentina durante el período 2003-2010. Su objetivo es sistematizar las mismas y reconocer los fundamentos teóricos y prácticos sobre los que se ha basado la experiencia, evaluar sus alcances e indicar desafíos abiertos.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Políticas Activas de Empleo. Argentina 2003-2010

  • 1. INFORME DE CONSULTORIA OIT 2010MÁS Y MEJOR TRABAJO PARA TODOS(Del Programa Jefes de Hogar al Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo)“Políticas Activas de Empleo. Argentina 2003-2010”.Sistematización y análisis integradoOscar MadoeryDiciembre de 2010 1
  • 2. ÍndiceResumenIntroducciónCapítulo I: Los contextos. Argentina en la primera década del Siglo XXICapítulo II: Las políticas de empleo. Lineamientos e impacto1. Lineamientos 1.1. Objetivos de las acciones y públicos destinatarios2. Impacto 2.1. Evolución de los indicadoresCapítulo III: Análisis de la experiencia 1. La centralidad del trabajo 2. La adaptabilidad a los contextos 3. La institucionalidad de la política 4. La empleabilidad de las personas 5. La territorialidad de la estrategiaCapítulo IV: Los desafíos abiertosConclusiones y recomendacionesAnexo: Políticas y programasBibliografía 2
  • 3. ResumenEl presente informe analiza las políticas activas de empleo implementadas por elMinisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) en Argentina durante elperíodo 2003-2010. Su objetivo es sistematizar las mismas y reconocer losfundamentos teóricos y prácticos sobre los que se ha basado la experiencia,evaluar sus alcances e indicar desafíos abiertos.La experiencia presenta logros significativos: su adecuada concepción; el altoimpacto alcanzado tanto sobre las poblaciones destinatarias y los diversos criteriosde articulación de políticas utilizados: combinación de iniciativas pasivas y activasde empleo, de estrategias sectoriales y territoriales, de programas universales yfocales, de formación en competencias básicas y específicas, coordinación conactores públicos y privados. Los perfiles más débiles de la experiencia se encuentranen problemas de articulación entre niveles de la administración; en carencias encuanto a adecuadas capacidades de gestión central y territorial y en la falta deadecuada institucionalización de la política, de modo de garantizar su continuidady perfeccionamiento en el tiempo.Hoy, luego de varios años de crecimiento económico sostenido y generación depuestos de trabajo, la Argentina se encuentra en un momento clave para laconsolidación de un proyecto de desarrollo nacional inclusivo y sustentable.El informe señala algunos retos que se le presentan al gobierno nacional en generaly al MTEySS en particular, para garantizar ese objetivo y ofrece una serie delineamientos de acción propios de una política de estado que encuentra en eltrabajo decente y dignificante el principal eje articulador de las relaciones sociales. 3
  • 4. IntroducciónArgentina ha recorrido un camino importante en la aplicación de políticas activasde empleo. A partir de inéditos índices de desocupación que superaron el 20 % enel año 2002, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), edificó unapolítica de emergencia social que giró en torno al Programa Jefas y Jefes de HogarDesocupados (PJJHD). La recuperación económica post-convertibilidad y laposterior fase de crecimiento sostenido de la economía argentina, ofrecieron uncontexto que permitió al MTEySS modificar el perfil de sus políticas y atacar causasestructurales del desempleo.Durante el período 2003-2010, las políticas orientadas a fomentar el empleo y lacohesión social han adquirido diferentes características, como incentivossectoriales; políticas asistencialistas y mecanismos de ayuda económica a sectoresvulnerables; actuación sobre públicos específicos como los jóvenes, con programasde igualdad de oportunidades y de fomento a la empleabilidad y elemprendedorismo; formación profesional y capacitación en oficios; transferenciasde responsabilidades y recursos a colectivos sociales determinados; adecuación delos marcos legales que regulan los mercados de trabajo; así como mejoras en lascapacidades institucionales del propio ministerio; creación de oficinas deintermediación laboral; apertura de espacios de diálogo y concertación entregobierno y sectores de la producción y el trabajo para mejorar las relacioneslaborales y la calidad del empleo.Todas estas medidas han tenido desempeños diversos y generan aprendizajes a sertenidos en cuenta para enfrentar escenarios de crisis y post-crisis económica yensayar anticipaciones prospectivas. Pero los tiempos presentes marcan el fin delPJJHD y, con ello, la necesidad de reflexionar acerca de los alcances y los límites dela experiencia y anticipar tendencias futuras en el empleo.El informe reflexiona sobre las políticas activas de empleo en Argentina durante elperíodo 2003-2010, con el objetivo de sistematizar y analizar de manera integradalas mismas y conocer, desde los propios actores centrales, el proceso desarrolladoque va del Plan Jefes y Jefas de Hogar al Programa Jóvenes con Más y MejorTrabajo.Específicamente, se trata de reconocer los fundamentos teóricos y prácticos sobrelos que se ha basado la experiencia, evaluar sus alcances e indicar desafíos abiertospara la consolidación de una política de Estado que encuentra en el trabajo elprincipal eje articulador de las relaciones sociales.El punto de partida es que el gobierno nacional acierta en la definición eimplementación de una política de empleo adecuada a la realidad del país de lapost-convertibilidad, donde las secuelas sociales y laborales fueron muy duras.Luego, va adaptando la política ante los cambios de contexto, aunquemanteniendo aquellos pilares que fueron estructurando la política económica ysocial en general y de empleo en particular: así, en el año 2003 la prioridad fueatender los efectos más inmediatos de la crisis en un escenario de emergenciasocial, transfiriendo ingresos a desocupados. Desde el año 2004 en adelante seproduce una disminución estructural del desempleo y las políticas se enfocaronhacia la calificación y la calidad del empleo, en una estrategia centrada enarticularlas sectorial y territorialmente. A partir del año 2006 se enfatiza el acceso alos servicios de empleo mediante la capacitación. En el período 2008-2009, laprioridad pasa a ser compensar efectos de la crisis internacional, por un lado y engenerar oportunidades de inclusión laboral y social de los jóvenes, por el otro.De este modo, las políticas han ido mutando paulatinamente de un contenidoasistencial-social a uno de inserción laboral y productiva, en una secuenciaacumulativa que implica que en cada etapa se asume un nuevo desafío,manteniendo las actuaciones que se venían desplegando: combinación de 4
  • 5. crecimiento económico más Estado presente; contención social basada enpolíticas universales y puntuales; capacitación como recurso para la reinserciónlaboral al alcance de toda la población económicamente activa y construcción decapital humano vía mejora de la empleabilidad y adquisición de competenciaslaborales; diálogo social como base para recuperar la centralidad del empleo en lasociedad y perspectiva territorial como camino para reconstruir las bases socialesde una nueva política.Hoy, la Argentina se encuentra en un momento clave para la consolidación de unproyecto de desarrollo nacional inclusivo y sustentable. En el plano internacional,superados los efectos más inmediatos de la crisis financiera de 2008-2009, quedanabiertos aún una serie de dilemas económicos, sociales, institucionales, ambientalesy culturales que genera un escenario global cambiante e incierto. Por su parte, en laregión sudamericana, y especialmente en nuestro país, se han abierto una serie dedebates en los que vuelven a confrontar opciones antagónicas de sociedad. Anivel interno, nuestro país ha logrado pasar de una fase de recuperacióneconómica a una de expansión productiva. Y en el plano social, se transita el fin deun período signado por la vigencia del PJJHD y la inauguración de un nuevo ciclocentrado en el derecho a la Asignación Universal por Hijo.¿Qué cambios cualitativos trae aparejado el nuevo escenario en la política empleoactual y futura? ¿Es posible garantizar a futuro la centralidad del trabajo en lasociedad y la centralidad de lo público en las relaciones laborales? ¿Cuál es el roldel Ministerio de Trabajo para ello?Sobre la base de esas preguntas, la investigación utilizó una metodología queincluyó la sistematización de la información disponible acerca de las políticas deempleo implementadas por el MTEySS en el período 2003-2010, el análisis debibliografía pertinente y la realización de entrevistas personales en profundidad auna serie de funcionarios1.El informe se estructura de la siguiente manera: el primer capítulo analiza loscontextos sociales, económicos, institucionales por los que ha atravesado laArgentina en la última década: la salida de la convertibilidad, el ciclo derecuperación económica y expansión productiva, la crisis financiera internacional yel actual período postcrisis, remarcando específicamente los impactos laboralesque han tenido.El segundo capítulo es descriptivo y hace foco en las políticas de empleo que elMinisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación ha implementado enel período 2003-2010; se describen las diferentes iniciativas diseñadas como políticasy programas, se las clasifica en función de los criterios que las guían y de los públicoshacia quienes están dirigidas y se dimensiona su impacto.El tercer capítulo es analítico, y evalúa los alcances y limitaciones que las políticasde empleo han tenido en función de sus objetivos. El estudio se estructura en torno acinco aspectos salientes que contiene la experiencia y que representan susfortalezas y debilidades. Ellos han sido elegidos sobre la base de un criterioanalítico, no taxativo: el énfasis permanente en la centralidad del trabajo, porrepresentar un cambio profundo respecto a la situación heredada y por superfeccionamiento a través de saltos cualitativos; la adaptabilidad de las medidasde gobierno a los diferentes momentos, que otorgaron un amplio impacto de las1 Fueron entrevistados el Ministro de Trabajo de la Nación, Dr. Carlos Tomada, el Secretario de EmpleoLic. Adolfo Enrique Deibe, la Subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales Lic. MartaNovick, el Subsecretario de Políticas de Empleo y Formación Profesional Lic. Matías Barroetaveña, laDirectora Nacional de Orientación y Formación Profesional Lic. Marta Susana Barasatian, la DirectoraNacional del Servicio Federal de Empleo Lic. Eva Raskovsky, el Director Nacional de Promoción delEmpleo Lic. Luis Castillo Marín, la Directora de Servicios de Empleo Lic. Margarita Laría, y la Directora eFortalecimiento Institucional Lic. Mónica Sladogna. 5
  • 6. políticas y programas, al tiempo que refuerzan la necesidad de innovaciónpermanente en temas de prospectiva económica y laboral; el énfasis en lainstitucionalidad de la política y la necesidad de mejorar las capacidades degestión y coordinación multi-nivel y multi-sector en torno al diálogo social; laempleabilidad como el intento por recuperar la correspondencia entre criterios deinclusión, trabajo y educación y colocar a la formación continua como ejeestructurante de la estrategia a futuro; y el rasgo de territorialidad como uno de losperfiles más destacados de la experiencia, porque ha permitido ampliar su alcancey dejar al descubierto falencias operativas.El cuarto capítulo es propositivo y aborda los desafíos pendientes ante un nuevoescenario económico y social. Se rescata el valor de lo hecho en términos de unapolítica situada, esto es, adecuada a la situación laboral y social concreta de laArgentina del siglo XXI, pensada desde una concepción integral, que ha alcanzadoun alto impacto social y ha recuperado centralidad pública en cuestioneslaborales.Lo que está ocurriendo en la Argentina es que a través de la combinación depolíticas económicas, sociales y laborales, se ha ido perfilando un nuevo proyectode desarrollo, que revierte los pilares de la sociedad de mercado vigente en lasúltimas décadas del siglo XX y los primeros dos años del siglo XXI. Un nuevo proyectoque otorga primacía a lo público como valor y lo político como ámbito detransformación, que construye un “nosotros”, esto es un sesgo de identidad social enla medida que reinstala cuestiones pendientes en la agenda del desarrollonacional: la integración regional, la inclusión social, la cultura del trabajo, ladiversificación productiva, la soberanía alimentaria, el federalismo.De este modo se recupera paulatinamente el valor del trabajo como principalargumento de inclusión social y dignidad de las personas. El trabajo es inclusiónporque (re)inserta al hombre en la sociedad, le da su lugar de protagonismo; y eltrabajo también es aprendizaje, de un oficio, pero también de un modo deconvivencia y de una forma de construcción social.Es que el más profundo deterioro social que provocaron los modelos anterioresbasados en la primacía del mercado y la privatización de lo público, fue el dehacer desaparecer la posibilidad del sujeto trabajador, de descubrir su libertad através de su trabajo (que siempre es creación, proyección), así como la posibilidadde transformar la realidad a través de su praxis. En otras palabras, el mayor sesgodel proceso anterior estuvo dado en que sentó condiciones estructurales,institucionales y culturales que impedían el cambio social. Y esto, a los ojos de losintereses que aquél modelo defendía y resguardaba, debe ser leído como un triunfoy no como un fracaso.Hoy se empieza a recuperar lo mejor de las tradiciones de inclusión y expansión decapacidades humanas de nuestra historia. Esto es comprobable en términos decrecimiento económico, de generación de empleo, de empleo registrado, deachicamiento de la brecha social, de políticas orientadas a los núcleos más durosde la exclusión y la indigencia.Sin embargo, es mucho lo que aún falta hacer en términos sociales y laborales, yaque persiste una marcada informalidad en el empleo, dificultades de empleabilidadde trabajadores que han perdido capacidad profesional, persistencia de bolsonesde exclusión y brechas de bienestar entre diferentes sectores sociales. Y ello esevidente no sólo en términos comparativos con otras sociedades más integradas ycohesivas sino, fundamentalmente, en términos de la memoria histórica de un paísque supo afrontar y resolver tempranamente estos desafíos. Lo que un proyecto depaís construyó, otro proyecto destruyó. 6
  • 7. La hipótesis es que la consolidación de una política de estado basada en el trabajodecente y el empleo como factor de dignificación social, requiere profundizaraspectos de interpretación y perfiles de acción: por un lado consolidar unfundamento conceptual que otorgue primacía a la política y lo público, porque eltrabajo decente y la equidad social no son responsabilidades de mercado sino deun Estado convertido en espacio articulador de las relaciones sociales y principio detransformación social. Por otro lado, una mayor complejidad en las prácticas,apuntalando la experiencia en un estado activo y apoyado en amplios sectores dela sociedad, con mayor articulación vertical entre niveles de la administraciónpública y con mejor articulación horizontal, con actores del mercado y la sociedad,de manera de otorgar sustentabilidad a la estrategia, marcos normativosadecuados, estructuras burocráticas competentes y procesos consolidados decalidad en la gestión.Las conclusiones del informe repasan los pilares de la experiencia y destacan losaprendizajes adquiridos en función del camino recorrido y formulanrecomendaciones para responder a los interrogantes que aún permanecenabiertos.El anexo contiene un mayor detalle de las políticas y programas.Finalmente, se lista la bibliografía a la que se ha recurrido en la investigación. 7
  • 8. Capítulo I: Los contextos. Argentina en la primera década del Siglo XXIArgentina inicia el siglo XXI de un modo turbulento, con una crisis económica deuna profundidad inédita en nuestra historia y una situación social desesperante.Institucionalmente, la democracia estaba sometida a una prueba estabilidad yfortaleza. En la base de toda esa situación, lo que estaba colapsando era unmodelo de fundamentalismo del capital y sociedad de exclusión.Es que el proceso de cambio estructural iniciado en Argentina a mediados de ladécada del setenta y profundizado en los años noventa, había configurado unorden social cuyo patrón de acumulación y distribución establecía la primacía dela lógica económico-financiera como eje ordenador de las relaciones económicas,una matriz de organización institucional construida sobre el cuestionamiento ydebilitamiento de la autoridad política del estado y la desvirtuación de sus roles yuna modalidad de acción política que reflejaba la pérdida del sentido ético ysocial de la vida pública. Ello transformó sustancialmente el papel de la produccióny el empleo en la dinámica de la economía y en la estructuración de la sociedad,así como el rol histórico del sector público como promotor del desarrollo.En el plano económico, el ajuste estructural significó la adopción de mecanismos deanulación de Estado y de pérdida de soberanías instrumentales: la desregulaciónrepresentó una pérdida de capacidad de control público de sectores económicosy empresas; las privatizaciones, una pérdida de instrumentos públicos deproducción y circulación de bienes y servicios; con la política tributaria se perdiócapacidad de intervención anti-cíclica en la economía; la política financieradesregulada incentivó la fuga de capitales, la volatilidad de los depósitos y elaumento del riesgo país; la política previsional privatizada representó un fuertedesfinanciamiento del sector público y la política de endeudamiento favoreció elenriquecimiento de los grupos más concentrados de la economía.Asimismo, la retirada de la presencia activa del estado en la economía generófuertes desequilibrios sociales y territoriales. Se debilitó aquel rol fundacional delestado-nación como compensador de asimetrías y progresivamente se debilitó supapel distribuidor que se había consolidado desde mediados del siglo XX. Loscambios en la estructura productiva se tradujeron en una fuerte concentración ycentralización de actividades económicas y en la pérdida de peso relativo deaquellos sectores de empresas que, en principio, presentaban una fuertevinculación con los territorios sub-nacionales donde desplegaban su actividad ygeneraban empleo, como las pymes de propiedad y gestión familiar, y las empresaspúblicas nacionales.Las consecuencias estuvieron a la vista a comienzos del siglo XXI: elestrangulamiento de la capacidad de pago devino en default; con la política deajustes recurrentes se favoreció la recesión; la política financiera descontroladadevino en el “corralito”; la estructura impositiva operó a favor de la concentracióndel capital. La devaluación - pesificación significó, como shock inicial, un cambiode precios relativos sin los reaseguros redistributivos, compensadores quecontribuyeron a aumentar la brecha social.También el período se caracterizó por la retirada del Estado-nación de los territoriosinteriores, a través de las privatizaciones de empresas públicas y la eliminación deentes reguladores de actividades económicas regionales; la transferencia ydesconcentración de actividades públicas centrales hacia las provincias y una“fuga” de empleo público del estado nacional hacia los estados provinciales; y laconsolidación de uno de los índices de correspondencia fiscal más bajos delmundo. De este modo, los escenarios territoriales emergentes a partir de los añosnoventa, se gestaron por el creciente protagonismo del capital privado en losprocesos de acumulación, en detrimento del actor público y conformaron circuitosproductivos en los territorios locales cuya dinámica fundamental no necesariamente 8
  • 9. era generada internamente, sino proveniente de la dinámica general defuncionamiento del sistema económico-social, tanto a nivel nacional comointernacional.El clima de época revirtió los fundamentos subjetivos de la acción colectiva, con lapérdida del sentido ético y social de la vida pública. El rol protagónico del mercadoimpuso una consideración de los individuos como consumidores volcados al ámbitoprivado, antes que como ciudadanos y los propios lazos de solidaridad social sedebilitaron. La exclusión social, por su parte, produjo un cambio desde unasociedad cohesiva hacia un modelo de fragmentación, aislamiento y pobreza. Lacreciente polarización social fue forjando una sociedad mucho más segregada ydesigual.La Argentina mostró en aquél período flaqueza de lo público como valor; unaimportante crisis sociocultural y la desintegración de vínculos entre ciudadanía yderechos sociales, traducida en la debilidad de producir acuerdos, normascolectivas que organicen el comportamiento y, particularmente, que permitan laformación de organizaciones que promuevan intereses generales.Las consecuencias laborales de todo ese proceso fueron tremendas, con incidenciadirecta y negativa sobre el empleo y con fuerte deterioro incremento en el gradode heterogeneidad estructural de la sociedad. Las reformas estructurales de losaños noventa provocaron un incremento de la desocupación abierta y laprecariedad del empleo, así como un evidente aumento de dificultadesdistributivas. Y al generalizarse políticas de desregulación y de flexibilización laboral,se produjo un notable incremento de la economía informal y de la economía desubsistencia en un contexto de marcada exclusión social y falta de equidad.Se había producido un cambio cualitativo en las formas de organización social dela producción, donde el trabajo dejaba de ser funcional al proceso deacumulación de capital, al menos en los segmentos más dinámicos de laeconomía. Y el estado argentino dejaba de ser el espacio de realización social, aldesvincularse de la responsabilidad directa por la cantidad y la calidad del empleogenerado en el país, y al carecer de cobertura y contención para amplios sectoresde la sociedad que quedaban fuera de su alcance.Ello revertía los pilares del orden social que se había iniciado a mediados de ladécada del cuarenta y que se había extendido hasta mediados de los añossetenta, caracterizado por la industrialización interna y la sustitución deimportaciones, la integración de los sectores populares en el sistema político y laredistribución de ingresos. La acción estatal, por entonces, iba más allá de lacorrección de las llamadas fallas de mercado y buscaba la aceleración delproceso de crecimiento e industrialización. Para ello, el tema fundamental erasuperar la fragilidad externa de las economías (provocada por los ciclos definanciamiento, los cambios en los precios de los productos exportables, laestructura rentística de tenencia de la tierra, las transferencias de utilidades alexterior, etc.). De este modo, el sector público era clave en la movilización delahorro y como motor de la inversión, ya que tenía la necesidad de generarsuperávit públicos, a través de la captación de rentas monopólicas por parte de lasempresas públicas, la utilización del ahorro corriente derivado de la provisión deservicios públicos, los fondos de seguridad social y la captación del ahorro externo(Carciofi, 1997). En aquél contexto, el empleo operaba como un factor funcional alproceso de desarrollo, ya que garantizaba la mano de obra necesaria para laindustrialización y el consumo que motorizaba la inversión y la producción. Además,representaba, junto con la educación, el principal mecanismo de ascenso social yde dignificación personal.Pero poco o nada de eso quedaba en pie al inicio del siglo XXI, ya que una seriede cambios significativos se habían producido en las relaciones laborales: una 9
  • 10. menor demanda de trabajo en las actividades formales, el crecimiento del empleono asalariado como proporción de la ocupación total, el aumento del sectorinformal, del subempleo visible, del empleo asalariado no registrado y de laduración media del desempleo, así como una elevada inestabilidad ocupacional.También se redujeron las remuneraciones, la productividad del trabajo y se produjouna pérdida de capital humano específico, en cuanto a calificaciones ycompetencias. Algunos indicadores cuantitativos eran elocuentes: entre 1991 y 2001el empleo total había crecido al 0,6% anual, un tercio del ritmo de aumento de lapoblación activa, y la ocupación de tiempo completo había caído un 9 % en esos10 años (Beccaria, 2007). En el marco de los indicadores de "trabajo decente"(Empleo, Ingresos, Protección Social), la situación empeoró a lo largo de la década.La calidad del empleo, medida por el crecimiento del sector informal y por laprecariedad de la relación entre oferta y demanda de trabajo, se convirtió en elespejo de la evolución macroeconómica (Notaro, 2005)2.La salida de la convertibilidad elevó el índice de pobreza del 37,8% de las personas(octubre de 2001) al 52,3% (mayo de 2002) y a mediados de 2002 el desempleoabierto había trepado al 21,5% y el subempleo visible al 18,6%. En ese escenario, sóloel 44% de los trabajadores eran asalariados registrados (Beccaria, 2007).A partir de 2003, se inicia un nuevo ciclo que revierte la lógica del ajuste estructuralde la economía y la sociedad argentina. Las bases iniciales del nuevo modeloestuvieron dadas por un tipo de cambio alto, la preeminencia de actividadesbasadas principalmente en la explotación de recursos naturales y en la exportaciónde productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. Asimismo, seproduce una fuerte recuperación de la actividad industrial que sustituyeimportaciones de la mano de la utilización de la capacidad instalada y, en menormedida, de nuevas inversiones.El nuevo ciclo expansivo de la economía permitió una significativa recuperación delempleo, con tasas elevadas de ocupación. La evolución del empleo y de lasremuneraciones indujo a una importante reducción de los índices de pobreza eindigencia y la elasticidad empleo-producto promedio en estos años alcanzóniveles altos que no se habían dado en otras fases expansivas (Kosacoff y otros,2007). El cambio de ciclo permitió la re-dinamización de actividades productivascapital intensivo y actividades mano de obra intensiva, aunque con dosis duraderasde informalidad en el empleo generado y dificultades de empleabilidad detrabajadores que habían perdido capacidad profesional. Además, el proceso se2 Esta cada vez más desigual distribución de los ingresos impactaba en el déficit fiscal por ellado de la baja recaudación impositiva. Es que los sectores de ingresos altos y concentradostenían capacidad de "eludir" la presión impositiva a través de la utilización de regímenesespeciales de desgravación y, algunos sofisticados, de diferimiento impositivo que tuvieronpermitido, o mediante la remisión de utilidades al exterior y, eventualmente, su regreso alpaís por medio de aplicaciones financieras y bursátiles exentas de impuestos. Por su parte,los sectores más castigados por la recesión/depresión reinante pagaban impuestos noeludibles, como el IVA o los aportes sociales (si son asalariados), y los sectores de ingresosmedios, como los profesionales o las empresas medianas, quedaron en el límite de lasposibilidades de cumplimiento para su supervivencia como empresa o entidad productiva(Basualdo, 2000). Y el déficit fiscal, a su vez, potenciaba la desigualdad de ingreso yobligaba a ajustes permanentes que operaban sobre la economía interna en la forma dereducción de salarios y menores jubilaciones. También a través de nuevas imposicionessobre los bienes que se consumen y que son fácilmente recaudables. Se creaba así uncírculo vicioso, con efecto "concentrador adicional", que producía una pérdida de ingresosde la clase media y de los sectores bajos respecto del nivel superior de ingresos y de losbajos respecto a los sectores medios. 10
  • 11. fue dando con persistencia de bolsones de exclusión y brechas de bienestar entrediferentes sectores sociales.Al principio del período, las políticas de ingresos adoptadas a través de aumentosde suma fija e incrementos del salario mínimo, permitieron reducir las diferenciasentre los ingresos medios de los trabajadores con diferentes calificaciones. Como elpatrón de crecimiento sostenido iniciado en el año 2003 continuó hasta principiosdel 2008, contribuyó de manera significativa a disminuir el desempleo, alcanzandovalores de un dígito. El crecimiento de la economía se mantuvo en parte gracias ala definición de un tipo de cambio competitivo que protegió la produccióndoméstica permitiendo el re-establecimiento de encadenamientos productivos y larecuperación de la capacidad ociosa instalada, la que combinada con mayoresinversiones posibilitaron la expansión del potencial productivo. Este esquema generólas condiciones propicias para que se acelere la creación de puestos de trabajoregistrados, al tiempo que se redefinían las potestades reguladoras y promotoras delEstado.El renovado clima económico, social e institucional permitió una paulatinarecuperación del valor del trabajo y una reducción de la incertidumbre queenfrentaban los empleadores respecto del sostenimiento del proceso económico.También un incipiente proceso de recuperación de la autoestima colectiva queresultaba una plataforma adecuada para la reversión sustantiva de un ciclohistórico de más de dos décadas de decadencia económica, institucional y social.Pero en el año 2008 se produce un cambio de escenario, debido a la crisis que seinicia por el costado financiero pero que, mirada como tendencia de épocaabarca diversos campos de la realidad mundial: es también una crisis energética yclimática, por el creciente cuestionamiento a una matriz productiva derrochadorade recursos no renovables y de alta polución; es social y alimentaria, ya queprácticamente un tercio de la población mundial queda excluida de lascontenciones humanas más elementales. Es de confianza y gobernabilidad, porquecuestiona la sostenibilidad del modelo de consumo imperante. También estecnológica, ya que está enmarcada en el cambio de paradigma de laproducción en masa a la producción flexible.Este nuevo escenario produjo importantes efectos sobre el empleo y los salarios endiferentes países. Sin embargo, en nuestro país, una serie de medidas contra-cíclicaspermitieron atenuar los efectos nocivos y colocaron el sistema económico encondiciones de rápida reacción ante cambios de contexto.Desde el punto de vista conceptual, la actual coyuntura internacional ha servidopara poner en cuestión nuevamente aquella concepción según la cual el mercadomundial sustituye al quehacer político. Si algo ha consagrado el fundamentalismodel capital reinante en las últimas décadas, es la ideología del dominio delmercado mundial, que termina reduciendo la globalización a una dimensiónunidimensional (la económica), y separa la economía de los contextos político-institucionales y socio-culturales donde opera. Lo económico es interpretado comouna variable independiente, prioritaria y anterior al resto de las dimensiones sociales.Sobre esa base se han fundamentado históricamente tanto las creencias en recetaseconómicas universalmente válidas, como enfoques de derrame que entiendenque lo importante es garantizar el funcionamiento económico más allá de susconsecuencias sociales y laborales.Hoy vuelven a percibirse con claridad, particularmente en numerosas experienciassudamericanas, que los desafíos pendientes no son estrictamente de crecimientoeconómico, que es un requisito indispensable para el desarrollo aunque nosuficiente, sino de una praxis política capaz de integrar lo económico, con lo socialy lo laboral, para promover un desarrollo humano que permita el pleno desplieguede las capacidades de las personas y los pueblos. Para ello, es tan importante el 11
  • 12. dinamismo productivo como la cohesión social, la sustentabilidad de los procesos yel fortalecimiento democrático, todo articulado en torno a un proyecto político detransformación.Se trata de sentar las bases para otro desarrollo, donde las condiciones de vidadigna para el conjunto de la población se antepongan a los intereses de quienesquieren rentabilidad económica a cualquier costo. Hay un desafío político abierto,en la disputa entre dos modelos de sociedad (de rentabilidad o de bienestar) y dosmodelos de Estado (ausente o presente). Pero también el reto de consolidar unaidea del trabajo, no como actividad subordinada y funcional a la acumulación yconcentración económica, sino como una actividad creadora que representetanto un ingreso suficiente para el trabajador, como un medio de realizaciónpersonal y colectiva. 12
  • 13. Capítulo II: Las políticas de empleo. Lineamientos e impacto1. LineamientosLas políticas del mercado de trabajo intermedian entre la oferta y la demanda delaboral de diferentes formas. Son pasivas cuando buscan asegurar un ingresomínimo a los trabajadores desempleados o que se encuentran en la búsqueda deempleo. Son activas cuando promueven la inserción de las personas en edad detrabajar en el mercado de trabajo y operan sobre la demanda de trabajo,buscando incrementarla y sobre la oferta, disminuyéndola o redistribuyendo elempleo existente (Programa AREA, 2009). Por su parte, Freyssinet (2007) entiende alas políticas de empleo como el “conjunto de programas públicos que apuntan aanticipar o reducir los desequilibrios en el mercado de trabajo o a volverlossocialmente soportables. Se trata de mejorar los procesos de adaptación entre laoferta y la demanda de trabajo, así como de favorecer la inserción profesional dela población activa potencial”. Para Neffa (2008), las políticas activas de empleoson “…aquellas que con una perspectiva de largo plazo, actuando sobre la oferta yla demanda de fuerza de trabajo, se proponen reducir el desempleo haciendofrente de manera durable a las causas estructurales y generar nuevos empleos…”.En la Argentina, las políticas de empleo fueron interpretadas históricamente dediferente forma, como una bolsa de trabajo que respondía a la lógica decolocación de los trabajadores en el sistema productivo, en los primeros años de larecuperación de la democracia en 1983 y luego, en los años noventa, como unapolítica pública orientada a la flexibilización/desregulación de las relacioneslaborales y al impulso de acciones focalizadas para los desplazados del modeloeconómico. Un rasgo típico de esa época fue la conformación de unidadesejecutoras de programas de empleo con financiamiento internacional, que nogeneraba capacidades estatales de gestión ya que no se basaba en unaburocracia estable sino en equipos de profesionales contratados ad hoc, y losrecursos para tales programas (como el Plan Trabajar que planteaba la creacióndirecta de puestos de trabajo por parte del sector público), se otorgaban bajo lacondición de impulsar las reformas laborales de sesgo neoliberal.Hacia el final de los noventa comenzó a otorgarse mayor importancia a políticasactivas de empleo. Surgieron varios programas de capacitación dirigidos apersonas –especialmente jóvenes– de baja escolarización. También seestablecieron planes de estímulo al empleo privado que tuvieron escasa relevanciae impacto (Beccaria, 2007).En el año 2002 se lanzó el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (PJJHD), unapolítica de emergencia que logró teñir toda la acción de la Secretaría de Empleo,con un sesgo social basado en la transferencia de ingresos a los desocupados.Resultaron elegibles para el PJJHD los jefes o jefas de hogar con hijos de hasta 18años, o discapacitados de cualquier edad, u hogares donde la jefa de hogar ocónyuge se encontrase embarazada. Desde un principio estuvo dirigido, de maneraprioritaria, a los hogares que habían caído en la indigencia. Efectivamente, el 92%de los hogares beneficiarios en septiembre de 2002 tenían ingresos (antes deagregar la transferencia) inferiores a la línea de pobreza mientras que el del 57% noalcanzaba a la línea de indigencia (Beccaria, 2007). Su cobertura se extendió demanera acelerada, convirtiéndose en el programa de transferencia de recursosmás extenso conocido hasta el momento.En ese tiempo, comenzaron a consolidarse políticas activas de empleo,conformando diferentes programas y planes orientados a la generación decondiciones para crear empleo de calidad y mejorar la empleabilidad de lostrabajadores. De este modo, las políticas laborales han girado en torno a la 13
  • 14. capacitación laboral, la negociación colectiva y el diálogo social, la inspecciónlaboral y la redistribución del ingreso a través del aumento de salarios y jubilaciones. Todo ello, en un contexto económico de crecimiento con homogeneidad sectorial,que tuvo al tipo de cambio como variable de la política pro desarrollo, unademanda sostenida de empleo y un aumento de productividad laboral (Curia,2007).Contrario a aquella tradicional visión neoliberal de la economía, que atribuía el rolde coordinación al mercado y entendía que el crecimiento económico sostenidogenera impactos sociales positivos, el MTEySS optó por una postura que otorgabaimportancia al marco institucional y la política pública. “Las instituciones determinanla coordinación y la regulación entre las distintas áreas y son el resultado…deelecciones sociopolíticas. Las complementariedades existentes entre las institucionespermiten caracterizar distintas configuraciones, las que dan cuenta del modo por elcual estas instituciones interactúan, a la vez que se destaca la importancia quetienen las que se encuentran ubicadas en lo alto de la jerarquía para la dinámicade la arquitectura institucional, pues estas representan el núcleo del compromisosocial y político. De ese modo, es posible defender la existencia de diferentesmodos de producción, los que derivan en distintos senderos de crecimiento ymodelos de desarrollo, y en diferentes organizaciones sociales y políticas”3.Para losautores, este enfoque permite comprender la importancia de la participación delMTEySS en el debate sobre las decisiones de política de las diferentes áreas degobierno, fomentando la coordinación de acciones públicas, buscando que lageneración de empleo de calidad y el alivio de la pobreza, para alcanzar uncrecimiento económico con inclusión social.La política MTEySS desde 2003 ha girado en torno a una idea de estado presentepara atender los temas atinentes al empleo. Y esa política se estructuró en torno atres ejes centrales: la política de ingresos, el fortalecimiento de las instituciones detrabajo y la política de empleo.Con la política de ingresos el estado volvió a intervenir en la determinación de losniveles salariales. Salario mínimo, negociación colectiva, política previsional, sonalgunos ejemplos de políticas orientadas a estimular la demanda efectiva yprovocar incrementos de producción, inversión, cerrando un círculo virtuoso con lacreación de nuevos puestos de trabajo.De este modo, dentro de los cambios producidos en el Sistema Previsional sedestaca a partir del año 2005 la ampliación de la cobertura del sistema dejubilaciones y pensiones, dando la posibilidad de jubilarse a personas que nocontaban con la cantidad de años de aportes reglamentarios. Asimismo, a fines delaño 2007 se dio fin al régimen de capitalización que formaba parte del SistemaIntegrado de Jubilaciones y Pensiones. Por ende los jubilados por ese sistema (7% delos beneficiarios totales) pasaron a cobrar sus haberes a través del sistema dereparto, único sistema actualmente en vigencia. De esta manera el estado nacionalrecuperó la recaudación de los aportes previsionales de los trabajadores activos.En diciembre de 2008 se promulgó la ley de Regularización Impositiva que establecela posibilidad de que los empleadores deudores de aportes y contribuciones de losbeneficios sociales a los trabajadores se puedan acoger a un régimen deregularización de sus deudas y de exención de intereses, multas y otras sanciones.Asimismo, también estimula la regularización del empleo no registrado a partir de laextinción de la deuda originada en la falta de pago de aportes y contribucionescon destino a los subsistemas de la seguridad social. El Régimen de Crédito Fiscalpermite a las empresas financiar proyectos que fortalezcan las competencias3 Novick y Perrot, Informe Nacional sobre el Impacto social de la Globalización, resumen ejecutivo,op.cit, pág. 13. 14
  • 15. laborales de trabajadores ocupados y desocupados. Asimismo, permite a lasinstituciones de formación profesional la adquisición de equipamiento nuevo. Lasempresas participantes reciben certificados de crédito fiscal que podrán serutilizados para la cancelación de impuestos a las ganancias, ganancia mínimapresunta, impuestos internos e impuesto al valor agregado. Se excluyenexpresamente las obligaciones de la Seguridad Social.El fortalecimiento de las instituciones de trabajo se propuso revertir la erosióninstitucional de décadas anteriores y recuperar la centralidad del estado y de lapolítica en el empleo y la integración social. Entre ellos, la inspección del trabajo,cuya virtual desaparición había provocado una profunda segmentación yprecarización del mercado laboral.La inspección laboral contemplada en el Plan Nacional de Regularización delTrabajo, se ejecuta de manera conjunta entre distintas dependencias del GobiernoNacional y las autoridades laborales de los gobiernos provinciales con intervencióndel Consejo Federal del Trabajo. Su objetivo es combatir el trabajo no registrado;verificar el cumplimiento de las condiciones laborales que garanticen el respeto delos derechos fundamentales del trabajo y la debida protección social; alcanzar unamayor eficiencia en la detección y corrección de los incumplimientos de lanormativa laboral y la seguridad social, lograr la incorporación al sistema deseguridad social de los trabajadores excluidos, lograr que los empleadoresregularicen en forma voluntaria su situación y difundir la problemática derivada delempleo no registrado y los beneficios de su regularización.La recuperación de la negociación colectiva como mecanismo de diálogo yresolución de conflictos, permitió el fortalecimiento y la asistencia técnica a ámbitosde concertación social, tales como la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato yOportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo del Trabajo (CTIO), la ComisiónNacional del Trabajo Agrario (CNTA), los ámbitos de normalización y certificación decompetencias por sectores de actividad y el Consejo Nacional del Empleo, laProductividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil.Adicionalmente, se han llevado adelante distintas actividades destinadas a laerradicación del trabajo infantil, como la creación en julio de 2007 del ProgramaConjunto de apoyo al Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del TrabajoInfantil.La política de empleo, por su parte, se organiza en torno a una batería deprogramas orientados al crecimiento del empleo en general y del formal enparticular; incrementando la masa salarial, vía la reducción del desempleo y lacreación neta de puestos de trabajo.El lanzamiento en 2003 del Plan Integral de Empleo Más y Mejor Trabajo, propusouna estrategia novedosa en la articulación sectorial y territorial de las políticasactivas de empleo. En tal sentido, se diseñaron y ejecutaron un conjunto deherramientas destinadas a fortalecer el entramado institucional conformado por losprincipales actores del mundo de la producción y el trabajo y a brindaroportunidades de mejora de la empleabilidad y de la calidad de la inserciónlaboral de los trabajadores desocupados y ocupados.Los Acuerdos Sectoriales de Calificación, bajo la forma de planes sectoriales,buscaron identificar a aquellos trabajadores con menores niveles de calificación yescasa experiencia laboral y convocar a actores públicos y privados a desarrollaracciones y proyectos orientados a fortalecer su empleabilidad y a apoyar eldesarrollo de sus proyectos ocupacionales.Los Acuerdos Territoriales de Promoción del Empleo son estrategias impulsadas porlos municipios y actores locales, con apoyo del MTEySS y otras áreas del estado,para dar respuesta a los problemas de empleo y a las necesidades de calificaciónde las personas, en el marco de los procesos y oportunidades de desarrollo de un 15
  • 16. territorio determinado. Estas estrategias buscan identificar aquellos sectores deactividad económica y empresas con mayor potencial para la generación deempleo y desarrollar proyectos y acciones, junto con actores territoriales, quepermitan capacitar e incorporar a trabajadores desocupados beneficiarios delPJJHD. Estos Acuerdos esencialmente comprenden la ejecución de propuestasterritoriales para el desarrollo de las economías locales y, a partir de éstas, la puestaen marcha de Oficinas Municipales de Empleo (OE) que dan forma a la RedNacional de Oficinas de Empleo.A inicios del 2006 el MTEySS puso en marcha el Seguro de Capacitación y Empleo(creado en octubre de 2004), para facilitar la reorientación del Plan Jefas y Jefes deHogar Desocupados y permitir mediante la capacitación, el acceso a los serviciosde empleo. Se trata de un seguro de base no contributiva destinado a personasdesocupadas, que implica un incremento de la asignación mensual del PJJHD deun 50 %. El mismo es de dos años de duración y supone su cómputo para la futurajubilación de los beneficiarios.La formación profesional y laboral de los trabajadores, ha sido un eje transversal denumerosas iniciativas, buscando legitimar la competencia laboral como dimensiónbásica del trabajo decente. Para ello, el Ministerio ha impulsado una serie deprogramas e instrumentos integrados que van desde la reconstrucción de losespacios de diálogo social vinculados a la definición de las calificaciones, hasta eldesarrollo de instrumentos para su formación y/o para su reconocimiento ylegitimación sectorial. De ese modo, se han consolidado dispositivos de formaciónprofesional y certificación de competencias en diversos sectores de actividadconsiderados críticos para la política económica: software, metalmecánica,vitivinicultura, construcciones, automotriz, alimentación, naval. Asimismo, se hatrabajado en la vinculación de las políticas de formación profesional con el SistemaNacional de Calidad, para el desarrollo de referenciales para las instituciones y lasoficinas de empleo.En mayo de 2008 fue creado el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo(PJMMT), que comenzó a ser operativo en mayo/junio de 2009. Está dirigido ajóvenes de 18 a 24 años en situación de vulnerabilidad, que representan uncolectivo que enfrenta problemas de empleo y precariedad laboral de mayormagnitud que el de los trabajadores adultos. Sus objetivos son generaroportunidades de inclusión social y laboral de los jóvenes a través de accionesintegradas, brindar información sobre el mercado de trabajo y las calificacionesrequeridas, llevar adelante actividades de orientación profesional para elfortalecimiento de la empleabilidad, permitir retomar estudios primarios osecundarios, superar la brecha digital, realizar cursos de formación profesional,acceder a prácticas en ámbitos laborales y brindar asistencia para el desarrollo demicro emprendimientos.El vehículo elegido para llevar adelante todos estos programas ha sido el diálogosocial, entendido como responsabilidad de los gobiernos democráticos, perotambién de las organizaciones sociales, especialmente los sectores empresario ytrabajador, que buscan promover alianzas estratégicas para el logro de undesarrollo integral e inclusivo. El diálogo incluye discusiones salariales, determinarcómo se distribuye el valor agregado de las compañías, y regular otras condicionescomo la jornada de trabajo, las relaciones laborales y la capacitación de lostrabajadores, entre otras cuestiones. 16
  • 17. 1.1. Objetivos de las acciones y públicos destinatariosLas políticas implementadas desde el 2003 a la fecha por el MTEySS, se puedenclasificar enfatizando el sentido predominante que orienta cada acción y lospúblicos a los que están dirigidas.Cuadro I: políticas de empleo según el sentido de la acciónSentido de la Objetivos específicos Programasacción políticaInclusión social y Incluir social y Jóvenes con más y mejor trabajolaboral de las laboralmente Propuesta de profesionalización delpersonas Servicio Doméstico Programa Inserción laboral en el sector privado Programa inserción laboral en el sector público Programa de inserción laboral, línea promoción del autoempleo Pago único seguro por desempleo Herramientas por trabajo Programa de inserción laboral rural Empleo transitorio en obra pública local Brindar ocupación Programa de empleo comunitario transitoria a Programa de desarrollo del empleo desocupados (con local baja calificación laboral o no)Calificación de las Formar y brindar Jóvenes con más y mejor trabajopersonas prácticas calificantes Actualizar Seguro de capacitación y empleo competencias Régimen de crédito fiscal del MTEySS laborales Capacitar Formación para el trabajo laboralmente Sectorial de calificaciones Normalizar, evaluar y Certificación de competencias certificar laborales competencias laborales Promover prácticas en Presentación de entrenamiento puestos de trabajo para el trabajo en el sector privado Presentación de entrenamiento para el trabajo en el sector públicoAsegurar ingresos Compensar ingresos Programa Interzafra Programa de sostenimiento del empleo de pequeños productores rurales Evitar despidos Programa de sostenimiento del empleo por contingencias climáticas Recibir un seguro por Seguro por desempleo desempleo 17
  • 18. Aumento de Promover calidad en Calidad en la formación profesionalcapacidades de la gestióngestión institucionaly desarrollo local Fortalecer capacidad Fortalecimiento de Instituciones de de gestión de las IFP Formación Profesional Formular e Gobiernos Municipales y Provinciales implementar propuestas de empleo Promover prácticas en Presentación de entrenamiento puestos de trabajo para el trabajo en el sector privado Presentación de entrenamiento para el trabajo en el sector público Fortalecer las Fortalecimiento de entramados economías locales y productivos locales promoción de emprendimientos productivosEste cuadro permite visualizar cómo los diferentes programas, y sus objetivosespecíficos, han dotado de sentidos a la acción política: la inclusión, la calificación,los ingresos mínimos y la institucionalización. En términos de impacto, alcanzan unamplio espectro de lo social-laboral. 18
  • 19. Cuadro II: políticas de empleo según los públicos destinatariosPúblicos objetivo Destinatarios Programas específicosJóvenes Jóvenes de 18 a Programa Jóvenes con más y mejor 24 años trabajoDesocupados y/o Desocupados y Propuesta de profesionalización delbeneficiarios de beneficiarios Servicio Domésticoplanes de empleo PJJHD ó SCyE Desocupados y Seguro de capacitación y empleo beneficiarios Herramientas por trabajo PJJHD Beneficiarios SCyE Programa de inserción laboral, línea promoción del autoempleo Beneficiarios del Empleo transitorio en obra pública PJJHD y SCyE local Desocupados , Programa de Formación para el beneficiarios PJJH trabajo ó SCyE ó Programa de inserción laboral rural Programa jóvenes Beneficiarios PJJH, Programa de Inserción laboral en el SCyE y Programa sector privado empleo Programa de inserción laboral en el comunitario sector público Beneficiarios Prestación entrenamiento para el SCyE, programas trabajo en el sector privado de empleo y Presentación de entrenamiento para seguro por el trabajo en el sector público desempleo Beneficiarios Pago único Seguro por desempleo Seguro por desempleoTrabajadores Trabajadores Programa Sectorial de calificacionesocupados y ocupados y Certificación de competenciasdesocupados desocupados laborales Trabajadores de Programa interzafra temporada registrados Trabajadores Programa de sostenimiento del registrados de empleo por contingencias climáticas empresas agrarias y agroindustriales en zonas donde se declara emergencia agropecuaria Asalariados Seguro por desempleo desocupados incluidos en la Ley de Contrato de Trabajo y Régimen de la Construcción Desocupados Programa de empleo comunitario 19
  • 20. que no perciban Programa de desarrollo del empleo otra prestación, local (de baja calificación laboral mayores de 16 años o mayores de 18 años)Empresas, Pymes, grandes Régimen de crédito fiscal del MTEySSproductores y empresas ytalleres protegidos talleres protegidos de producción Productores Fortalecimiento de los entramados asociados en productivos locales cooperativas, productores individuales y centros de servicios municipales y/o provinciales Pequeños Programa de sostenimiento del productores de empleo de pequeños productores zonas declaradas rurales de emergencia agropecuariaInstituciones de Instituciones de Calidad en la formación profesionalformación Formación Fortalecimiento de instituciones deProfesional Profesional Formación ProfesionalGobiernos Gobiernos Acuerdos territoriales de promociónprovinciales y municipales y del empleomunicipales provinciales Equipos técnicos Fortalecimiento de las capacidades locales de los gobiernos locales Oficinas de Orientación y servicios a postulantes y empleo empleadores Fortalecimiento de OMEEste cuadro destaca cómo los diferentes programas se han dirigido a una gama depúblicos objetivos que demuestran el amplio espectro social de las políticas deempleo. 20
  • 21. 2. ImpactoPara evaluar el impacto de las políticas de empleo, se utilizan tanto las estadísticassobre la evolución de los indicadores económicos y sociales principales, como losinformes mensuales de ejecución y perfil de los adherentes a diciembre de 2010, dela Secretaría de Empleo, Área de Monitoreo, del MTEySS. Se analizan los principalesprogramas.Programa Jefes de Hogar• El máximo de beneficiarios del PJJHD fue de 1.990.735 en mayo de 2003. En diciembre de 2009 eran 353.888 y a febrero de 2010 77.041.• Entre Julio de 2003 y febrero de 2010, 643.411 personas beneficiarias del PJJHD se incorporaron al mercado de trabajo.• El 65,6% de los beneficiarios históricos son mujeres y el 34,4% varones.• Los beneficiarios incorporados al mercado de trabajo son 53,7% mujeres y 43,3% varones.• La edad de los beneficiarios: hasta 25 años 1%, de 26 a 35 años 17%, entre 36 y 45 años 26%, entre 46 y 55 años 35% y más de 55 años 7%.La reducción en el número de beneficiarios se debió principalmente a laincorporación de un número considerable de ellos al empleo registrado, al traspasoa otros planes (principalmente el Programa Familias por la Inclusión Social) yminoritariamente a cuestiones administrativas. Es decir que la reducción de lacobertura se produce paralelamente a una intensa transformación en el contenidoy los objetivos de las políticas orientadas a la población desocupada. Desde lapolítica laboral, dicho cambio implicó el pasaje de una lógica de tipo asistencial aotra dirigida a mejorar la empleabilidad de los desocupados, a través de laarticulación de prestaciones de base contributiva y no contributiva, con el objetivode brindar cobertura tanto a aquellos trabajadores incluidos en el sistema formal dela economía como a los que han quedado fuera del mismo.Seguro de Capacitación y EmpleoEl SCyE fue concebido para aplicar políticas de activación de desocupados abeneficiarios de PJJHD. Son acciones que condicionan los beneficios económicos ala contraprestación laboral.• Desde su lanzamiento en abril de 2006 hasta diciembre de 2010, un total de 288.906 personas fueron cubiertas por el Seguro de Capacitación y Empleo (SCyE)• A diciembre de 2010, 290 municipios se encuentran gestionando el Seguro de Capacitación y Empleo, a través de sus Oficinas de Empleo. A esto se suman 74 organizaciones sociales y 45 organismos públicos.• La tasa de participación femenina entre las personas cubiertas por el SCyE es cercana al 70 % (a febrero de 2010).• Las personas menores de 46 años conforman casi dos tercios de quienes optaron por el SCyE, y el grupo de edad que posee entre 26 y 35 años representa casi una tercera parte de los beneficiarios(a febrero de 2010).• Los niveles educativos de quienes optaron por el SCyE son bajos, puesto que el 75% sólo ha alcanzado un grado igual o inferior al ciclo secundario incompleto.• La mayoría de los adherentes manifestó tener experiencia laboral. Entre los varones, la mayoría realizó actividades vinculadas al sector de la construcción (28,1%) y la producción industrial y artesanal (15,7%). Las mujeres se concentran en el servicio doméstico (23,5%), registrándose una mayor dispersión en otras actividades respecto de los varones.• Entre quienes manifestaron haber tenido alguna ocupación, la tercera parte tiene experiencia laboral en actividades por cuenta propia. 21
  • 22. • Las ocupaciones desempeñadas por quienes adhirieron al SCyE fueron de baja calificación. El 42,5% desempeñó tareas operativas en tanto otro porcentaje similar lo hizo en labores no calificadas en términos técnicos - operativos.• Aproximadamente la mitad de los beneficiarios participó de alguna prestación provista en el marco de convenios entre el Ministerio de Trabajo y los actores sectoriales, provinciales o municipales. Las prestaciones que reúnen la mayor concentración de beneficiarios desde el inicio del SCyE hasta la actualidad son: la participación en cursos de Formación Profesional en diversas especialidades (27,9%), la finalización de estudios primarios y secundarios (26,4%); y la inserción laboral en emprendimientos productivos individuales o asociativos (25,3%).Si el Programa Jefes de Hogar colaboró con la incorporación de los beneficiarios alempleo registrado, el Seguro de Capacitación y Empleo ha permitido mejorar laempleabilidad de las personas desocupadas y su inserción laboral.Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo• Los informes oficiales del MTEySS señalan que entre Junio de 2008 y Diciembre de 2010 adhirieron al Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 173.042 jóvenes de entre 18 y 24 años de edad. Durante el mismo período, 157 Municipios se incorporaron a la operatoria del Programa en 21 Provincias del país.• A Diciembre de 2010, el 40,7% (70.513) de los jóvenes que adhirieron al Programa se encontraban asignados a prestaciones y recibían la ayuda económica. El 17,5% (30.326) estaba a la espera de ser asignados por primera vez a una prestación que origine el pago del beneficio; y el 41,7% restante (72.216) se había desvinculado de las prestaciones que involucran la transferencia de la ayuda económica.• La gran mayoría de los jóvenes adherentes al Programa participó de los talleres de orientación e inducción al mundo del trabajo. Otras prestaciones que concentran la mayor participación de jóvenes, son la inserción en procesos de terminación de estudios básicos o medios, apoyo a la búsqueda de trabajo, y en menor medida el apoyo a la empleabilidad y la integración social.• El 61,1% de los jóvenes cubiertos actualmente por el Programa manifestó no tener experiencia laboral (nunca trabajaron), mientras entre aquellos que sí alguna vez trabajaron, lo hicieron mayoritariamente en actividades de baja calificación.• Más de la mitad de los jóvenes adherentes al Programa son mujeres. La mayoría de las mujeres que tiene alguna experiencia realizó actividades vinculadas al cuidado y atención de personas, la comercialización directa y el servicio doméstico.• Por su parte, los varones tuvieron ocupaciones del sector de la construcción y la producción industrial y artesanal y comercialización directa.• Entre quienes alguna vez trabajaron, a febrero de 2010 sólo el 37% postulaba para las actividades laborales que desarrolló. Las mujeres se postulaban principalmente para la comercialización directa (29,6%), actividades de gestión administrativa (22,5%), cuidado y atención de personas (17,2%) y servicios gastronómicos (18,9%). En tanto los varones preferían en mayor medida actividades laborales ya desempeñadas como tareas en la construcción (34,3%) y producción industrial y artesanal (22,5%).• Una proporción muy importe de jóvenes tiene expectativas de realizar tareas laborales de mayor calificación a la que tuvieron.• La Secretaría de Empleo ofrece las siguientes prestaciones para los jóvenes adherentes a este programa: Formación Profesional, Terminalidad Educativa, Prácticas Calificantes, Inserción Laboral y Autoempleo. De ellas, el autoempleo ha tenido la mayor adhesión. 22
  • 23. Acciones de Formación Continua• Entre Mayo de 2003 y Diciembre de 2010, 1.022.444 personas participaron de actividades de Formación Continua en Programas de la Secretaría de Empleo. Más de la mitad de las asignaciones históricas a capacitación corresponden a actividades de Terminalidad Educativa y el resto a diversos cursos de formación profesional.• Desde el año 2003 hasta Diciembre de 2010, 568.395 personas asistieron a diversos niveles de educación formal en el marco de los convenios celebrados entre el MTEySS y los gobiernos provinciales. El 27,0% (153.417) de esas personas se incorporó durante el año 2009 y un 19,9% durante 2010.• Las modalidades de enseñanza con métodos flexibles para educación de adultos, siguen teniendo relativamente bajos niveles de participación (12,9% semi-presenciales o a distancia en el 2009, 15,8% en el 2010), mientras que los métodos tradicionales concentran aún una importante mayoría de asistentes (87,1% presencial en 2009 y 84,2% en 2010).• Desde el año 2005 se verifica un incremento de la población joven en las actividades de Terminalidad Educativa y una reducción de la participación adulta. El crecimiento del Programa Jóvenes con más y Mejor Trabajo ha acentuado esta tendencia. Los menores de 26 años pasaron de representar el 13,8% en 2005 a 37,8% en el 2008, 60,8% en el 2009 y 73,9% en el 2010. Paralelamente, las personas de entre 26 y 55 años pasaron del 81,6% en el año 2005 al 34,8% en 2009 y al 22,3% en el 2010.• Desde al año 2003 se llevan registradas 275 Normas de competencias laborales. En el marco de esas normas, más de 50.000 personas han sido certificadas en ese período. Las Normas registradas corresponden a 26 sectores. Entre ellos, los sectores con más norma son Metalúrgico, Mecánica del Automotor, Frigorífico y Construcción. En el año 2009 han crecido en participación los sectores Agropecuario-Agroindustrial y el del Petróleo y en el 2010 el sector Frutihortícola.• El 41,7% de las personas certificadas lo hicieron en el marco de normas correspondientes al sector de la construcción. En segundo lugar aparece el sector frigorífico (13,4% de las personas certificadas) y en tercer término el de mecánica del automotor (7,1%).• Del total de personas involucradas en acciones terminalidad educativa, el 11,8% corresponde a alfabetización, el 33% a educación primaria, el 50,1% a secundaria, el 3,4% a superior (terciario y universitario) y no hay datos para un 1,7% (datos a febrero de 2010).En síntesis, se fortaleció la Red de Instituciones de Formación Continua a través deldesarrollo de Planes de Mejora; la transferencia de tecnologías y capacitación derecursos humanos; y procesos de certificación de calidad de gestión segúnReferencial MTEySS – IRAM. Se desarrollaron acciones destinadas a monitorearprocesos de normalización de competencias laborales, evaluación y certificaciónde trabajadores y su inclusión en procesos de terminación de estudios primarios y/osecundarios y en cursos de Formación Profesional. Se desarrollaron acciones desostenimiento del empleo, de inserción laboral asistida, de entrenamiento para eltrabajo en el sector público y privado y de inserción en el autoempleo.Programas y acciones de empleo de transferencia directa• En Febrero de 2010, la cantidad de personas cubiertas con Programas y acciones que involucran la transferencia de una prestación en dinero, ascendía a 627.140, cifra que se ubica en el 28,9% de los niveles de Junio de 2003.• En relación a Junio del año 2003, todas las provincias disminuyeron la cantidad de beneficiarios. 23
  • 24. • En Febrero de 2010, sólo el 12,3% de los beneficiarios de Programas con transferencia directa era titular del Programa Jefes de Hogar, mientras que el 87,7% restante se distribuía entre el Seguro de Capacitación y Empleo, el Programa de Empleo Comunitario, el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, y otras acciones de promoción del empleo.• En Febrero de 2010, 393.511 beneficiarios participaban en proyectos del Programa de Empleo Comunitario, Programa de Recuperación Productiva, Interzafra y otras acciones de empleo, representando para el total país una disminución del 2,2% respecto de igual mes del año anterior y un incremento del 105,5% en relación a Junio de 2003.Red de Servicios Públicos de EmpleoSe consolidó la Red de Servicios Públicos de Empleo, creando y/o fortaleciendoOficinas de Empleo Municipales. A fines de 2010, la cantidad de OficinasMunicipales de Empleo creadas en todo el país es superior a 300.Cuadro III: Oficinas de Empleo por Provincias (datos a diciembre de 2010)Provincia FortalecidasBuenos Aires 73Ciudad de Buenos Aires 1Catamarca 13Chaco 12Chubut 5Córdoba 24Corrientes 10Entre Ríos 18Formosa 12Jujuy 11La Pampa 8La Rioja 7Mendoza 15Misiones 15Neuquén 5Río Negro 7Salta 9San Juan 19San Luis 2Santa Cruz 3Santa Fe 45Santiago del Estero 5Tierra del Fuego 2Tucumán 20TOTAL 341La lucha contra la informalidadUn aspecto particular a evaluar es lo ocurrido con los sectores informales de laeconomía y la sociedad. La informalidad laboral es un fenómeno heterogéneo ycomplejo, que afecta a una proporción significativa de los trabajadores4. Los4 Los datos son extraídos del informe La informalidad laboral bajo la lupa. Una realidad heterogénea.MTEySS, 2009. 24
  • 25. trabajadores informales pueden ser tanto empleadores, trabajadores por cuentapropia o asalariados y se encuentran no sólo en unidades productivas informales,sino también en unidades productivas formales y en hogares particulares. Estaheterogeneidad de situaciones significó que las políticas orientadas a reducir lainformalidad tuviesen una especificidad que reconozca las diferencias existentes.La política encarada por el gobierno para la lucha contra la informalidad fuearticulando planes y programas de distintos ministerios, considerando estos gruposbajo un principio común: la generación de empleo decente como medio para laerradicación del trabajo informal y la inclusión social. a) Asalariados informales en unidades productivas formalesSe trata de aquellos asalariados contratados al margen de la normativa laboral, porempresas con cierta capacidad económica, lo que les permitiría, en principio,regularizar la relación laboral. Se estima que un 30% de los trabajadores informalesestán ocupados en unidades productivas formales. Para este grupo se destacan lassiguientes acciones ejecutadas desde el Estado Nacional:• el Plan Nacional de Regularización del Trabajo que tiene el objetivo de alcanzar cada vez mayores niveles de registro laboral, apuntado a detectar el trabajo no registrado, el parcialmente registrado, las formas atípicas y encubiertas de relación laboral y la subcontratación “elusiva”. En los últimos años se han inspeccionado a nivel nacional más de 400000 empresas y fiscalizado la situación registral de casi 1,3 millones de trabajadores, logrando que un porcentaje relevante de estos establecimientos registren a sus empleados.• El Programa de simplificación registral habilita un nuevo esquema de registración que propone un procedimiento único que facilita la inscripción de los trabajadores, la identificación de los empleadores y la fiscalización sobre el cumplimiento de la normativa vigente, allanando el camino para reducir el trabajo informal.• La normativa establecida para las PyME (Ley Nº 25.877) prevé un descuento de sus contribuciones patronales a la seguridad social por el término de 12 meses, por cada trabajador que incorpore. La reducción consiste en una exención parcial de las contribuciones al sistema de la seguridad social, equivalente a un tercio de las contribuciones vigentes. b) Trabajadores informales en unidades productivas informalesSe trata de aquellos trabajadores que desempeñan sus actividades en unidadesproductivas informales, es decir, al margen de toda normativa que regula suactividad. Se estima que se trata de asalariados y trabajadores independientes queascienden al 44% del total del trabajo informal.Para el tratamiento de este grupo el gobierno desarrolla una serie de medidas quepriorizan dos dimensiones: la inclusión social y el desarrollo productivo y regional. Eneste contexto, cobran sentido programas como el Monotributo social, el Seguro deCapacitación y Empleo y los diversos planes de desarrollo económico quecontemplan acciones de apoyo a emprendedores y empresas jóvenes, promociónde clusters y redes productivas con impacto en el desarrollo regional, agencias dedesarrollo productivo, programas de crédito para MIPyMEs y otros que, en conjunto,tienden a orientar y apuntalar el desarrollo productivo y la generación de empleode calidad. c) Asalariados informales en hogares particularesCasi un 20% del trabajo informal se concentra en hogares particulares, siendo en sumayoría mujeres dedicadas al servicio doméstico. El gobierno impulsó medidasespecíficas que tienden a regularizar la situación laboral de las trabajadoras del 25
  • 26. servicio doméstico. Las mismas consisten en la posibilidad (por parte del empleador)de deducir del impuesto a las ganancias el salario y las cargas socialescorrespondientes, la simplificación del sistema de registro y pago de aportes y ellanzamiento de una intensa campaña mediática con el objetivo de promover laimportancia de la registración laboral.Durante la vigencia del régimen de convertibilidad la generación de empleo secanalizó mayoritariamente a través del crecimiento del trabajo informal. En efecto,entre 1991 y 2001 la mayoría de los nuevos empleos asalariados eran informales. Estadinámica ocupacional terminó instalando al trabajo informal como una de lasproblemáticas más graves del mercado de trabajo argentino. A partir del año 2003,se observa un cambio de tendencia. El impacto de las políticas señaladas, permitióque la tasa de empleo registrado fuera creciendo, como lo demuestran los cuadrosVI y VII.La respuesta ante la crisisDe acuerdo a la información relevada por la Encuesta de Indicadores Laborales(EIL) realizada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS),muestra que en el período de crisis internacional y en términos generales, laestructura ocupacional, las condiciones y la dinámica laboral no se modificaronsustancialmente5.Frente a la coyuntura contractiva internacional, el camino elegido fue el deimplementar acciones para preservar y fortalecer el empleo y la inclusión en lugarde medidas de ajuste. Entre las acciones más relevantes se asignaron importantesrecursos orientados a estimular el incremento de las inversiones, la producción y elconsumo en sectores y actividades que tienen un impacto positivo en la actividadeconómica en general y en el mercado de trabajo, como la construcción deinfraestructura y viviendas, la industria autopartista, la industria metalmecánica, seotorgaron créditos para prefinanciación de exportaciones, se fijaron estímulos alconsumo y créditos para PyME. En todas las medidas adoptadas se incluyó laCláusula de Preservación del Empleo, como requisito para acceder y mantener losbeneficios y subsidios.También se desplegó una amplia y coordinada gestión por parte del Ministerio deTrabajo nacional y las autoridades laborales provinciales para limitar la aplicaciónde medidas que afecten al empleo, permitiendo en muchos casos contener y otrosevitar despidos, suspensiones y diversas medidas transitorias de carácter masivo. Seimpulsaron Procedimientos Preventivos de Crisis a nivel de empresas en todo el paíspara atender a las situaciones que podían afectar el nivel de actividad y deempleo, a través del diálogo entre empleadores y trabajadores con la articulacióne intervención del Estado, buscando soluciones que no implicaran la ruptura delvínculo laboral. Asimismo, se ampliaron los alcances del Programa de ReconversiónProductiva - REPRO- a través del cual el Estado nacional subsidia parte del salario delos trabajadores que se encuentran en empresas en situación crítica. Esta política,que se implementaba desde 2004 fue relanzada preventivamente y cubrió entre2008 y 2009 a alrededor de 144 mil trabajadores, en 2.750 empresas. La mayoría deestas firmas son PyME: el 77% de las prestaciones fueron otorgadas a empresas dehasta 50 trabajadores en todo el país.Asimismo, para incentivar la contratación formal de trabajadores y la regularizacióndel trabajo no registrado, se definió un nuevo marco normativo que prevé unsubsidio estatal a las alícuotas de contribuciones patronales y facilidades para el5 Encuesta de Indicadores Laborales, Datos del 4° Trimestre de 2009, Elaborado por la Subsecretaría deProgramación Técnica y Estudios Laborales – DGEyEL del MTEySS 26
  • 27. blanqueo (Ley N° 24.476). Por último, en relación a medidas directas dirigidas amejorar los ingresos y el consumo, se destacan los aumentos de los haberes de losjubilados y pensionados; del salario mínimo vital y móvil; de los salarios definidos enlas convenciones colectivas de trabajo; de las asignaciones familiares; elincremento de las prestaciones de los programas de empleo y desarrollo social; lareducción del impuesto a las ganancias para los trabajadores; y la ampliación delrégimen de asignaciones familiares con la implementación de la AsignaciónUniversal por Hijo para Protección Social.Asignación Universal por HijoEn el mes de Diciembre de 2010, la Asignación Universal por Hijo para ProtecciónSocial cubrió a 3.492.646 niños y jóvenes y a 1.849.324 titulares. El 48,2% de esostitulares cobró la asignación por un solo hijo. El 28,0% a cobró por dos, y un 23,8%cobró por tres hijos o más.Desde el inicio de la implementación de la Asignación Universal fueron cubiertos untotal de 5.317.923 niños y jóvenes, correspondientes a 2.945.431 titulares. 27
  • 28. Cuadro IV: Programa Jefes de Hogar, Programas Nacionales de Empleo (PEC y otros), Seguro de Capacitación y Empleo yJóvenes con Más y Mejor TrabajoEvolución de beneficiarios. Promedios Semestrales.Periodo: Junio 2003 - II Semestre 2009Jun-03 II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 20092.167.061 2.110.375 1.987.250 1.847.349 1.772.292 1.722.618 1.601.273 1.454.104 1.256.523 1.110.067 1.009.197 966.401 974.691 1.059.371 Página | 28
  • 29. Cuadro V. Empleo por sector – II 2009 Agricultura, ganadería Minería y Electricidad,Provincia Industria Construcción Comercio Servicios Total y pesca petróleo gas y aguaPartidos de GBA 5.726 1.333 331.912 3.640 63.085 181.495 452.196 1.039.387Capital Federal 8.322 6.428 219.739 10.922 83.312 220.231 957.785 1.506.739Resto de Bs Aires 75.579 3.998 155.832 12.510 51.199 148.258 311.799 759.175Catamarca 4.711 1.725 6.471 485 2.887 5.168 9.457 30.904Córdoba 30.693 1.877 94.356 6.195 31.087 100.462 198.877 463.547Corrientes 12.999 143 10.163 539 4.389 15.125 22.223 65.581Chaco 10.858 248 7.865 244 7.588 15.755 20.728 63.286Chubut 9.566 8.851 11.151 2.121 14.404 16.835 30.482 93.410Entre Ríos 20.979 459 23.922 1.228 9.028 25.280 44.718 125.614Formosa 1.981 91 1.842 626 4.500 5.358 7.286 21.684Jujuy 5.841 1.890 12.221 432 4.217 7.278 16.890 48.769La Pampa 5.411 513 4.684 1.285 4.127 8.480 12.057 36.557La Rioja 4.759 213 8.094 285 2.208 4.976 6.730 27.265Mendoza 25.908 4.172 46.256 2.453 14.635 39.412 96.379 229.215Misiones 11.616 192 20.003 1.461 9.762 16.410 29.753 89.197Neuquén 4.553 10.607 6.989 1.558 11.272 18.703 35.092 88.774Río Negro 17.414 2.020 9.397 1.513 7.603 21.320 34.603 93.870Salta 19.196 1.880 12.984 1.716 10.731 16.230 39.972 102.709San Juan 10.317 2.783 14.533 400 9.626 12.800 24.293 74.752San Luis 2.939 363 19.525 262 4.141 8.040 17.133 52.403Santa Cruz 5.693 8.445 3.555 151 10.460 8.153 17.843 54.300Santa Fe 26.560 515 125.757 3.784 29.534 92.092 190.743 468.985S. del Estero 4.282 362 4.099 742 7.043 10.346 17.274 44.148Tucumán 29.552 361 24.376 1.655 15.907 29.977 61.150 162.978Tierra del Fuego 1.166 846 6.159 272 1.913 5.190 10.843 26.389Total 356.621 60.315 1.181.885 56.479 414.658 1.033.374 2.666.306 5.769.638Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTESyS Página | 29
  • 30. Cuadro VI. Empleo asalariado registrado en el Sistema Integrado deJubilaciones y Pensiones - Público y Privado. Promedios anuales y 4°trimestres Sector Privado Sector Público TotalAño Var.% Var.% Var.% Empleo Trimestre Empleo Trimestre Empleo Trimestre anterior anterior anterior Promedios anuales1995 3.367.682 520.944 3.888.6261996 3.498.964 4% 595.099 14% 4.094.062 5%1997 3.809.152 9% 767.568 29% 4.576.719 12%1998 4.069.494 7% 813.768 6% 4.883.262 7%1999 4.032.819 -1% 824.960 1% 4.857.779 -1%2000 3.976.860 -1% 839.225 2% 4.816.085 -1%2001 3.902.501 -2% 882.179 5% 4.784.680 -1%2002 3.504.194 -10% 883.207 0% 4.387.401 -8%2003 3.706.642 6% 900.036 2% 4.606.678 5%2004 4.157.194 12% 944.051 5% 5.101.244 11%2005 4.663.745 12% 994.244 5% 5.657.988 11%2006 5.109.585 10% 1.067.785 7% 6.177.369 9%2007 5.544.903 9% 1.134.190 6% 6.679.093 8%2008 5.863.971 6% 1.204.819 6% 7.068.789 6%Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTESyS Página | 30
  • 31. Cuadro VII. Empleo asalariado registrado - Privado - Grandes divisiones - Promedios anuales 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008/02Sector Tasa de Promedio Anual (en miles) variación Agricultura, ganadería, caza yA 243 262 266 260 256 251 236 253 277 330 46% silvicultura 301 317 345B Pesca y servicios conexos 10 11 11 10 10 11 13 16 17 27% 17 18 18 17C Explotación de minas y canteras 32 34 34 31 31 33 31 34 38 91% 43 48 55 60D Industria manufacturera 935 976 994 942 895 849 761 815 917 59% 1.007 1.087 1.155 1.210E Electricidad, gas y agua 45 46 49 50 50 50 47 47 49 17% 50 52 54 55F Construcción 210 259 286 288 248 218 131 166 225 235% 306 375 435 438G Comercio al por mayor y al por menor 558 605 651 653 656 659 591 615 699 74% 787 863 951 1.027H Hotelería y restaurantes 111 119 127 126 127 126 113 121 140 94% 164 186 204 219 Transporte, de almacenamiento y deI 297 333 363 371 372 364 334 339 358 52% comunicaciones 397 434 473 507 Intermediación financiera y otrosJ 127 137 147 149 149 146 131 117 121 25% servicios financieros 129 139 155 164 Servicios inmobiliarios, empresariales yK 348 392 432 443 462 463 409 450 522 95% de alquiler 601 669 742 798M Enseñanza 160 193 254 263 273 282 282 292 309 32% 327 343 358 372N Servicios sociales y de salud 183 189 191 186 184 183 174 176 184 35% 196 208 220 234 Servicios comunitarios, sociales yO 240 252 266 261 264 269 251 266 301 66% personales n.c.p. 339 370 395 416Total 3.499 3.809 4.069 4.033 3.977 3.903 3.504 3.707 4.157 4.664 5.110 5.545 5.864 67%Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTESyS en base a SIJP Página | 31

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