Derechos, Desarrollo y Política Pública: Garantías y oportunidades para los
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Introducción
1. Antecedentes y contexto
Antecedente de las políticas de juventud
Contexto demográfico y socio-ec...
Introducción
El siglo XX da cuenta de la visibilización y auge de una cultura asociada
específicamente a la emergencia de ...
Los jóvenes en Colombia irrumpen durante la segunda mitad del siglo XX en su
expresión social, política y cultural en el c...
En Cundinamarca, los primeros lineamientos de política para la población juvenil
se remontan a inicios de la década de 199...
es, su condición y situación juvenil. En paralelo, la evolución de los discursos,
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la atención a jóvenes en alto riesgo de vulnerabilidad por parte de la Beneficiencia
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El programa “Jóvenes Constructores de Paz” vinculó a 5.384 jóvenes y propició
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jóvenes entre 14 y 26 años (21,9%). La mayoría ...
de la mitad de la extensión del Departamento se concentra en una reducida red de
dueños de la tierra, cuyas propiedades no...
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ha alcanzado algún grado de educación s...
Funza, Fusagasugá, Granada, Guasca, La Calera, Madrid, Mosquera, Nemocón,
Sesquile, Sibaté, Soacha, Sopo, Subachoque, Tabi...
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valor del índice de DH fue de 0,711) alcanzan...
generó tensiones, conflictos y fisuras a su interior hasta el punto de provocar su
colapso y disolución. No obstante, la c...
se dieron a la tarea de reunirse semanalmente para continuar con una segunda
fase de construcción conjunta de la Política ...
El acceso a la agenda política produce tensiones sociales y económicas en las
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El Pacto de Desc, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas de
1966 y adoptado mediante la Ley 74 del 26 de ...
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exclusión en términos de acceso a derechos y g...
económicos, sociales y culturales, como civiles, políticos, colectivos y del medio
ambiente.
La implementación del enfoque...
Por ello, la institucionalidad consciente de esta lógica y realidad debe pretender
estimular los nuevos paradigmas que los...
Durante la segunda mitad de la década de 1980 se empieza a plantear la
redefinición de la política a partir de la converge...
Para garantizar los Desc en el marco de las políticas públicas y el desarrollo, se
necesita la consolidación de un sistema...
sujeto social con la memoria de las luchas anteriores, con el contenido filosófico y
material del capital social y con la ...
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Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


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  • 1. Derechos, Desarrollo y Política Pública: Garantías y oportunidades para los proyectos de vida individuales y colectivos de las y los jóvenes en Cundinamarca1 1 Documento elaborado bajo la dirección y coordinación conceptual y metodológica de Libardo Sarmiento Anzola. Dirección institucional: Maria Elena Velásquez Robayo, Secretaria Consejera de Acción Social de la 1
  • 2. Contenido Introducción 1. Antecedentes y contexto Antecedente de las políticas de juventud Contexto demográfico y socio-económico de Cundinamarca 2. Proceso y metodología Construcción participativa de los lineamientos de la PPJC Metodología 3. El núcleo: derechos, desarrollo y política pública Derechos Desarrollo Política Pública 4. La construcción conceptual: líneas estratégicas 5. Las competencias del Departamento y los municipios 6. El soporte estructural y los mecanismos para hacer realidad la Política Pública de Juventud de Cundinamarca 7. Plan departamental de desarrollo juvenil 8. Financiación, seguimiento y evaluación de la PPJC 9. Proyecto de Ordenanza de la PPJC Gobernación de Cundinamarca; Leyla Osorio Quintero, Coordinadora Programa de Juventud; Adriana Rodríguez Forero, Apoyo logístico y administrativo. Con el apoyo institucional de las Secretarias de la Gobernación de Cundinamarca, Alcaldías Municipales, los coordinadores de juventud, Carlos Ernesto León del municipio de Guaduas y Diego Romero del municipio de Chía; PNUD, UDEC, CAR, Caja de Compensación Familiar COLSUBSIDIO y la Dirección de Cooperación Internacional de Acción Social de la Presidencia. Este documento y el Proyecto de Ordenanza de la PPJC contó con la asesoría de Cesar Darío Guisao Varela, Coordinador de la Asesoría de Asistencia Técnica: Educación, Cultura y Juventud, de la Secretaria de Educación para la Cultura de la Gobernación de Antioquia; y los comentarios de Mercedes Jiménez, asesora de la Política de Infancia y Juventud del Distrito Capital; Jorge Escobar, director regional Bogotá Viva la Ciudadanía y los aportes en los temas de Derechos, Cultura y Empleo de Ernesto Salazar Sánchez, consultor PNUD. El proceso contó con el apoyo técnico de la Organización Juvenil “Corporación Jóvenes al Cartel” de la ciudad de Fusagasuga. La PPJC y el Proyecto de Ordenanza es producto de la construcción participativa y dialogada de la Mesa de Trabajo de Jóvenes. Esta Mesa estuvo constituida por jóvenes representantes de organizaciones juveniles, sector indígena, red ambiental, red ciudad-región, partidos políticos y consejeros de juventud de los municipios de Cundinamarca (en anexo se relacionan los nombres de los jóvenes participantes y sus municipios de procedencia). 2
  • 3. Introducción El siglo XX da cuenta de la visibilización y auge de una cultura asociada específicamente a la emergencia de las subjetividades juveniles. La radicalización política de los años 1960 perteneció a los jóvenes, que rechazaron la condición de niños o incluso de adolescentes (es decir personas no adultas). El surgimiento del joven como agente social y político consciente recibió un reconocimiento cada vez más amplio. La novedad de la nueva cultura juvenil tuvo, según el historiador inglés Eric Hobsbawm, una cuádruple vertiente: i) la «juventud» pasó a verse no como una fase preparatoria para la vida adulta, sino como la fase culminante del pleno desarrollo humano, ii) se convirtió en dominante en las economías de mercado y funcionales a la prodigiosa velocidad del cambio tecnológico, iii) su valor hegemónico y expansión internacional, iv) la asociación entre liberación personal y liberación social2. El nuevo sujeto que emerge, en palabras del célebre fundador de la tercera escuela de psicoterapia de Viena, Viktor Frankl, se afana por defender su vida, por llevarla delante de forma autónoma, emancipada y responsable. No se deja guiar en sus decisiones por autoridades, sean éstas sus padres, sus superiores, maestros, iglesias, instituciones o tradiciones. Esta creciente tendencia hacia la autodeterminación y la independencia se mantiene constante e indica la madurez de los jóvenes como personas, ciudadanos y sujetos históricos, con reconocimiento en sus dimensiones política, económica, social, cultural y ecológica. Si bien la juventud ha merecido un reconocimiento a escala mundial por parte de gobiernos y de la sociedad, al iniciar el siglo XXI aun enfrenta, como lo reconocen expresamente la CEPAL y la OIJ, diversas tensiones y paradojas: más educación y menos acceso a empleo; más acceso a información y menos acceso a poder; más expectativa de autonomía y menos opciones para materializarla; mejor provistos de salud pero menos reconocidos en su morbimortalidad; más móviles y menos certidumbre en sus trayectos migratorios; más cohesionados hacia dentro pero con dificultades para armonizarse con los adultos y las figuras de autoridad; más aptos para el cambio productivo, pero más excluidos de este; más receptores de políticas y menos protagonistas del cambio; mayor expansión del consumo simbólico y mayor restricción al consumo material; mayor autodeterminación y protagonismo, en contraste con la falta de garantía de sus derechos, su estigmatización, desmotivación para involucrarse en el sistema político tradicional y un mercado de trabajo que de una parte le demanda mayores años de formación previa y, de otra, lo excluye de manera estructural3. En contraste, los jóvenes representan un potencial valioso de desarrollo, en la medida que se constituyan en sujetos capaces de contribuir al sostenimiento propio y el de su sociedad presente y futura de manera efectiva. Los países y territorios que no aprovechen la oportunidad de capitalizar, en función de su sustentabilidad, la presencia y heterogeneidad de los jóvenes, se expondrán a dificultades serias en el orden social, económico, político, cultural y ambiental, y a posibles crisis de ingobernabilidad4. Hobsbawm, Eric, (1995), Historia del siglo XX, Crítica (Grijalbo Mondadori), Barcelona, 1996, pp. 322-345. 3 CEPAL, OIJ, (2004), La juventud en Iberoamérica, Tendencias y urgencias, Santiago de Chile, pp. 17-21. 4 Declaración Pública, Encuentro Nacional “Balance diez años de la Ley de Juventud en Colombia y Tendencias Internacionales en Desarrollo Juvenil”, Medellín-Colombia, 4 al 6 de julio de 2007. 2 3
  • 4. Los jóvenes en Colombia irrumpen durante la segunda mitad del siglo XX en su expresión social, política y cultural en el contexto y dinámicas de la modernización, esto es, la industrialización y terciarización de la economía, la creación de un mercado nacional, la urbanización, la democratización de la educación, el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, el afianzamiento de una cultura laica, la mayor integración internacional y la expansión de los medios masivos de comunicación. Tardíamente, en la década de 1980, el tema de la juventud alcanza importancia pública, producto de dos circunstancias: de una parte, la declaración del Año Internacional de la Juventud, promovido por la Organización de las Naciones Unidas, el cual dio lugar a la conformación del Consejo Nacional Coordinador y, de otra, la profundización de la larvada crisis político social y económica que se manifiesta en complejas e interdependientes patologías de violencia, exclusión y pobreza que hace de los jóvenes sus principales víctimas. A partir de entonces, Colombia muestra avances significativos en materia normativa, programática, institucional y consultiva. La Constitución de 1991 reconoce a los/las jóvenes como sujetos de deberes y derechos. En el marco de este mandato constitucional, en 1997 se expide la Ley de Juventud (Ley 375) y el tema pasa a consolidarse como una política de Estado5. En 2003, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 812 de 2003), el Programa Presidencial Colombia Joven inició la tarea de diseño y construcción de la Política Pública Nacional de Juventud: Bases para el Plan Nacional de Juventud 20052015, proceso que culminó con la publicación del documento en octubre de 2004. En 2006, Colombia Joven lanzó el documento de trabajo “Herramientas para la construcción del Plan Decenal de Juventud”. Debido a la inestabilidad institucional, a la falta de voluntad política en el nivel nacional y a la débil o inexistente organización de los jóvenes, al año 2007 el país carece de un plan de juventud. Desde el Estado ha existido una actitud errática y débil con respecto a las políticas de juventud, a pesar de haberse creado marcos normativos importantes6. El tema de las Políticas Públicas de Juventud está aún en construcción, cualificación y transformación7. El tema de la juventud se ha mantenido en el escenario público debido al trabajo coordinado de algunas entidades territoriales (gobernaciones y municipios), las organizaciones sociales y al apoyo de la cooperación internacional. De este modo, Colombia cuenta con un importante acumulado histórico, aprendizaje que fue recogido a partir del ejercicio “Sistematización de la Construcción de Políticas de Juventud en la Nación, los Departamentos de Antioquia, Caldas y Cundinamarca y las Ciudades de Bogotá y Medellín”, desarrollado con recursos técnicos y financieros de la GTZ y con la participación de las entidades territoriales involucradas y el Programa Presidencial Colombia Joven, durante el año 2004. 5 La Ley 375 no se considera una política pública, sino como una propuesta gubernamental que ha tenido poco desarrollo y reglamentación (de 51 artículos que la componen, sólo se reglamentaron cuatro y en 2007 quedan dos vigentes; se afirma que la Ley adolece de problemas de técnica jurídica para su reglamentación, para otros ha faltado voluntad política o no existe una base social y política que la defienda, desarrolle y gestione). Actualmente, cuatro proyectos de ley cursan en el Congreso de la República con el fin de derogar la Ley 375 de 1997 (uno) o para reformarla o reglamentarla (tres). 66 Departamento de Investigaciones de la Universidad Central – Departamento Administrativo de Acción Comunal del Distrito. Informe Final: Estado del arte de la investigación sobre juventud para la formulación de la política. Bogotá, 24 de mayo de 2002, pp. 95-119. 77 Gobernación de Antioquia, (2003), Documento preliminar de política pública departamental para la juventud. 4
  • 5. En Cundinamarca, los primeros lineamientos de política para la población juvenil se remontan a inicios de la década de 1990. Con posterioridad, en los diferentes planes de desarrollo del Departamento, se han incluido estrategias y programas a favor de la juventud cundinamarquesa. Durante los años 2004-2005, la gobernación con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica –GTZy del Programa Presidencial Colombia Joven adelantó la “Sistematización de la Política de Juventud en Cundinamarca” y se realizó un trabajo prospectivo sobre “El sueño de los Jóvenes” con el fin de construir , de manera participativa, unas primeras bases de política de juventud8. Si bien a partir de 1998 se viene impulsando la construcción de una política departamental de juventud, Cundinamarca aun no cuenta con ésta, ni con el respaldo jurídico a través de una Ordenanza que estructure y oriente una acción coordinada y una oferta coherente a favor de este grupo etario. Con el fin de continuar este proceso y de construir una política pública de juventud para Cundinamarca, el Departamento, propició un nuevo diálogo con los jóvenes de las diferentes provincias a través de encuentros provinciales y mesas de trabajo. De este modo, durante los años 2006-2007, las y los jóvenes de Cundinamarca, con el direccionamiento de la Consejería de Acción Social de Cundinamarca y de entidades del sector privado, público y académico, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, la Caja de Compensación Familiar Colsubsidio, la Universidad de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional –CAR-, la Dirección de Cooperación Internacional de Acción Social y las alcaldías municipales de Cundinamarca, adelantaron un proceso de reflexión, recuperación de la memoria y construcción democrática de la Política Departamental de Juventud, como mecanismo que les permita a las y los jóvenes cundinamarqueses desarrollar sus proyectos de vida individuales y colectivos. El presente documento es el resultado de este proceso. El documento está estructurado a partir de ocho ámbitos de reflexión: i) los antecedentes de las políticas de juventud y el contexto demográfico y socioeconómico de Cundinamarca; ii) descripción del proceso y la metodología; iii) el núcleo básico de la PPJC, esto es, la integración entre derechos, desarrollo y política pública; iv) la construcción conceptual: líneas estratégicas que orientan la PPJC; v) las competencias del Departamento y los municipios en materia de política de juventud, vi) el soporte estructural y los mecanismos para hacer realidad la PPJC; vii) orientaciones para el diseño y construcción participativa del Plan departamental de desarrollo juvenil; viii) financiación, seguimiento y evaluación de la PPJC; ix) finalmente, se presenta la propuesta de Proyecto de Ordenanza de la PPJC. 1. Antecedentes y contexto Las políticas públicas de juventud pretenden incidir en las condiciones materiales, sociales, políticas y culturales que producen lo juvenil, como parte del sistema estructural de la sociedad9. Por tanto, las políticas públicas de juventud se inscriben en un contexto histórico y espacial concreto que les determina su especificidad, alcance y limitaciones, al igual que explica la diversidad, heterogeneidad y complejidad del ser, estar, actuar y producir de los jóvenes, esto 88 Gobernación de Cundinamarca, PPCJ, GTZ, (2005), Sistematización de la Política de Juventud de Cundinamarca (1998-2004), Bogotá. 9 Departamento de Investigaciones de la Universidad Central – Departamento Administrativo de Acción Comunal del Distrito. Informe Final: Estado del arte de la investigación sobre juventud para la formulación de la política. Bogotá, 24 de mayo de 2002, p 110. 5
  • 6. es, su condición y situación juvenil. En paralelo, la evolución de los discursos, políticas y acciones en torno a los jóvenes dependen tanto de factores endógenos como de condicionantes externos (elaboración teórica, políticas internacionales, cooperación técnica y financiera). Por lo anterior, es importante describir el proceso de evolución de las políticas de juventud en el departamento de Cundinamarca, y el contexto socioeconómico en el cual viven las y los jóvenes cundinamarqueses. 1.1 Antecedente de las políticas de juventud en Cundinamarca La cultura institucional colombiana, hasta finalizar la década de 1980, estuvo marcada por las intervenciones de tipo sectorial (educación, salud, vivienda, servicios públicos, etc.). En la década de 1990 las políticas poblacionales hicieron su aparición (niñez, jóvenes, mujeres, indígenas, discapacitados, etc), por lo general orientadas a los grupos más vulnerables y en condiciones de exclusión. La articulación entre lo sectorial y lo poblacional no se produjo, restándole eficiencia, eficacia, coherencia y pertinencia a la política social. Este reto, junto a la gestión democrática y sostenible de los territorios por parte de las comunidades, es una de las mayores exigencias de toda política pública que entienda la complejidad estructural del desarrollo. En Cundinamarca, los primeros esbozos de la política de juventud se presentaron al comienzo de la década de 1990, siguiendo los cambios de la política social del nivel nacional que se registraron con la creación de la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia (Decreto 1878 de 1990) y la promulgación de la Constitución Política de Colombia en 1991 que establece la obligatoriedad por parte del Estado y la Sociedad de garantizar los derechos y la participación activa de los jóvenes en organismos públicos y privados. A nivel nacional, entre 1992 y 1995 se produjeron dos documentos CONPES con lineamientos de políticas para ordenar la inversión pública y favorecer las condiciones de vida de la juventud. Estos definían cuatro líneas estratégicas de intervención: desarrollo humano, vinculación a la vida económica, participación y organización juvenil y fortalecimiento institucional de la atención juvenil. En paralelo, en el ámbito departamental, el Plan de Desarrollo de Cundinamarca “Futuro en Marcha” (1991-1994), aprobado mediante la Ordenanza 12 de 1991, propone programas orientados a la población juvenil. En 1994 se creó la Consejería para la Juventud, la Mujer y la Familia. En 1995 se aprobó el plan de desarrollo “Cundinamarca responsabilidad de todos” 1995- 1998; en este marco, la Consejería anterior se transformó en la Consejería de Desarrollo Social; los programas dirigidos hacia los jóvenes se articularon a tres líneas de acción: protección legal, vinculación del joven a la vida económica y participación y organización; en 1996 la Consejería se transforma en la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, la cual estuvo vigente hasta 1997. Hasta el año 1998 los programas de atención a la juventud en Cundinamarca eran casi inexistentes y los pocos que había se caracterizaban por su deficiencia, baja cobertura, asistencialismo, falta de evaluación y focalización en jóvenes viviendo bajo condiciones de riesgo y pobreza. Entre estos se encontraban los Clubes Juveniles (grupos de 15 personas con edades entre 7 y 17 años, con alto riesgo de ingresar a pandillas, a la drogadicción y/o el alcoholismo), en convenios con el ICBF y los municipios; los campamentos juveniles, en convenio con Coldeportes; y 6
  • 7. la atención a jóvenes en alto riesgo de vulnerabilidad por parte de la Beneficiencia de Cundinamarca. En 1998 se aprueba el Plan de Desarrollo Departamental “El futuro en marcha, Cundinamarca Siglo XXI” (1998-2001), según la Ordenanza Nº 9 de junio de 1998. Este tiene como objetivo “llevar al Departamento de Cundinamarca al progreso y la modernidad acorde con el nuevo siglo, mediante la articulación armónica de estrategias económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales que aseguren el desarrollo del Departamento, tanto en sus dimensiones material como humana”. En el marco del proceso de reestructuración de la Gobernación, en 1998 se creó la Secretaría para el Desarrollo Social, la cual tuvo estabilidad institucional y continuidad en los enfoques de la política social hasta el año 2003. De manera ecléctica, esta Secretaría combinó tres líneas conceptuales y metodológicas: población y desarrollo; desarrollo humano integral; capital humano y social. En relación con los jóvenes, el Plan consideraba que el problema central de éstos era la ausencia de espacios de expresión y participación, acompañada de falta de oportunidades de acceso al mercado laboral y a la actividad económica y social; sobre este diagnóstico se formuló el primer Plan de Juventud de Cundinamarca. Este plan estaba guiado por siete objetivos: i) brindar formación integral al joven en riesgo psicosocial; ii) generar espacios de participación y liderazgo; iii) mejorar las condiciones de vida de la población juvenil; iv) prevenir la violencia juvenil y las adicciones; v) Adoptar, promulgar y desarrollar las políticas contempladas en la Ley 375 de Juventud; vi) capacitar y formar para el trabajo a la población juvenil y facilitar su integración al campo laboral; vii) fortalecer la estructura familiar para evitar el abandono de los jóvenes. De este conjunto de objetivos, sólo se materializaron dos programas: i) educación en población, salud sexual y reproductiva (talleres de capacitación, investigación y capacitación del personal de salud); ii) Clubes juveniles-casas de la juventud (talleres de capacitación en desarrollo humano, organización y empresas productivas, espacios para la ocupación del tiempo libre y jornadas de reflexión acerca de la paz y la convivencia ciudadana). La Beneficencia de Cundinamarca atendió a los jóvenes de escasos recursos, en riesgo psicosocial o abandono y benefició a niños y jóvenes campesinos mediante la celebración de contratos con los Hogares Juveniles Campesinos, Granjas Infantiles del Padre Luna y el Hogar Francisco de Asís (por problemas financieros no se cumplieron las metas, no se aumentaron las coberturas y los impactos fueron poco significativos). En el año 2001 fue aprobado el Plan de Desarrollo Departamental “Trabajemos juntos por Cundinamarca” (2001-2004), según la Ordenanza Nº 11 de 2001. El objetivo establecido en el Plan era “Mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses y lograr su felicidad, a partir del desarrollo humano integral de las actuales y futuras generaciones, la consolidación del territorio como una región competitiva, la inversión social y la cooperación activa de los ciudadanos”. Durante este período los programas dirigidos a favorecer la juventud de Cundinamarca se enriquecieron y diversificaron. Los programas tradicionales continuaron (campamentos juveniles, casas de la juventud, atención a grupos vulnerables y en riesgo) y nuevos enfoques y acciones se introdujeron. Los programas de juventud se integraron en tres ejes del Plan de Desarrollo Departamental: Desarrollo integral del ser humano; Seguridad y convivencia pacífica; Productividad y competitividad. Los resultados de estos programas fueron: 7
  • 8. • • • • • • • • • • • • El programa “Jóvenes Constructores de Paz” vinculó a 5.384 jóvenes y propició la organización empresarial de 1.435 de ellos en las áreas de cultura, recreación, comunicaciones, agroindustria y turismo en 80 de los 116 municipios del Departamento. El programa apoyó la conformación de la RED Latinoamericana de Juventud Rural –Relajur-. En la red de medio ambiente se promovió el proyecto “Recuperarte” que consistió en la organización de 17 plantas productoras de papel a partir de desechos sólidos y vegetales. Icetex Cundinamarca hizo entrega de 2.616 nuevos créditos educativos por un valor de $2.242 millones. La Corporación Social de Cundinamarca dio inicio en 2002 al programa “Becas a Bachilleres”, beneficiando a los mejores 71 bachilleres de los colegios oficiales del departamento y ayudando a financiar parcialmente la educación superior de otros 355 estudiantes. El gobierno del Departamento apoyó a 2.494 jóvenes para capacitarse en áreas técnicas en el Sena y en la Universidad Abierta y a Distancia. La Universidad de Cundinamarca creó dos nuevas sedes, alcanzando una cobertura de 8.715 jóvenes de los estratos socio-económicos 1 y 2. Se creó el politécnico comunitario de Soacha para promover programas académicos relacionados con las necesidades de las empresas, la comunidad y la región. Con capacidad de 7.000 estudiantes, éste inició con programas para la media técnica y técnica, dirigidos al autoempleo. Se crearon 25 clubes de informática juvenil, dotados con computadores y acceso satelital a Internet. En convenio con el Ministerio de Cultura, el programa extracurricular de aprovechamiento del tiempo libre “Escuelas de formación artística y cultural” benefició a 7.130 niños y jóvenes de 86 municipios en formación artística, deportiva, cultural y literaria. Otros 2.000 niños y jóvenes recibieron formación vocal dentro del programa departamental de coros que se desarrolló en 33 municipios. Además, se logró el fortalecimiento de 108 bandas municipales, la formación de 3.640 jóvenes músicos y se dio apoyo a la Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca. En el programa “Campamentos Juveniles” participaron 45.000 jóvenes entre 14 y 22 años. Se conformaron en cada municipio los comités de prevención del consumo de sustancias psicoactivas; se instruyeron a 1.200 adolescentes en la prevención, estilos de vida saludables y espacios libres de humo. Con el objetivo de prevenir los embarazos no planeados, enfermedades de transmisión sexual y el contagio del virus del Sida en la población joven se adelantaron las siguientes acciones: i) 40.000 jóvenes se beneficiaron de la política departamental de educación sexual y reproductiva; ii) organización de once Ferias de Expojuventud; iii) se capacitaron 15.000 adolescentes escolarizados y no escolarizados y 124 instituciones de salud y educativas; iv) creación de cinco centros de salud sexual y reproductiva en los hospitales de la red pública. Para fortalecer y hacer sostenible los proyectos productivos de las y los jóvenes se realizaron las ferias de trabajo juvenil Expocamello, que vincularon a 500 expositores de 90 municipios. Esta actividad consolidó la conformación de la Asociación de Jóvenes empresarios –Sayakuna- y la participación en la Vitrina juvenil de “Comercio Justo”. Con el programa “Juventud, Paz y Desarrollo” se brindó formación a 300 jóvenes de nueve municipios del Departamento. Además, mediante la consolidación de espacios de encuentro de instituciones públicas, grupos juveniles campesinos y organismos internacionales, se unieron esfuerzos para 8
  • 9. impulsar la generación de políticas que contribuyeran al desarrollo humano del campo cundinamarques. En el año 2004 se aprobó el Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca, es tiempo de crecer” (2004-2008) según la Ordenanza Nº 03 de 2004. El objeto de éste fue “Ubicar al Departamento en una senda de desarrollo humano sostenible, entendido como la ampliación de las facultades y opciones entre las que puedan elegir libremente todos los habitantes de Cundinamarca, que les permitan disfrutar de vidas saludables y productivas, con particular atención a los sectores pobres y vulnerables de la población y al uso adecuado de los recursos naturales, de forma que se preserven las oportunidades para generaciones futuras”. El Plan se estructuró en tres dimensiones programáticas con el fin de soportar una visión de integración a nivel regional y de sus agentes: i) Desarrollo económico y social; ii) Ambiental y de ordenamiento territorial; iii) Seguridad e institucionalidad regional. Dentro de la estructura del Plan se dio prioridad a tres sectores: agua potable, infraestructura para el transporte y seguridad. En el marco de un nuevo proceso de reestructuración de la Gobernación, en 2005 se dio fin a la Secretaría para el Desarrollo Social que venía operando desde el año 1998 con las funciones de orientar, formular y coordinar las políticas, planes y programas de los grupos poblacionales (grupos vulnerables y pobres, con poca articulación con los programas sectoriales); algunos de sus programas fueron trasladados a la Beneficencia de Cundinamarca y a la recién creada Consejería de Acción Social de Cundinamarca (reflejo, a su vez, de la reestructuración e integración, en el nivel nacional, de la Red de Solidaridad Social y de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional –ACCI, llamada Acción Social). En éste Plan los jóvenes aparecen como beneficiarios de los programas que hacen parte de la dimensión de desarrollo económico y social. El objetivo de esta dimensión del Plan es Aumentar la productividad y la competitividad de la economía Departamental en el contexto nacional e internacional y propender porque los beneficios obtenidos se distribuyan de forma equitativa entre sus regiones e individuos y generen mayores oportunidades para los cundinamarqueses; así como promover niveles de vida más elevados, que potencien las habilidades y capacidades necesarias para lograr el desarrollo y progreso de seres humanos sanos, con adecuados niveles de educación, salud y nutrición y agua potable. Para lograr estos fines se resalta la creación de los Centros para el Desarrollo Humano y Social –CEDHES con la función de promover con apoyo interinstitucional el desarrollo humano y social integral de niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y población en discapacidad, a través de actividades, programas y proyectos de carácter lúdico, alimentario, atención médica, educativo, científico, ecológico, cultural y productivo, que les permitan generar sus propios ingresos y el buen aprovechamiento del tiempo libre. Además, el Plan promete que la Gobernación auspiciará la creación de Consejos Municipales de Juventud –CMJ- con el propósito de integrar el Consejo Departamental de Juventud -CDJ. Al finalizar el año 2007 los logros de los programas dirigidos hacia la juventud se concentraron en cuatro sectores, sin coordinación entre sí y sin responder a un enfoque de política de juventud: educación formal, cultura y recreación, salud y deporte: • 25% de las instituciones públicas educativas con programa de desarrollo y fortalecimiento de las competencias científicas de los estudiantes incorporado en el PEI y operando. 10% de los establecimientos de educación básica 9
  • 10. • • • • • • • • vinculadas a la estrategia de desarrollo de los valores cognitivos e investigativos en niños y jóvenes. Este logro se desarrolló a través del Proyecto Ondas, que se ejecuta en el convenio suscrito entre COLCIENCIAS, el SENA, la Empresa de Energía de Bogotá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el Fondo para la Acción Ambiental, la Fundación FES y las Secretarías de Educación y de Desarrollo Económico. En el curso del 2006, se firmó un convenio con COLCIENCIAS para financiar proyectos de investigación, formulados por jóvenes estudiantes de instituciones educativas oficiales del departamento y asesorados por los docentes de las áreas respectivas. Entre los años 2004 y 2006, se han vinculado al sistema educativo 22.599 alumnos nuevos, lo que significa un aumento del 5.5% en la matrícula en el departamento. En el año 2003, la deserción escolar se ubicó en el 6.4% y para el 2005 en 5.9%. Los resultados se han obtenido, gracias a las acciones implementadas para garantizar el acceso y permanencia de los niños en el sistema educativo. Los créditos educativos fueron incrementados en 15%. Mediante este sistema se pretende que los jóvenes bachilleres egresados de los colegios de la provincia cundinamarquesa tengan la oportunidad de iniciar o continuar su carrera universitaria. El número de créditos educativos otorgados en el 2003, fue de 5.063; gracias al convenio suscrito con el ICETEX, entre el 2004 y el 2006, se otorgaron 6.692 créditos, de los cuales 1.629 corresponden a créditos nuevos y los restantes a créditos renovados (en total, incremento de 32.2% en los créditos educativos). 40 municipios con el proyecto escuela saludable implementada. En desarrollo de esta meta, se beneficiaron los estudiantes de 26 municipios con atención integral en salud, protección ambiental, nutrición e higiene. Reducción del 25% de estudiantes (colegios) clasificados en niveles bajo o inferior en las pruebas del estado. En el año 2003, el porcentaje de colegios oficiales de Cundinamarca clasificados en niveles bajo o inferior en las pruebas del estado, se ubicaba en el 39.8% (102 de 256 instituciones educativas), con las pruebas aplicadas en septiembre del 2006, el índice se redujo a 15.2% (48 de 316 instituciones). Incremento en 10% del número de egresados grado 11 con ocupación sobre el número total de egresados. En éste aspecto, el Ministerio de Educación Nacional, en convenio con CAFAM, viene aplicando desde el mes de abril de 2006 un software en todas las instituciones educativas del Departamento para levantar el diagnóstico, la línea de base y el seguimiento a los egresados grado 11 con ocupación. 279.000 niños y jóvenes beneficiados con el deporte educativo. Ejecución del Plan Departamental de Recreación en los 116 municipios. El actual Plan Departamental de Recreación 2004-2008, se viene ejecutando a través de 2 proyectos: i) fomento y fortalecimiento de las actividades recreativas; ii) fortalecimiento de la actividad física y deporte con todos. Dentro de estas actividades, que se desarrollan anualmente, se destacan los campamentos juveniles, el día del desafío, el día de la bicicleta, el mes del niño, vacaciones recreativas, juegos campesinos, juegos comunales y juegos inter-entidades del departamento. Paralelamente a este proceso, se ha brindado apoyo a los municipios con la dotación de carpas para camping, bicicletas e implementación deportiva y recreativa como trompos, diábolos, yoyos y muros de escalada. 21 nuevas escuelas de formación artística y cultural (música, danzas, artes plásticas, teatro y artesanías) se han establecido en igual número de municipios. 114 municipios cuentan con procesos de formación artística y 10
  • 11. • • • • • • • • • • cultural y se están incrementando las modalidades ofrecidas en cada municipio, todas integradas al programa Escuelas de Formación Artística y Cultural. 25 grupos asociativos de jóvenes gestores de la cultura formados. Se estimulo la creación de grupos formados a través de la Banda Sinfónica Juvenil de Cundinamarca, en sus diferentes modalidades. En los municipios se establecieron grupos de danzas, teatro, cine, artes plásticas, literatura, música y artes audiovisuales, que a través de los procesos formativos del Departamento se generan como grupos artísticos independientes. Plan de vida de comunidades étnicas. Se realizaron procesos pedagógicos para la elaboración de instrumentos, lectura de nota e interpretación de música indígena para los municipios de Cota y Soacha, dándole continuidad al proceso de Cultura para la Convivencia. Por otra parte, se dio continuidad al perfil de diagnóstico, ejecutado en el año 2005, para las personas de la cultura afrocolombiana de Soacha. Fortalecimiento de 116 bibliotecas públicas municipales en Cundinamarca. En forma permanente se entregan dotaciones a los 116 municipios para sus bibliotecas (libros, videos y CDS), así como asesoría en el montaje de centros de documentación sobre patrimonio ancestral, capacitación a los bibliotecarios, realización de talleres y creación de bibliotecas virtuales e itinerantes. Sensibilización y capacitación en prevención del consumo de drogas ilícitas y estupefacientes en 54 municipios. Se formuló el Plan de Acción Departamental de Derechos Humanos DDHH y Derecho Internacional Humanitario DIH y se firmó el convenio con el Ministerio del Interior y de Justicia y el PNUD para su ejecución. El Departamento ha avanzado en compilar y mantener actualizada la información que permite seguimiento a la situación de la infancia y a la adolescencia, atendiendo a la iniciativa de la Procuraduría General de la Nación. Así mismo, un equipo de funcionarios Departamentales se encuentra en un proceso de sistematización de los principales indicadores que permiten monitorear el avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio- ODM. Se formaron 320 personeros estudiantiles, quienes adquirieron los conceptos y las herramientas básicas para desempeñar su papel como representantes del gobierno escolar y conocer los espacios y mecanismos constitucionales para participar en el control y vigilancia de la gestión pública del estado. Los personeros se capacitaron en dos encuentros realizados en el 2005 y 2006 en las instalaciones de la sede administrativa de la Gobernación. 1.400 niños, niñas y jóvenes atendidos cada año en las instituciones educativas de la beneficencia de Cundinamarca. Se han brindado anualmente servicios de protección social integral (educación, alojamiento, alimentación, vestido, lavandería, recreación, educación especial, psicología y trabajo social en apoyo individual, grupal y a la red familiar y social en el marco de la dignidad y los derechos humanos), aproximadamente a 1.250 niños, niñas y jóvenes con edades entre 5 y 18 años de edad. Capacitación de 500 jóvenes y mujeres en temas de salud sexual y reproductiva por medio de la divulgación de información. De igual manera se capacitó en los 5 Centros educativos de la Beneficencia a padres de familia, estudiantes y funcionarios. Se beneficiaron 3.706 jóvenes y mujeres, de los 116 municipios del departamento. Apoyo a la creación de los consejos municipales de juventud de los municipios de La Mesa, Zipaquirá y Cajicá. Actualmente, sólo 9 de los 116 municipios cuentan con CMJ (Sopó, Quipile, Guaduas, Zipaquirá, Facatativa, Guasca, El Colegio, La Mesa y Cajicá), en consecuencia no se pudo integrar el CDJ (la Ley exige que por lo menos existan CMJ en 51% de los municipios). 11
  • 12. • • • Se instaló el Consejo Departamental de Política Social de Cundinamarca – CODEPS, el 23 de noviembre de 2005, como un órgano asesor, de coordinación y concertación intersectorial e interinstitucional, que tiene como objetivo, gestionar la construcción, viabilización, aplicación y evaluación de la política social de Cundinamarca. Se crearon cuatro comités de trabajo: Infancia, Adolescencia y Familia; Control Social; Análisis y Reducción de la Pobreza y Atención a la Población Desplazada, los cuales entregarán las líneas de base para la construcción de la Política Social del Departamento. Dado que una de las directrices del Codeps fue avanzar en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la Secretaría de Planeación y la Consejería de Acción Social avanzaron en el proceso de fortalecimiento institucional –ODM– SISBEN, en coordinación con el Programa Nacional de Desarrollo Humano PNDH y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD. En esta primera etapa se incorporaron 25 municipios a los cuales se les brinda asesoría y asistencia técnica para la formulación de los planes de acción que les permitirán avanzar en el cumplimiento de los ODM. Con este propósito, se capacitó un equipo de 18 funcionarios departamentales y se vincularon y capacitaron 25 jóvenes que apoyarán a cada uno de los municipios. Durante los años 2006 y 2007, la Consejería de Acción Social de Cundinamarca retomó el tema de Política de Juventud, coordinó y orientó un nuevo diálogo con los jóvenes de las diferentes provincias a través de encuentros provinciales y mesas de trabajo con el fin de construir, de manera participativa, la Política Pública de Juventud para Cundinamarca y promover la aprobación del proyecto de Ordenanza que le de respaldo jurídico y político. Con las elecciones de los mandatarios territoriales para el período 2008-2011, el nuevo Gobernador electo, Andrés González, propone en su programa derrotar la pobreza, consolidar la modernización y el desarrollo social de Cundinamarca, para lo cual estructuró su propuesta en tres dimensiones y 155 puntos: Desarrollo crecimiento y modernidad; equidad social; y, seguridad y modernización institucional. La juventud es reconocida de manera explicita en los siguientes ítems: En la dimensión: Desarrollo, crecimiento y modernidad: • • Empleo y desarrollo: Fomentar el desarrollo productivo juvenil premiando ideas originales, que conduzcan a la creación de nuevos empleos (punto 8). Medio ambiente: Promocionar la educación ambiental integral y participativa y los Proyectos Ambientales Escolares (punto 57). En la dimensión: Equidad Social. Garantizar a los sectores menos favorecidos las condiciones mínimas necesarias, económicas y sociales dentro de un marco de igualdad, respeto y solidaridad, asegurando a sus integrantes la convivencia pacífica, el derecho al trabajo y el acceso a la salud y a la educación, en un entorno ético, jurídico, democrático y participativo. Los jóvenes aparecen entre los grupos beneficiarios, “a quienes se les brindará el apoyo necesario para lograr una vida digna”. Los temas específicos son: • Educación: impulsar el mejoramiento continuo en la calidad de la educación, hasta obtener niveles óptimos en todos los rangos (punto 63). Impulsar la educación secundaria orientada hacia el trabajo, teniendo en cuenta la vocación del municipio, con proyectos productivos, en jornadas complementarias, mediante convenios con el SENA e instituciones de educación superior nacionales e internacionales (punto 65). Implementar el 12
  • 13. • • • “Plan Primavera” para la emisión de 10.000 bonos universitarios y tecnológicos para que los bachilleres de menores recursos puedan acceder a la educación superior, en especial estudiantes de regiones apartadas; parte de ellos se retribuirán con trabajo comunitario (punto 71). Buscar la ampliación del acceso a Internet en todos los municipios y particularmente en los establecimientos educativos públicos (punto 77). Organizar la Escuela de Artes y Oficios mediante convenios con colegios, SENA, Universidad de Cundinamarca y los municipios (punto 82). Salud: implementar la salud popular y del hogar que permita la atención personalizada en barrios, veredas, colegios y escuelas (punto 85). Bienestar: Diseñar estrategias que permitan iniciar el camino hacia el cumplimiento de los Objetivos del Milenio a nivel municipal, especialmente los relacionados con la erradicación de la pobreza extrema y el hambre; la enseñanza primaria universal; la promoción de la igualdad entre sexos y la autonomía de la mujer; la reducción de la mortalidad infantil, la propagación del VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; el mejoramiento de la salud materna y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente (punto 102). Diseñar una política de atención para cada uno de los grupos vulnerables (punto 105, en este los jóvenes son nombrados explícitamente). Impulsar la inclusión en los planes Departamental y Municipal las temáticas de infancia, adolescencia, agua y ambiente sano, promovidas por la PGN y UNICEF (punto 109). Beneficiar a los niños y adolescentes menos favorecidos con programas que garanticen el pleno desarrollo armónico e integral de sus capacidades, reconociendo y respetando las características e identidades culturales (punto 111). Hacer especial énfasis en los beneficios y derechos de los niños y los jóvenes (punto 113). Impulsar programas de información y orientación sexual para evitar embarazos a temprana edad y enfermedades de transmisión sexual (punto116). Cultura, recreación y deporte: Apoyar las casas de la cultura, bibliotecas, bandas musicales, ludotecas, emisoras comunitarias, grupos culturales y escuelas de formación artística y cultural y promover de nuevo la orquesta filarmónica de Cundinamarca (punto 120). Promover actividades deportivas que permitan la integración de los habitantes de los municipios y de estos entre sí, abriendo un espacio de esparcimiento y recreación a todos los pobladores, en especial a los niños y jóvenes: juegos campesinos, intercolegiados (punto 123). Impulsar la creación y sostenimiento de escuelas de formación deportiva, como factor primordial para prevenir el consumo de drogas y alcohol a la vez lograr una adecuada salud física y mental (punto 124). 1.2 Contexto demográfico y socio-económico de Cundinamarca En la construcción de la política pública de juventud es básico comprender las dinámicas demográficas, poblacionales, económicas y sociales del Departamento de Cundinamarca con el fin de establecer las potencialidades y límites reales que le dan viabilidad, las demandas y condiciones para satisfacer bien sea las necesidades o los derechos de la población, en particular del grupo etario juvenil. En los períodos intercensales 1973-2005 la población de Cundinamarca se multiplicó por cerca de dos, al pasar de 1.176.003 a 2.228.478 personas. De 13
  • 14. acuerdo con el censo de 2005 (DANE), del total de la población 488.821 son jóvenes entre 14 y 26 años (21,9%). La mayoría de la población es blanca o mestiza (96,3%); la población afrodescendiente representa el 3,3% y la amerindia o indígena el 0,4% restante. Si bien con este crecimiento aumenta la capacidad laboral y los mercados se amplían, igualmente crecen las demandas en salud, educación, servicios públicos, vivienda, alimentos y las presiones sobre el territorio y el medio ambiente. Crecimiento similar al registrado en el país, aunque con ligero aumento en la última década producto de las migraciones que tiene como destino el centro del país y la recepción de población desterrada por la violencia: en el período 19731993, cincuenta de cada mil colombianos habitaban el departamento, hoy esa relación aumentó a 53. Se piensa que Cundinamarca es rural y que su principal producción es de origen agropecuario, pero no pasa de ser un mito poco sostenible. La tendencia que registra la población del departamento es hacia la urbanización creciente y a su concentración en la Sabana de Bogotá y en las capitales provinciales. En 1973, de cada cien cundinamarqueses 36 habitaban zonas urbanas, en 1985 aumentó a 45 y en 1993 a 54; en 2005 son 65. Si bien, aun la participación de la población rural es más alta que en promedio del país (35% vs 25% actualmente) esta distancia se viene reduciendo aceleradamente (de 23 puntos en 1973 a 10 puntos en 2005). Tres de cada cuatro cundinamarqueses habita en los municipios circundantes de la capital y en las capitales de provincia. De hecho, en los 22 municipios que circundan al Distrito Capital (Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha-Sibate y La Calera) habita 52% de la población de Cundinamarca. El fenómeno de la metropolización se expresa en la rápida y continua expansión del área urbanizada de la capital y la consecuente intensificación de sus relaciones con los núcleos urbanos y espacios rurales circundantes que conforman complejos sistemas conurbados y de suburbanización, además de generar impactos ambientales negativos y conflictos por el uso del suelo. A partir de los años 1960 el crecimiento demográfico de la Sabana de Bogotá supera ampliamente al del Distrito Capital. En la última década se registra un creciente fraccionamiento de la propiedad (10,7% en el ultimo quinquenio, con 1.266.700 propietarios actualmente), avance de las zonas urbanas sobre las rurales, formación de loteos (existe más de un dueño por predio) y manejo especulativo de la tierra en detrimento de la producción productiva (en 2000 el avalúo promedio por hectárea era de $4.792.000, en 2005 aumentó a $7.124.600)10. Los conflictos por la tierra y los usos del suelo son un factor desestabilizante en el Departamento y que manifiesta la relación entre propiedad, recursos naturales, medio ambiente y conflictos. Cundinamarca es uno de los departamentos que reúne el mayor número de predios minifundistas frente a una alta concentración de la tierra. Según datos de planeación departamental, el 77.5% de las explotaciones rurales están comprendidas en el rango de 0 a 5 hectáreas, las cuales pertenecen a 518.313 propietarios, que a su vez representan el 76.5% del total de propietarios en Cundinamarca, los cuales son dueños del 19.9% del área del Departamento. Similarmente las superficies comprendidas entre 5 y 100 hectáreas, cuyas propiedades equivalen al 53% del área total, siendo aproximadamente 121.855 propietarios que representan el 18% del total, esta situación demuestra que más La información de esta sección se basa, en una importante proporción, en el “Anuario Estadístico de Cundinamrca 2004”. 10 14
  • 15. de la mitad de la extensión del Departamento se concentra en una reducida red de dueños de la tierra, cuyas propiedades no se pueden considerar en el rango de las grandes explotaciones. Las propiedades existentes dentro del rango de 100 a 500 hectáreas pertenecen a 3.917 propietarios, que comprenden solo el 0.6% de la totalidad de los propietarios, y a su vez disponen de un área de terreno de 367.731 hectáreas, equivalente al 16.6% de la extensión total del departamento11. La Mesa de Planificación Regional Bogotá- Cundinamarca12 ha definido tres escenarios posibles de futuro: i) Concentración en la capital y la Sabana de Bogotá de la población y actividades económicas, con estancamiento o decrecimiento en el resto del departamento; ii) fortalecimiento de los ejes TunjaBogotá-Girardot y Villavicencio-Bogotá-Puerto Salgar (este es más distributivo que el anterior, tiende a una concentración lineal en forma de “X” sobre la ciudad y la región); iii) escenario desconcentrado: red de ciudades a lo largo y ancho del Departamento con una tendencia a ampliarse hacia departamentos contiguos en un proceso de integración regional mayor. Dependerá de los procesos de concertación Bogotá-Cundinamarca, de las decisiones de política y de los intereses económicos el que uno de estos tres escenarios se imponga, por ahora, el primero constituye la tendencia dominante. En efecto, el principal componente del producto interno bruto del departamento es industrial (originado por el desplazamiento de la industria de Bogotá hacia la periferia, principalmente hacia los municipios sabaneros). La industria manufacturera aporta el 24%, seguido de agricultura, silvicultura, caza y pesca (21%), servicios de la administración pública (12,5%) y comercio (8,3%). Estos cuatro sectores generan el 66% del total de la actividad económica de Cundinamarca; producción, además, altamente concentrada territorialmente: Tres provincias (Sabana Occidente, Sabana Centro y Soacha) generan el 56% del PIB de Cundinamarca y más del 80% del valor de la producción industrial departamental se origina en ellos. En estas provincias se concentra las actividades lechera, minera, industrial (metalúrgica, farmacéutica, textil) y flores de exportación. Con relación al nivel nacional, el PIB de Cundinamarca aporta el 5,5%. El mercado laboral en Cundinamarca es bastante precario lo que explica los altos niveles de pobreza por ingreso y las profundas desigualdades socio-económicas. El nivel de desempleo abierto en Cundinamarca (14,2%) es superior al promedio nacional (13,6%), según cifras del año 2003. El subempleo afecta a 35,7% de la fuerza laboral del departamento; en resumen la mitad de la población económicamente activa se encuentra desempleada o subempleada, equivalente a unas 530.000 personas. Las actividades económicas son poco intensivas en mano de obra, principalmente en la industria. La industria aporta 24% del valor de la economía anual del departamento y sólo contribuye con 12,1% del total del empleo. Tres de cada cuatro trabajadores cundinamarqueses laboran en el sector agropecuario (32%), servicios sociales (22,7%) o en el comercio (19,5%). Por posición ocupacional, el 38,7% son obreros o empleados en empresas particulares, el 36,9% son cuenta propia, 14% trabaja en el sector gobierno, el 7,6% son ayudante familiar sin remuneración o empleados del servicio doméstico, y sólo 2,8% son patrono-empleador. Según el nivel educativo de la población ocupada en Cundinamarca, 5,4% no ha realizado ningún tipo de estudio, el 47% Secretaria de Planeación departamental Cundinamarca, (2004), Estructura de la propiedad de la tierra en la zona rural de Cundinamarca,, p. 17 12 Fescol-Fundalider, (2007), Constituyente de la Región Central de Colombia, Editorial Gente Nueva, Bogotá. 11 15
  • 16. tiene primaria completa, el 40,3% ha completado el nivel secundario y sólo el 6,8% ha alcanzado algún grado de educación superior. El 67,3% de los ocupados devenga hasta un salario mínimo, el 21,6% entre uno y dos salarios, el 5,9% entre dos y tres salarios y el 5,2% más de tres salarios. En términos comparativos con el valor de de la canasta familiar para los estratos socio-económicos bajos, la capacidad de compra de un salario mínimo legal es de tan sólo un 47%, esto significa que con dos salarios mínimos el trabajador no puede satisfacer los requerimientos básicos familiares. En consecuencia, 89% de los trabajadores de Cundinamarca tienen una alta probabilidad de encontrarse viviendo bajo condiciones de pobreza. De hecho, el 56% de los hogares es pobre y el 30% está clasificado como indigente. Además, cerca de 90% de la población está vinculado al SISBEN, entre estos, 82% corresponde a los niveles 1 y 2; el 16% al nivel 3 y el 2% restante a los niveles 4,5 y 6. El impacto de la política social se refleja principalmente en el ámbito de las necesidades básicas y no tanto en el ingreso de los hogares, en tanto su impacto sobre el empleo o el emprendimiento empresarial es insignificante. Por lo general, la acción combinada de los hogares, las comunidades y los programas del gobierno se centran en la educación, la salud, la vivienda y los servicios domiciliares (la infraestructura y la seguridad son los otros dos sectores de importancia a nivel gubernamental). El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas en Cundinamarca ha tendido a mejorar más rápidamente, en comparación a la evolución que registra el promedio nacional. En 1985 Cundinamarca presentaba un índice de NBI de 48,9%, superior al promedio nacional que era de 45,6%; para 1993 el indicador mostraba un valor de 34%, mientras que en el país fue de 37,2%; para el año 2005, según el Censo del DANE, Cundinamarca presentó un indicador total de personas con NBI de 21,2% y el promedio de Colombia fue de 27,6% personas con NBI. % NBI DEPARTAMENTAL, AÑO 2005 22,59 25,00 21,85 21,16 15,57 % 20,00 1 5,00 9,16 1 0,00 GO TÁ BO LE VA L CA AM AR CU ND IN TA ND UI A SA N AN TI OQ 0,00 ER 5,00 Fuente: DANE. DE P A R T A M E NT OS No obstante este positivo comportamiento de Cundinamarca durante las dos últimas décadas, en términos de satisfacción de necesidades básicas, es importante anotar dos situaciones problemáticas: con relación al Distrito Capital el índice de pobreza de Cundinamarca es 2,3 veces más alto; y, el promedio registrado en el departamento presenta profundas desigualdades entre provincias y municipios. De los 116 municipios que componen el departamento sólo 21 (18%) registran un valor del índice de NBI inferior a 20% (Cajicá, Chia, Cogua, Cota, Facatativa, 16
  • 17. Funza, Fusagasugá, Granada, Guasca, La Calera, Madrid, Mosquera, Nemocón, Sesquile, Sibaté, Soacha, Sopo, Subachoque, Tabio, Tenjo y Zipaquirá. Recordemos que este índice hace referencia principalmente al acceso de los niños a la educación, a las características de la vivienda, al acceso a los servicios públicos domiciliares y a un indicador de dependencia económica (no incluye salud, empleo ni ingresos). El resto de municipios, esto es, 95 (82%) registran un nivel de pobreza medido por NBI superior al promedio departamental, presentándose situaciones extremas en que más de la mitad de su población no tiene resueltas sus necesidades básicas: Caparrapi (53,9%), Jerusalén (51,1%), La Peña (68,5%), Paime (59,7%), Topaipí (63,6%), Ubalá (50%), Vergara (52,1%) y Yacopí (64,7%). Estos municipios registran un atraso respecto al desarrollo social del departamento cercano a las tres décadas. Lo peor es que la brecha territorial, en materia de desarrollo social, ha tendido a incrementarse. En términos de NBI, en 1993 el 71% de los municipios estaba por debajo del promedio departamental y en el 2005 el 82%. En la mayoría de estos municipios persisten problemas, además de la pobreza generalizada, de violencia intrafamiliar, abuso sexual, población en condición de desplazamiento, embarazo en adolescentes, desempleo y falta de oportunidades para la juventud, iniquidad, migración hacia la capital, poca participación ciudadana, exclusión, precario capital social y paternalismo y dependencia de las acciones asistenciales del gobierno local, departamental y nacional13. Por otra parte, los conflictos social, económico, político y ambiental en sus expresiones armadas y de confrontaciones sociales reflejan la profunda crisis por la que atraviesa la sociedad colombiana. Cundinamarca no escapa a estas dinámicas de violencia. Por encontrarse en su centro el Distrito Capital, la lucha territorial en Cundinamarca es estratégica para el ejercicio del control por parte de la insurgencia, los narcotraficantes y los paramilitares. En la mayoría de los municipios se presentan desplazamientos forzosos de la población y van quedando consecuencias duraderas del paso de la guerra. La sociedad local queda diezmada en sus cuadros dirigentes y populares, mientras la sociedad civil queda subsumida y polarizada por las organizaciones armadas. Esta situación quedó reflejada en los mapas de riesgo electoral del año 2007. Una situación particular enfrentan los jóvenes quienes son presionados por su situación económica y por amenazas para ingresar a estos grupos armados, legales e ilegales. En los municipios periféricos a la ciudad capital, además, se registra el homicidio de jóvenes que viven bajo condiciones de exclusión y pobreza, por parte de los paramilitares. Otro factor desestabilizante es el de la delicuencia común organizada, que opera en las principales zonas de desarrollo y riqueza de Cundinamarca. En consecuencia, producto de esta situación las últimas administraciones departamentales han dado prioridad a los programas de seguridad ciudadana. De acuerdo con las estadísticas de la Policía de Cundinamarca, en relación con las acciones de secuestro, en el año 2005 se presentaron 54 casos y 40 en 2006. Los actos terroristas pasaron de 5 a 12 entre los años 2005 y 2006. En el año 2006 se registró una toma de una población. En relación con las capturas por todos los delitos, en el año 2005 fueron 29.609 y 31.804 en 2006. Finalmente, en relación al Índice de Desarrollo Humano (que combina aspectos relacionados con la esperanza de vida, el alfabetismo y la escolaridad, el ingreso por persona), Cundinamarca registra un comportamiento similar al del promedio Véase, por ejemplo, el diagnóstico realizado por la Alianza por el Guavio, “Una apuesta para construir región”. Encuentro con candidatos a la gobernación, a la asamblea y a las alcaldías. Septiembre 20 de 2007, municipio de gacheta – Unad. 13 17
  • 18. nacional: en 1990 presentó el Índice de DH un valor de 0,723 (en Colombia el valor del índice de DH fue de 0,711) alcanzando un máximo de 0,788 en 1996; posteriormente , producto de la grave recesión económica que sufrió el país al finalizar la década de 1990, el indicador cayó a 0,711 en 2001 (una situación peor que el promedio nacional que para este año registro un valor de 0,754 el índice de DH); para 2003 el índice se recuperó a 0,783, ligeramente inferior al valor alcanzado en 1996. En resumen, Cundinamarca registra serios problemas estructurales en su desarrollo. Si bien el proceso seguido y el nivel alcanzado son similares a los valores promedios del país (aunque muy por debajo del Distrito Capital), éste se caracteriza por grandes desequilibrios en la distribución espacial de la población, de la producción y en el acceso a servicios y recursos. En consecuencia, se presentan preocupantes desigualdades en los niveles de bienestar, en las oportunidades, en las garantías de los derechos constitucionales, en la calidad del medio ambiente, en los impactos de la violencia y en la participación de la comunidad. Esta compleja realidad afecta de manera particular y desigual a las y los jóvenes de Cundinamarca. 2. Proceso y metodología A continuación se describe el proceso y la metodología seguida durante los años 2006 y 2007, por parte de la Consejería de Acción Social de Cundinamarca y la juventud de las diferentes provincias de Cundinamarca, en la construcción de la política pública de juventud. 2.1 Construcción participativa de los lineamientos de la PPJC El Departamento de Cundinamarca hace parte de las regiones colombianas con mayor tradición en lo relativo a políticas gubernamentales de juventud. Esta característica la comparte con los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y del Eje Cafetero, al igual que con las ciudades de Bogotá y Medellín. El período de mayor desarrollo de estas políticas se presentó durante los años 1998-2003, a través del “Plan Departamental para el Desarrollo de la Juventud, 1999-2000” y de la “Política Departamental de Juventud 2001-2004”. En los años 2005-2006, en el marco de un proceso de reestructuración de la Gobernación, esta dinámica decae, manteniéndose sólo la oferta sectorial tradicional (educación, salud, cultura, recreación y deporte) sin articulación, objetivos comunes ni enfoque de juventud. En paralelo, a finales de la década de 1990 surge en Cundinamarca un importante movimiento de jóvenes que buscaba tomar distancia del conflicto y exigir su derecho a vivir en un ambiente de armonía, de seguridad y de paz, de allí la bandera de su movimiento: “Jóvenes Constructores de Paz”. Este movimiento, del cual hicieron parte más de 4.000 jóvenes, incursionó en la administración pública municipal y departamental, en la conformación de CMJ y con sus propios candidatos en los procesos político-electorales. Inclusive en la elección para la gobernación del período 2008-2011, uno de los candidatos fue uno de los jóvenes artífices de este movimiento. Si bien “Jóvenes Constructores de Paz” alcanzó un importante reconocimiento e incidencia, al punto de lograr, mediante un proceso de negociación y participación, que sus iniciativas fueran incluidas en el Plan de Desarrollo Departamental, su institucionalización, imbricación en las instancias y planes del gobierno, y su poca apertura al ingreso de nuevos jóvenes y líderes, 18
  • 19. generó tensiones, conflictos y fisuras a su interior hasta el punto de provocar su colapso y disolución. No obstante, la convergencia de estos dos procesos le imprimió una identidad propia a la política departamental de juventud y constituye un importante capital social y de conocimiento en la construcción de políticas de juventud en Colombia. Después del nefasto interregno de dos años sin política de juventud en la Administración Gubernamental (2004-2005), desde la institucionalidad se retoma el tema conjuntamente con un nuevo sector joven del Departamento. La estrategia pensada consistió en un proceso que les permitiera a los jóvenes recuperar la memoria histórica del proceso, alcanzar un nuevo grado de reconocimiento y de incidencia que superara el de sus antecesores, pero que a su vez, se extendiera más allá de un simple período de gobierno mediante una política pública y un marco jurídico de respaldo. Bajo este propósito, la Consejería de Acción Social de Cundinamarca, con la dirección de la doctora Maria Elena Velásquez Robayo, planteó hacia finales del 2006 un nuevo acercamiento a los jóvenes, a través de encuentros provinciales que facilitaban diálogos y aplicación de encuestas, con el propósito de actualizar el conocimiento que se tenía desde la institución de la situación de los jóvenes en el Departamento. Este nuevo acercamiento se pensó desde los mismos jóvenes, es así como se buscó el apoyo de 15 jóvenes, uno por provincia, quienes asumen la tarea de organizar un encuentro que permita la participación de al menos 10 jóvenes por cada uno de los municipios integrantes de la provincia, organizaciones juveniles y representantes de las instancias de juventud de los municipios. En esta tarea, los 15 jóvenes líderes provinciales seleccionados asumieron el reto de gestionar recursos con las alcaldías y con el sector privado para apoyar el transporte y alimentación de los jóvenes convocados. Se llevaron a cabo 12 de los 15 encuentros programados, en cuyo desarrollo se aplicó un diagnóstico rápido participativo –DRP- elaborado por los mismos jóvenes. Estos DRP permitieron conocer la opinión y el reconocimiento de la población convocada, frente a la oferta institucional local y departamental, a la ley de juventud y a los mecanismos de participación, así como indagar un poco sobre sus reales necesidades, sueños y proyectos de vida. Este proceso permitió a la Consejería de Acción Social identificar nuevos jóvenes líderes, capaces de movilizar más jóvenes y de incentivar debates bajo la metodología de marco lógico14. En estos conversatorios se discutió los procesos seguidos en las administraciones pasadas y se indagó sobre la viabilidad de una política de juventud como instrumento técnico y herramienta jurídico-política que les permitiera incidir en el desarrollo del departamento y en garantía, protección, restitución y realización de sus derechos, al igual que su participación como ciudadanos plenos. De esta manera el proceso fue tomando fuerza, con altibajos, retiros e ingresos de nuevos jóvenes interesados en el tema, logrando al final, la consolidación de una mesa de trabajo con un importante grupo de 40 jóvenes que representan organizaciones juveniles, consejos de juventud, sector indígena, red ambiental, partidos políticos y jóvenes rurales, quienes, con el apoyo de la Consejería de Acción Social y del sector privado (Caja de Compensación Familiar Colsubsidio) 14 Esta metodología se aplicó bajo la dirección de Claudia Martinez Durán, profesional especializado de la Dirección de Cooperación Internacional de Acción Social. 19
  • 20. se dieron a la tarea de reunirse semanalmente para continuar con una segunda fase de construcción conjunta de la Política Pública de Juventud para Cundinamarca, respaldada con el trámite de una Ordenanza que garantice la implementación de la PPJC en las próximas administraciones. Por último, se estableció un dialogo con los principales expertos del país en el diseño y gestión de políticas públicas de juventud, respecto a los resultados de esta mesa de trabajo juvenil de Cundinamarca. El documento y la propuesta de Ordenanza de la PPJC, productos de este proceso, fueron presentados a la Honorable Asamblea de Cundinamarca para su discusión y aprobación, al finalizar el año 2007. El proceso debe continuar con la elaboración del Plan Estratégico de Juventud de Cundinamarca, la articulación de la PPJC al Plan Departamental de Desarrollo 2008-2011 y la puesta en marcha del Sistema Departamental de Juventud. 2.2 Metodología La metodología seguida durante el proceso constó de 12 elementos: i) diseño del proceso a partir de la elaboración de un marco lógico, con la participación de jóvenes, ii) revisión de literatura pertinente al tema y de los planes de desarrollo del departamento, iii) elaboración de encuestas y análisis de estadísticas, iv) participación en reuniones especializadas sobre políticas de juventud, v) entrevistas a informantes calificados del gobierno departamental, expertos en temas de juventud, funcionarios de ONG´s y jóvenes representantes de organizaciones de juventud, vi) elaboración de diagnósticos rápidos participativos –DRP, vii) elaboración de documentos temáticos y debate en las mesas de trabajo con jóvenes, viii) conferencias magistrales con los responsables de los programas sectoriales destinados a jóvenes, ix) apertura de una página Web con toda la información relevante del sector juvenil y al desarrollo de la PPJC, junto con un BLOG para debatir virtualmente el proceso de construcción de la PPJC, x) encuentro con candidatos a la gobernación y con el Gobernador elegido para el período 2008-2011 con el fin de discutir su compromiso con los jóvenes cundinamarqueses, xi) dialogo y consulta con expertos nacionales en el diseño y ejecución de políticas públicas de juventud, xii) sistematización del proceso, elaboración del proyecto de Ordenanza y presentación a la Asamblea de Diputados. 3 El núcleo: derechos, desarrollo y política pública El desarrollo, los derechos humanos y las políticas públicas, pese a ser aliados naturales, han permanecido distantes. Sólo en tiempos recientes estas han comenzado a ser concebidas como un instrumento valioso para la realización de los derechos humanos, del desarrollo incluyente y democrático y sentar las bases para el ejercicio democrático de una ciudadanía plena. Los derechos humanos en las políticas públicas constituyen una condición fundamental del ser democrático. La democracia contiene los derechos humanos, pero, a la vez, estos son un pilar de la democracia. Allí nacen y se sostienen las políticas públicas, que son un escenario de difusión de los discursos sobre los derechos humanos y la construcción cotidiana de la democracia. Sin embargo, las políticas públicas están inscritas en el ámbito del poder, su construcción corresponde a la realización del pacto social, su ejecución corresponde a las responsabilidades políticas del estado y su proceso de materialización al gobierno, a las comunidades y a las y los ciudadanos, en el marco de los planes de desarrollo. 20
  • 21. El acceso a la agenda política produce tensiones sociales y económicas en las que se inscribe el papel político de las instituciones, de los sujetos sociales y de las entidades privadas, quienes esperan que sus demandas adquieran el carácter de problema público, es decir, de problemas de interés general. La articulación Derechos Humanos – Desarrollo – Políticas Públicas es, como toda relación, dialéctica y sistémica. Esto es, constituyen una unidad de contrarios en tensión y conflicto cuya dinámica de transformación tiende, según la forma de resolverlas, a situaciones negativas o positivas. El resultado parcial e histórico, depende del condicionamiento societal que estructura esta dialéctica (jurídica, económica, política, social, territorial y cultural), la correlación de las fuerzas sociales, sus principios e intereses en juego, las cosmovisiones de los grupos sociales y el balance político parcial de las confrontaciones y negociaciones15. En particular, esta articulación Derechos Humanos – Desarrollo – Políticas Públicas poblaciones tiene que darse, para garantizar su viabilidad, en el desarrollo local. El desarrollo local es una novedosa propuesta de transformación de las sociedades en desarrollo16, no como alternativa al crecimiento económico, sino como posibilidad de lograr un nuevo modelo de desarrollo social, económico, político, cultural y ambiental, mejorando la igualdad social, fortaleciendo la democracia, el ejercicio ciudadano, la inclusión y preservando el medio ambiente. Las estrategias de este modelo de desarrollo se consolidan a través de la identificación de las complejidades e integración de los diferentes factores de desarrollo, como la garantía de los derechos humanos y el pleno ejercicio de la ciudadanía, e incluso de temas como capital humano y capital social, y elementos endógenos con base local, es decir, con base en un territorio geográfico con características de espacio social construido17. En esta sección se examina cada uno de los términos de esta triada dialéctica y su relación estructurante en el desarrollo local. 3.1 Derechos El objetivo central de la política social dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho está asociado a la protección y garantía universal de las libertades fundamentales y los Derechos Humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales –Desc. El reconocimiento de los Desc como parte del desarrollo de los derechos humanos es un legado del siglo XX. Los Desc corresponden a la tercera oleada de conquista de derechos, tuvo como objetivo las libertades positivas, esto es, la conquista de los derechos globales de bienestar o sociales que son necesarios para una oportunidad igual en la vida civil y la participación política democrática. Los derechos civiles y políticos son logros éticos y políticos de la humanidad que datan de los siglos XVII y XIX, respectivamente. El orden histórico de conquista de los DDHH no se corresponde con su orden lógico, esto es, los Desc constituyen el presupuesto y fundamento para que todo ciudadano y ciudadana pueda ejercer sus derechos civiles y políticos. Sarmiento, Libardo, (2007), Dialéctica de los Derechos, en: Revista Desde la Región, Nº 48, Julio 2007, publicación de la Corporación Región, Medellín, pp. 5-11. 16 Sin embargo, el concepto de desarrollo local se empieza a desarrollar en la década de 1940 en Europa. 17 Couto Rosa, Sueli L, (2004), ¿Qué es el desarrollo local?, Cooperación PNUD, Colombia, p. 1 15 21
  • 22. El Pacto de Desc, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1966 y adoptado mediante la Ley 74 del 26 de diciembre de 1968 por el Congreso colombiano, entró en vigor el 3 de enero de 1976 y se consagró en la Constitución Política de Colombia de 1991 en el capítulo 2 del Título II De los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De igual forma fue adoptado, por la Ley 389 de 1996, el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales –Protocolo de San Salvador–, el cual entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. La jurisprudencia no deja dudas sobre el imperativo y responsabilidad que le corresponde tanto al Estado como a la sociedad civil en la construcción y funcionamiento del Estado social y democrático de derecho. Según la Corte Constitucional, los Desc implican una prestación por parte del Estado y por lo tanto una erogación económica que por lo general depende de una decisión política. Su razón de ser está en el hecho de que su mínima satisfacción es una condición indispensable para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, con lo cual adquieren el carácter de fundamentales. Las diferentes categorías de tales derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad y la libertad de la persona humana, característica que exige protección permanente con el propósito de obtener su plena vigencia, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros18. No obstante, las transformaciones políticas, económicas y socioculturales de las últimas décadas vividas en nuestro país han repercutido en las realidades de los múltiples grupos humanos presentes en el territorio. Las condiciones de vida de los campesinos, mujeres, niños, niñas y jóvenes por mencionar algunos segmentos de la población colombiana se han visto con mayor agudeza abocadas a situaciones y realidades que vulneran sistemáticamente sus derechos y los pone en condiciones de pobreza, analfabetismo y moratoria social permanente. Estas condiciones hacen que mediante decisiones de tipo gubernamental el Estado se vea emplazado a diseñar y formular iniciativas que corrijan y modifique el estado de cosas que existen en términos de las condiciones de vida y de desarrollo en las cuales se encuentran buena parte de los asociados de este tipo de Estado. La formulación de estrategias para el desarrollo exige referentes conceptuales que permitan entender y comprender las situaciones que enfrenta una sociedad. Hoy se constata que los grandes problemas del país y del departamento están generados o derivados de la exclusión social, concepto éste, que no se define únicamente por la insuficiencia de ingresos, como la pobreza, sino que se refiere a un conjunto más amplio de circunstancias. El concepto de exclusión está vinculado íntimamente con la noción de desigualdad, pero no se limita a la desigualdad de ingresos y de activos, sino también a otras privaciones sociales y a la falta de voz y poder en la sociedad. Los jóvenes son un grupo poblacional representativo en el departamento ellos representan el 22% del total de la población cundinamarquesa, hombres y mujeres que comparten y tienen en común una situación de vulnerabilidad y exclusión; expresada con el estigma que la sociedad y el mundo adulto en particular le ha concedido al concepto de ser “joven”. Los adjetivos de connotación que se le 18 Sarmiento, Libardo, (1997), De los Derechos, las garantías y los deberes, en: Constitución Política de Colombia comentada por la Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá, Título II. 22
  • 23. atribuyen a lo “juvenil” son negativos; son ellos igualmente, portadores de exclusión en términos de acceso a derechos y garantías reconocidas como el libre desarrollo de su personalidad, la libre circulación, la participación en los asuntos sociales, el trabajo, la salud y la educación por mencionar los derechos más vulnerados a este grupo poblacional. Ante hechos evidentes que demuestran la constante vulneración de las garantías que les asisten a los diferentes grupos humanos, recientemente numerosas agencias de cooperación para el desarrollo e instituciones internacionales, tales como DFID, SIDA, UNICEF, UNESCO, UNIFEM, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, entre otras, han planteado la necesidad de afirmar un vínculo entre políticas públicas y derechos humanos, para lo cual han desplegado ingentes esfuerzos a partir de la elaboración de nuevos marcos conceptuales para sus estrategias de acción que procuran basarse en un conjunto de principios, reglas y estándares en materia de derechos humanos. La administración actual del departamento de Cundinamarca es consciente de la responsabilidad que le compete en función de formular una política pública para la juventud desde esta perspectiva que incorpore el concepto de derechos, por ello y con el propósito de asumir esta tarea ha venido impulsando desde la Consejería de Acción Social una estrategia que articule y comprometa a diferentes sectores sociales en la construcción de consensos que faciliten la formulación colectiva de esta política. El enfoque de derechos en las políticas y estrategias de desarrollo considera el derecho internacional sobre los derechos humanos como un marco conceptual capaz de orientar el proceso de formulación, implementación y evaluación de este tipo de iniciativas. Introducir este concepto permite cambiar la lógica de los procesos de intervención del Estado, en razón a que la formulación tradicional de las políticas públicas parten del precepto de la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, y no de la idea de sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas por parte del Estado. El enfoque de derechos en las políticas públicas incorpora y reconoce a las personas depositarias de dichas políticas como sujetos de derecho, y a los Estados ‘sujetos de obligaciones’. Algunos principios comunes a los derechos humanos, como la igualdad, la no discriminación, la inclusión, la participación y la rendición de cuentas, derivan de este marco. Esto incluye acciones de afirmación positiva para aquellas personas que requieren del reconocimiento y la restitución de las garantías que les han sido negados por encontrarse en desventaja social, marginación o pertenecer a alguna minoría. Por tanto es claro para este enfoque que los jóvenes en su condición de seres humanos son sujetos de derechos, y por tal razón, los planes programas y acciones que a ellos se dirijan, además de perseguir la satisfacción de sus necesidades materiales básicas, deberán inscribirse en el desarrollo de sus proyectos vitales individuales y colectivos. Uno de los principales aportes de este enfoque es dotar a las estrategias de desarrollo de un marco conceptual explícito, del cual pueden colegirse criterios valiosos para pensar en los diversos componentes de esa estrategia: los mecanismos de responsabilidad, la igualdad y la no discriminación, la participación y el otorgamiento de poder a los sectores postergados y excluidos. Ese marco conceptual permitiría definir con mayor precisión las obligaciones frente a los principales derechos humanos involucrados en una estrategia de desarrollo, tanto 23
  • 24. económicos, sociales y culturales, como civiles, políticos, colectivos y del medio ambiente. La implementación del enfoque de derechos en las políticas públicas de juventud, posibilitará el diseño de estrategias integrales para abordar desde un marco conceptual las problemáticas, compromisos y desafíos que en materia de respeto, protección, restitución y realización de sus derechos exigen las personas, en especial un grupo poblacional como los jóvenes del departamento. Ello implicará que la formulación de las políticas públicas en torno a los derechos de los jóvenes, observen las exigencias y los estándares internacionales previstos para garantizar eficazmente las obligaciones del Estado colombiano con este grupo poblacional. El Gobierno Departamental al promover la formulación de políticas públicas de juventud con enfoque de derechos genera una serie de capacidades institucionales para autoevaluar y mejorar sus ejecutorias, pero igualmente generará instrumentos que le permitan apropiarse de manera técnica de las responsabilidades que se tienen con este segmento de la población. De otra parte la administración departamental es consciente de la necesidad no solo de contar con un enfoque para formular la política sino que esta iniciativa debe ir más allá de la enunciación de acciones para suplir servicios o validar prácticas e intereses netamente juveniles, el ejercicio implica compartir el escenario de las decisiones y la planeación del futuro, y no es sólo la demanda de más y mejores oportunidades para ellos, supone la decisión de promover su protagonismo en la vida social, política e institucional a través de acciones sustentadas en la ética del diálogo y la escucha estimulando el desarrollo de su autoestima, la creatividad y promoviendo una política de igualdad en la diferencia, también implica una clave para pensar a la sociedad en su conjunto, para vislumbrar tácticas de resistencia que le permitan a lo local un diálogo menos desigual con lo global, para encontrar en esa ya generalizada suma de individualidades los elementos integradores que hagan más humano el desarrollo . 19 La juventud hoy toma muchas formas, adquiere distintos sentidos y significados, y obliga a pensar no en una sino en varias y diferentes realidades juveniles que están conectadas entre sí, generando identidades únicas, formas de comportamiento, lenguajes y pensamientos de acuerdo con el contexto en donde desarrollan sus proyectos de vida las y los jóvenes. La realidad juvenil no es un universo compacto y homogéneo como muchas veces se presenta o se cree, sino por el contrario representa un mundo caracterizado por la diversidad de opiniones, inquietudes y demandas, de acuerdo con el grupo al cual se aluda y al territorio específico en el que esté ubicado este grupo humano. En consecuencia, es importante abordar el movimiento social juvenil más allá de lo estudiantil. Con la irrupción de las culturas juveniles, como nuevos actores políticos, también aparecen nuevos discursos, nuevos imaginarios, nuevas formas de reunirse y estar juntos, nuevas formas de dirección y organización y nuevos medios de convocatoria. Los “novísimos” grupos juveniles trabajan en red, son asamblearios, no tienen un único dirigente o vocero, evitan las jerarquías, se han servido de manera novedosa y acertada de las nuevas tecnologías (Internet, mensajes de texto en los celulares, etc.), han innovado la acción política y la forma de comunicar sus propuestas y acciones. Quintero Gómez, Héctor Hernando, (2006), Tjurunga y las otras resistencias (voces y huellas de los y las jóvenes en Pereira), Universidad tecnológica de Pereira, p. 14. 19 24
  • 25. Por ello, la institucionalidad consciente de esta lógica y realidad debe pretender estimular los nuevos paradigmas que los jóvenes vienen definiendo en sus interacciones sociales, públicas y políticas desde los cuales construyen sus subjetividades que es lo que, en últimas, permite a los jóvenes asumir el respeto por el otro y lo otro, obtener un sentido de lo colectivo y participar activamente desde presupuestos ideológicos. Por consiguiente, la política pública de juventud deberá generar un espacio que facilite la interacción, la discusión, la producción de conocimiento de los jóvenes, con los jóvenes y para los jóvenes en la cual se representen, se piensen, se sientan sujetos de derecho capaces de proponerle a la sociedad estrategias para lograr una sociedad incluyente, participativa, democrática, solidaria y creativa. Es fundamental, por tanto, para este ejercicio democrático promover un sujeto joven más reflexivo, libre y responsable, capaz de interactuar activamente con los medios, la sociedad y la institucionalidad; que interpelen sus prácticas pero también capaz de proponer iniciativas que como jóvenes consideran deben ser observadas e incluidas en un modelo de desarrollo que garantice, proteja y realice los derechos que les asiste como seres humanos. Estos referentes conceptuales son los que animan a que se construya con las y los jóvenes del departamento una política pública de juventud que posibilite cambiar el orden de cosas con el que sistemáticamente se han formulado y ejecutado las decisiones que han afectado a miles de jóvenes en nuestro territorio, esta sin lugar a dudas es una oportunidad para introducir criterios que permitan que nuestro Estado cumpla con la fórmula que establece que el “Estado social de derecho se funda en el respeto a la dignidad humana”. 3.2 Desarrollo En el siglo XX, durante los años cuarenta -década en la cual se originan los principales conceptos, instituciones y políticas- el desarrollo se asocia simplemente con el crecimiento del ingreso por persona en las áreas económicamente subdesarrolladas. El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas recomienda en 1962 la integración de los aspectos económicos y sociales del desarrollo. La primera década del desarrollo de Naciones Unidas (1960-1970) establece que “el problema de los países subdesarrollados no es mero crecimiento sino desarrollo... el desarrollo es crecimiento más cambio. El cambio a su vez es social y cultural tanto como económico y cualitativo como cuantitativo... El concepto clave debe ser mejorar la calidad de vida de la gente” (La Década del Desarrollo de las Naciones Unidas: propuestas para la acción, 1962). Para los años 1970 se incluyeron como objetivos del desarrollo los problemas de la pobreza, el subempleo, los conflictos rurales y el desempleo (que comienzan a crecer, producto de los rápidos procesos de urbanización). Además, se registra una mayor preocupación por la calidad de vida, la distribución del ingreso y los problemas relacionados con la contaminación ambiental, el agotamiento de los recursos naturales y, en general, la destrucción de la naturaleza. De este modo, la segunda década del desarrollo formula un nuevo paradigma, el de la integración, tras reconocer la necesaria articulación de los recursos físicos, los procesos técnicos, los aspectos económicos y el cambio social. La Estrategia para el Desarrollo Internacional, proclamada por las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1970, demanda una estrategia global. 25
  • 26. Durante la segunda mitad de la década de 1980 se empieza a plantear la redefinición de la política a partir de la convergencia de Estado y Sociedad Civil en la gestión de lo público. Lo público referido al bien común, a la prevalencia del interés colectivo sobre el individual. Se trata de un Estado mixto, garante del derecho y del interés público; al igual que una Sociedad Civil plural, heterogéneo, cruzada por múltiples relaciones entre sus diversos actores sociales y con el Estado. Se plantea la participación directa del ciudadano en la definición de políticas públicas, incluida la reforma del Estado y la orientación global del modelo societal. En los años 1990 el concepto de Desarrollo Humano Sostenible hace su aparición. En 1990 el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas lo define como el proceso de ampliar la gama de opción de las personas, brindándoles mayores oportunidades de educación, atención médica, ingreso y empleo, y abarcando el espectro total de opciones humanas, desde un entorno, físico en buenas condiciones hasta libertades económicas y políticas. La meta más ambiciosa del informe es generar un índice de Desarrollo Humano que sintetice en una escala numérica el nivel global de desarrollo humano de cada país. Su método: combinar la esperanza de vida, de alfabetismo de adultos y del PIB real percápita. La definición de desarrollo establecida durante la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (CMDS, Copenhague 1995) es la que más se aproxima a recoger los frutos de este acumulado histórico del concepto de desarrollo. "El desarrollo es inseparable del entorno cultural, ecológico, económico, político y espiritual en que tiene lugar. No puede perseguirse como una iniciativa sectorial. El desarrollo está también claramente vinculado con el logro de la paz, la libertad, la estabilidad y la seguridad a escala nacional e internacional. Para promover el desarrollo es preciso orientar los valores, los objetivos y las prioridades hacia el bienestar de todas las personas y el fortalecimiento y promoción de las instituciones y las políticas que persiguen este objetivo. La dignidad humana, todos los derechos humanos y libertades fundamentales, la igualdad, la equidad y la justicia social son los valores fundamentales de todas las sociedades". En los umbrales del siglo XXI, se lleva a cabo una reflexión profunda sobre la disyuntiva: desarrollo alternativo o alternativas al desarrollo. Las visiones más actuales sobre el desarrollo invitan a relativizar la dimensión económica y a tener en cuenta, en un análisis sistémico, dimensiones de tipo social y humano (de especie, de cultura y en dimensión ética), y a la vez que la dimensión ecológica se abre paso, se impone una nueva visión del hombre mismo y de la naturaleza, así como de la relación entre esta y aquel, poniendo en cuestión toda visión predominantemente antropocentrista del mundo. Desde una visión ambientalista, el planteamiento del Desarrollo sustentable engloba al ser humano, le descubre nuevas sensibilidades en su relación con la naturaleza, a la vez que le hace un llamado de atención sobre los limites del planeta, de los recursos, y del bienestar mismo haciéndole ver que este no se produce en una línea recta ascendente y lo separa de la idea de permanente longevidad, de posesiones crecientes de bienes, de “satisfactores”. En este sentido lo sitúa en una órbita más tranquila y comprometida, del disfrute de los recursos y las nuevas y amplias posibilidades que brinda la transformación de la naturaleza bajo una visión de responsabilidad social y planetaria en general. 3.3 Política Pública 26
  • 27. Para garantizar los Desc en el marco de las políticas públicas y el desarrollo, se necesita la consolidación de un sistema institucional, jurídico y social integral, eficiente, universal y solidario. Además, debe contar con el financiamiento suficiente para garantizar el cubrimiento universal de los Desc, el desarrollo organizacional, los espacios de participación y concertación, y los mecanismos políticos y administrativos que permitan avanzar por este camino. En consecuencia, es indispensable que las sociedades acuerden caminos para conjugar el desarrollo orientado a los derechos con el diseño de instituciones y políticas que permitan producir y asignar los recursos necesarios para darles un carácter efectivo. Esto implica la construcción de pactos sociales entre los diversos actores del Estado, el sector empresarial y de la sociedad civil, y una consecuente institucionalidad y autoridad sociales que otorguen fuerza y viabilidad políticas para avanzar en esa dirección. En el marco de estos acuerdos, tendrán que establecerse también pactos fiscales para disponer de los recursos que se requieren para dar vida a los acuerdos del pacto social. Todo esto permitirá ampliar progresivamente el acceso, el financiamiento y la solidaridad de los sistemas de protección social. Por ello, es imposible analizar los DDHH, en particular los Desc, de manera aislada del marco societal en que tienen lugar y del estilo de desarrollo hegemónico. De este modo, las políticas públicas se convierten en un conjunto de acciones, de procesos y de interacciones entre sujetos sociales en los ámbitos del poder político, que no es terreno de la técnica social, sino del conflicto. Están compuestas por un núcleo, en el que está lo político y el enfoque, y una periferia, en la que está el contenido, la sustancia que lo materializa. En el núcleo se posiciona la sustancia ideológico-política, que se expande por todo el sistema. En la periferia están las redes, las instituciones, los recursos, las normas y las leyes, en general, la periferia constituye el soporte estructural y los mecanismos para hacer realidad la Política Pública, allí se responde a sistemas de conexiones, técnicas de gestión y espacios de debate, participación y concertación. En nuestro enfoque, al núcleo le corresponden los derechos humanos como sistema de valores que sostienen la dignidad y contiene la libertad y la responsabilidad, la justicia social, la igualdad, la solidaridad y el pluralismo, constitutivos de la base de estabilidad de las políticas públicas. La periferia responde a las necesidades de adaptabilidad del sistema político y está constituida por métodos, dispositivos, mecanismos, recursos, planes y programas sectoriales. Estos pueden ser abandonados, modificados o sustituidos, sin provocar con ello la crisis interna que se produciría al modificar al núcleo. El núcleo es la parte que conserva la naturaleza filosófica, política, cultural y social de las políticas públicas. Las políticas públicas representan un horizonte, una potencia capaz de contribuir de manera significativa en la transformación de una sociedad. Cuando los derechos humanos ocupan en las políticas públicas los lugares centrales, tanto en el núcleo como en la periferia, se fortalece la política y, con ella, la democracia. Y con esto, dichas políticas contribuyen a construir al sujeto social comprometido consigo mismo, con el otro y con su entorno, a devolver a su lugar la discusión política sobre lo público. Lo público es el principal valor de lucha del sujeto social e histórico en las políticas públicas, lo público es el lenguaje de las preocupaciones, necesidades e intereses humanos, y lo político es el mecanismo de construcción social para satisfacer el desarrollo de una vida digna, individual y colectiva. Lo público mantiene en comunicación política a la sociedad con el Estado, vincula al 27
  • 28. sujeto social con la memoria de las luchas anteriores, con el contenido filosófico y material del capital social y con la gestión pública20. En consecuencia, las políticas públicas orientadas a poblaciones especificas, mujeres, jóvenes, grupos étnicos o regionales, dan vigencia a sus derechos y responsabilidades, reconocen y reafirman sus identidades, afianzan sus potencialidades y expanden sus capacidades, resultado de consensos y acuerdos entre personas, grupos, identidades, estado, organizaciones de la sociedad civil y sector privado. El propósito de estas políticas públicas dirigidas a grupos poblacionales es crear condiciones de inclusión económica, social, política o cultural para que dichos grupos participen en igualdad de oportunidades en la construcción de un proyecto individual y colectivo de sociedad. En resumen, la dialéctica positiva de la triada Derechos-Desarrollo-Política Pública implica el análisis y la crítica holística e integral de la realidad ¿es posible la garantía universal de los DDHH y el desarrollo dentro del marco de una política pública? No hay verdadero desarrollo sin Derechos Humanos y sin democracia, ni Derechos Humanos sin desarrollo y democracia. La Política Pública debe ser la encargada de articular el desarrollo al núcleo básico y fundamental de la democracia y la plena vigencia de la dignidad humana, su autonomía, igualdad, solidaridad, pluralidad, autogestión y libre desarrollo de la personalidad. Dialéctica positiva Derechos-Desarrollo, Política Pública Dinámica positiva de la democracia de la libertad y la solidaridad. Los Desc como núcleo orientador y objetivo central del desarrollo Desarrollo Derechos Juventud Dinámica positiva de la democracia de inclusión, participación y dignidad humana. Los DDHH como núcleo de la Política Pública. Política Pública Dinámica positiva de la democracia igualitaria y de la justicia. La política pública representa un horizonte, una potencia capaz de contribuir de manera significativa en la transformación de una sociedad. El modelo y el plan de desarrollo constituye el soporte estructural y los mecanismos para hacer realidad la Política Pública y materializar el núcleo de los DD.HH. 3.4 El Desarrollo Local, articulador de la triada Derechos Humanos– Desarrollo– Políticas Públicas Poblacionales El desarrollo local se centra en la búsqueda de la satisfacción de un conjunto de requisitos de derechos humanos, bienestar y calidad de vida. Este proceso de construcción se hace, primero que todo, del rescate de la percepción del ciudadano en cuanto sujeto de un proceso social, con deberes y derechos, como protagonista de un proceso democrático en el cual es partícipe. No hay proceso de desarrollo sin sujetos sociales, pues son los que promueven el cambio social y cultural, al igual que los diferentes factores del desarrollo. El concepto de sujeto social se refiere al rol social, económico y político desempeñado por cada una de Restrepo, Manuel, (2006), Teoría de los Derechos Humanos y Políticas Públicas, UPTC, Tunja –Boyacá, pp. 16-29. 28 20

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