Política del Perú
Congreso de la República del Perú en Lima.
Palácio del Gobierno del Perú.
Corte Suprema de Justicia de l...
2 3 INCLUSIÓN E INTENSIDAD DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
pobreza y la creación de empleos, parecen contribuir a la
mala ima...
3.3 Número y fuerza de las organizaciones de la sociedad civil 3
Para algunos analistas, la opción de votar entre dos indi...
4 5 IMPARCIALIDAD Y EFECTIVIDAD DE LA REPRESENTACIÓN
se encuentra cerca del 7% en el año 2000.
Los intereses empresariales...
5.3 Sistema de financiación política que límite el tráfico de influencias y la distorsión en la equidad de representación 5
d...
6 10 VÉASE TAMBIÉN
5.5 Equidad de representación geográfica
Dado que antes existía el sistema de distrito nacional,
existe ...
7
11 Enlaces externos
• Congreso de la República del Perú
• Primero-ministro del Perú
• Presidencia del Perú
• Tribunal Co...
8 12 TEXTO E IMÁGENES DE ORIGEN, COLABORADORES Y LICENCIAS
12 Texto e imágenes de origen, colaboradores y licencias
12.1 T...
of 8

Política del perú

inclusion e intensidad de la politica del peru
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Art & Photos      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Política del perú

  • 1. Política del Perú Congreso de la República del Perú en Lima. Palácio del Gobierno del Perú. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. La población del Perú, cuya denominación oficial es República del Perú, está organizada bajo un Estado, con- formado con base en la Constitución política del Perú aprobada en 1993 mediante referéndum, promulgada a finales de ese mismo año y vigente desde el 1 de enero de 1994. Las directrices dictadas por la Constitución permiten un amplio espectro de posibilidades y posturas políticas. Si bien el artículo 58° de la Constitución señala que el Perú se rige bajo una economía social de mercado, donde la iniciativa privada es libre y el Estado asume un rol regu- lador, las prácticas políticas dependen de la iniciativa del gobierno de turno. 1 República El Estado Peruano es la organización representativa de todos los peruanos. Es unitario, con separación de Pode- res. Ejerce los tres Poderes (gobierno nacional): ejecutivo, legislativo y judicial. La constitución, además, estable- ce Organismos autónomos para labores específicas. Ade- más, el país cuenta con gobiernos regionales. 2 Un gobierno basado en el consen- timiento de los gobernados 2.1 Aceptación del modelo político El nivel de apoyo al sistema democrático es más tenue que en otros países (45% según Latinobarómetro 2004). El porcentaje que prefiere un modelo autoritario es tam- bién bajo (20% Latinobarómetro 2004). Para el 23% no existe diferencia significativa entre un sistema democrá- tico y uno autoritario. Sin embargo, un 43% apoyaría un gobierno militar si las cosas se tornaran difíciles. La sa- tisfacción con el desempeño de la democracia se sitúa en 7%(2 004), a pesar de que la economía ha figurado entre las de mayor crecimiento entre la región. Dado el origen controvertido de la actual constitución, se ha puesto en duda su legitimidad y se ha pedido su re- forma. Entre las reformas están la vuelta al sistema bica- meral, la renovación por tercios, un mayor aumento en el congreso, la introducción de un umbral político y la disminución de los requisitos legales para votar. La falta de progreso en: reforma política, reducción de la 1
  • 2. 2 3 INCLUSIÓN E INTENSIDAD DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA pobreza y la creación de empleos, parecen contribuir a la mala imagen de los políticos y las instituciones democrá- ticas así como de los partidos y el Congreso. [1] 2.2 Aceptación de las reglas de juego Las formas como los grupos expresan sus desacuerdos se han ajustado a las reglas democráticas. En 2003, la ma- yoría de las marchas fueron pacíficas aunque en algunas protestas hubo brotes de violencia. El número, nivel e in- tensidad de las protestas ha ido aumentado desde el 2004, los grupos políticos y sociales regionales realizan protes- tas masivas y actividades que alteran el orden público, llegando a bloquear carreteras o a ocupar instalaciones gubernamentales. Esto muestra la escasa cultura de lega- lidad que existe en las áreas más remotas del país. Las acciones subversivas están menos que los que existían en los años ochentas.viva miel La gran mayoría de los peruanos opina que el acceso y el reparto del poder debe hacerse mediante elecciones. Sin embargo, no existe un pleno consenso sobre las reglas vigentes.[2] 3 Inclusión e intensidad de la par- ticipación política 3.1 Apertura del proceso electoral ONPE y JNE han recobrado rápidamente su credibilidad desde las elecciones de 2001. El proceso fue justo y los votantes pudieron ejercer su derecho sin la intervención del Estado u otros actores, y los mercados de información de los partidos se mantuvieron libres de las distorsiones de la inyección de dinero del Estado al partido de gobierno. El voto se considera obligatorio: el no recurrir a votar se paga con una multa de unos $35. Sin embargo, las grandes distancias que deben recorrer la población rural para ir a los centros de votación limita la igualdad en participación electoral, a pesar de que la ONPE está trabajando en ese problema. La población en edad de votar y empadronada ha sido la más alta de la región. El Perú cuenta con un sistema eficiente y completo de inscripción electoral ciudadana. El proceso de inscripción electoral es automático pues el registro electoral provie- ne del RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil). Esto permite que esté constantemente ac- tualizado y que se excluya a los fallecidos o los que han cambiado de lugar de residencia. A pesar de eso, se es- tima que el Registo Civil excluye entre 800 000 y 1 000 000 personas (3 a 3,5% de la población): lo más probable es que los pobres del campo y los indígenas constituyan una alta proporción de quienes no tienen DNI (Documen- to Nacional de Identificación) por la lejanía, el costo y la falta de partidas de nacimiento. A pesar de eso, se con- sidera que el sistema de inscripción electoral es bastante completo y preciso, y no genera desigualdades en mate- rias de población electoral. Desde la transición a la democracia en 1980, no ha exis- tido obstáculos significativos para la creación y preserva- ción de los partidos políticos. Con el fin de inscribirse, un partido debe obtener un número de firmas equivalen- tes al 1% del total de votos depositados en las últimas elecciones. Para conservar esa inscripción, se ha solicita- do a los partidos que mantengan al menos un escaño en el Congreso, cosa que los partidos han logrado median- te la configuración de alianzas. Perú cuenta con distri- tos electorales múltiples, siendo Lima el más grande (35 diputados elegidos en Lima). Los pocos requisitos para inscribir partidos, y los votos requeridos para obtener un escaño en el Congrseo han contribuido a la volatilidad y la fragmentación del sistema partidista peruano. La vola- tilidad ha limitado los incentivos para forjar coaliciones intrapartidista, y han acentuado la importancia de las per- sonalidades individuales. La fragmentación también se ha originado por factores no institucionales, como la incapa- cidad de los partidos tradicionales de gobernar de mane- ra efectiva desde los ochenta, y la falta de progreso en cuanto a mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza, y la retórica y acciones del gobierno fujimorista contra los partidos. En 2001, el índico efectivo de partidos en el congreso fue de 4,5 colocándose entre los seis prime- ros países de la rgión alta fragmentación en el sistema de partidos. La ley de partidos apunta a promover un menor núme- ro de colectividades con cobertura nacional mediante la imposición de requerimientos adicionales de inscripción. Aparte de obtener las firmas equivalente al 1% obteni- dos en las últimas elecciones, debe acreditar comités con un mínimo de 50 miembros en por lo menos dos tercios de los departamentos (17) y en un tercio de las provincias (65), que sería como movilizar 3 200 ciudadanos. Esto se aplica únicamente a la inscripción inicial de un partido. Dado que la ley no ha sido muy efectiva en sus propósitos, algunos observadores han cuestionado si JNE está verifi- cando plenamente el cumplimiento de la ley en cuanto número de firmas necesarios y la formación de comités provinciales. La membresía en los partidos políticos es muy baja en el país, así como hay una falta de representatividad geo- gráfica. APRA ha sido tradicionalmente el partido que ha exhibido la organización más fuerte, pese a esto, la par- ticipación de la ciudadanía en decisiones trascendentales tales como la elección de los candidatos, dirigentes, y la plataforma política en todos los partidos es muy limitada. La falta de apertura y representatividad ha contribuido a la falta de confianza de la población. La tendencia centris- ta de los partidos provoca el descuido de las necesidades que están fuera del área de la región metropolitana. Esto ha originado movimientos políticos independientes en el ámbito subnacional.
  • 3. 3.3 Número y fuerza de las organizaciones de la sociedad civil 3 Para algunos analistas, la opción de votar entre dos indi- viduos en lista de su partido -voto preferente- y así influir ssobre cuál de las listas de candidatos termina logrando el poder, es una manera de que los ciudadanos contrarresten la falta de apertura de las colectividades. Sin embargo, ha tenido un efecto negativo pues promueve la competición internta y la falta de unidad, lo cual ha debilitado a los partidos y favorecido a los candidatos con más recursos o aquellos conectados con grupos de interés financiera- mente fuertes. Esto es acentuado pues los partidos por lo general no suministran fondos a sus candidatos sino que los reciben de ellos a cambio de una ubicación favora- ble en sus listas. Si bien la ley de partidos intenta instituir procesos democráticos internos para la dirigencia y los candidatos, la ley también permite: que se eliga direc- tamente a los dirigentes y candidatos en primera vuelta, también que nominen candidatos indirectamente a tra- vés de un comité que debe ser elegido por la membresía. Además, los dirigentes pueden elegir 24 de 120 candida- tos -una quinta parte- para candidatos al Congreso, y la misma proporción de candidatos a los consejos regiona- les y municipales sin acudir a ningún procedimiento de- mocrático. No se especifica tampoco ninguna restricción en cuanto a la ubicación designados en la lista de parti- dos: la ley no garantiza en sí misma que surjan partidos más democráticos y representativos. La constitución de 1993 abrió vías de participación ciu- dadana, entre las que figuran la reforma constitucional, la introducción de leyes en los ámbitos regional y local, y la realización de referendos. Además, se introdujeron mecanismos para la revocatoria o remoción de funcio- narios tanto elegidos como designados. Si bien es cierto que los instrumentos relacionados con la formulación de las leyes se han empleado poco, los que tienen que ver con el control ciudadano se han utilizado con frecuencia. Se han llevado a cabo revocatorias en 200 localidades, especialmente en distritos pequeño y en provincias poco pobladas, mientras que han sido limitada en jurisdiccio- nes con mayor población, dado que la ley exige el 25% de los votantes inscritos.[2] 3.2 Capacidad de participación de la ciu- dadanía en función de sus niveles de educación EL bajo porcentaje de secundaria y la deficiente calidad de la enseñanza han contribuido a la naturaleza elitista de la representación política y al hecho que no se tenga una buena información sobre política. Esto es agravado con la naturaleza no pragmática de las colectividades y al carác- ter fragmentario del sistema de partidos. Así, los ciuda- danos no se encuentran bien informados sobre las prefe- rencias de los candidatos en cuanto a políticas públicas, el papel de partidos y funcionarios en la toma de decisiones relativas a esas políticas, y la influencia sociales y eco- nómicas de tales decisiones. Esto limita la efectividad de lso procesos y mecanismos por el cual los electores pue- den manifestar sus preferencias en materia de políticas públicas, pedir cuentas a su partido y a los funcionarios elegidos por su desempeño y la capacidad de atender las preferencias ciudadanas. Existe un énfasis sensacionalis- ta de los medios de comunicación, y deficiencias en el ejercicio de un escutrinio público bien informado sobre decisiones de política pública y sobre la conducta de la administración. Las desigualdades en materia de ingre- so y logro educativo también contribuyen a las desigual- dades de representación política, lo cual a su vez puede acentuar la falta de equidad en el suministro de servicios públicos.[2] 3.3 Número y fuerza de las organizaciones de la sociedad civil Perú cuenta con uno de los niveles más elevados de ac- tividad asociativa de carácter voluntaria de la región: en 1 995, existían 110 000 organizaciones sin fines de lucro legalmente construidas, de las cuales 65 000 eran organi- zaciones de base. En las últimas décadas ha surgido una tendencia a abrir canales de participación en la toma de decisiones sobre políticas públicas, planificación y vigilancia ciudadana. Algunos de estos espacios se han institucionalizado co- mo el Acuerdo Nacional, los Comités de Vaso de Leche, las rondas campesinas, FONCODES (Fondo de Coopera- ción para el Desarrollo Social), CLAS (Comités Locales de Administración Compartida de Salud), MCLCP (Me- sa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza). En los ámbitos regional y local, existen espacios como los Con- sejos Consultivos Regionales, los Consejos Consultivos Locales, los Consejos de Coordinación Regional. Las organizaciones de la sociedad vicil que se dedican al cabildeo en torno a las políticas públicas o a vigilar el desempeño de las instituciones gubernamentales carecen de una estructura sólida, se encuentran fragmentadas y no están fuertemente conectadas con la ciudadanía: su ca- pacidad para articular y defender de manera efectiva los intereses sociales más amplios es limitada. La debilidad del sistema de partidos en lo que se refiere a organizar y a representar a amplios sectores sociales contribuye a acentuar la incapacidad de la sociedad civil para articu- lar y defender efectivamente sus aspiraciones. La escasa confianza en las instituciones democráticas acentúa los al- tos niveles de apatía y la falta de interés por participar en política, lo que limita la rendición de cuentas de las ins- tituciones públicas para con la ciudadanía. La fuerza de las organizaciones sindicales ha decaído con- siderablemente, dado a un período prolongado de rece- sión económica durante los ochentas y comienzos de los noventas, de las reformas de ajuste estructural de los años noventa, y el colapso de los partidos políticos de izquierda ligados a las organizaciones de trabajadores. Además una parte significativa de la fuerza laboral se ha desplazado hacia el sector informal. La membresía en los sindicatos
  • 4. 4 5 IMPARCIALIDAD Y EFECTIVIDAD DE LA REPRESENTACIÓN se encuentra cerca del 7% en el año 2000. Los intereses empresariales han estado representados por la Sociedad Nacional de Industrias y CONFIEP (Confe- deración Nacional de Instituciones Empresariales Priva- das), sus gremios: SNMPE (Sociedad Nacional de Mi- nería, Petróleo y Energía), la Sociedad Nacional de In- dustrias, la Sociedad Nacional de Pesquerías, las asocia- ciones de exportadores -ADEX y COMEX-, así como la banca, la industria aseguradora, la farmaceútica, la pe- queña y mediana empresa, las agremaciones agrícolas y los sectores de radio y televisión. Estos gremios han conservado una influencia significativa, por ejemplo, la CONFIEP apoyó el programa de estabilización económi- ca de 1990 a 1992 y la primera generación de reformas orientadas a la apertura económica. 4 Elecciones libres e imparciales 4.1 Regularidad, imparcialidad y credibi- lidad de los procedimientos electorales Las elecciones del 2 001 fueron consideradas libres e im- parciales por los equipos de observadores internacionales y domésticos; el gobierno de turno permitió a las auto- ridades electorales cumplir sus funciones sin interferen- cias., y un porcentaje mayoritario de los funcionarios fue reemplazado. En marzo del 2 001, un 78% aprobaba el trabajo de ONPE y de JNE. Existe confianza en la im- parcialidad de las elecciones. Lo que limita el funciona- miento eficiente es la deficiencia de coordinación institu- cional entre JNE y ONPE -sus límites no se encuentran claramente definidos por ley-, además que sus presupues- to no concuerdan con sus atribuciones. Esto conduce a que compitan entre sí y crean deficiencias, que se podría resolver con una gestión y coordinación más efectivas. 4.2 Libertad de Prensa La libertad de prensa se encuentra ampliada desde el 2 000. El gobierno respeta la libertad de prensa, y los me- dios de comunicación reflejan un amplio espectro de opi- niones desde apoyo hasta la oposición de la administra- ción de turno. Perú ocupó el puesto 75 (2 004) en un total de 192 países, colocándonse por encima del promedio de los países de América Latina, pero por debajo de las eco- nomías desarrolladas. El respeto por los estándares pe- riodísticos profesionales es deficientes. Hay en la prensa una tendencia hacia el sensacionalismo y a concentrar- se en escándalos y actos criminales. Después del período de Fujimori, muchos medio trataron de demostrar su in- dependencia del gobierno vehementemente, lo cual hizo que se prestara poca atención a los méritos de la admi- nistración de Toledo. A algunos medios se les critica por su dependencia de ciertos grupos económicos y por sus sesgos en la cobertura noticiosa. Los medios cumplen un papel predominante en la definición de la agenda pública. La calumnia se considera delito, y a aquellos periodistas que investigan casos de corrupción se les amenaza con demandas judiciales. En 2 003, se había registrado una disminución de casos concretos de intimidación y violen- cia contra periodistas, aunque seguía siendo un problema en las provincias. Según ANP - Asociación Nacional de Periodistas- hubo 42 casos de persecución a periodistas frente a 78 en 2 002. En su mayoría se trató de amenazas de violencia o de emprender acciones judiciales, o acusa- ciones de calumnia por parte de políticos locales, autori- dades policiales o militares, o empresarios. La corrupción en los medios no ha sido superado por completo. 4.3 Libertad de expresión y asociación Perú es clasificado como país “libre” (Freedom House 2 004), por encima del promedio de América Latina, lo que sugiere que los derechos de expresión y asociación están garantizados. El derecho a asociarse de manera pacífica ha sido respetado. A veces, se ha usado una fuerza exce- siva para dispersar a los manisfestantes. 4.4 Igualdad de acceso a financiación y pu- blicidad para las campañas electorales 5 Imparcialidad y efectividad de la representación 5.1 El poder efectivo de las autoridades elegidas Durante el gobierno de Fujimori, el poder efectivo de las autoridades se vio comprometido por la concentración del poder en la presidencia, el Servicio de Inteligencia Nacional y a los militares, y la extensa red de corrupción realizada por los funcionarios del Ejecutivo que involu- cró congresistas, jueces y dueños de medios de comuni- cación, entre otros. Después de la caída del régimen de Fujimori, y del reemplazo de una buena parte de la cú- pula militar y la elección del nuevo Presidente y Congreso en 2 001, los funcionarios elegidos recuperaron su plena autoridad en todo el territorio nacional y en la mayor par- te de los dominios de la política. 5.2 Sistemas electorales y de partidos que faciliten exigir cuentas a sus elegidos Los ciudadanos no pueden lograr una rendición de cuen- tas efectivas de las autoridades elegidas. Las elecciones no desempeñan de manera efectiva que los ciudadanos se- leccionen a candidatos y a partidos, y que llamen a cuen- tas sobre políticas públicas; además, los costos para su- pervisar la conducta de cada legislador es excesiva. Una
  • 5. 5.3 Sistema de financiación política que límite el tráfico de influencias y la distorsión en la equidad de representación 5 de las causas es la debilidad e los partidos políticos y la fragmentación partidaria. Los partidos políticos han sido relativamente débiles en la historia peruana: la adopción tardía del sufragio universal y la dominación de la oligar- quía sobre los partidos hizo que el surgimiento del sistema de partidos democrático sólo ocurriera en la transcición de la democracia -los ochentas-. Los partidos políticos en los ochentas, contaban con nu- merosos seguidores, además de una presencia organiza- cional. Sin embargo, la dirigencia era altamente perso- nalizada, poca democracia interna, visiones y prácticas excluyentes y antagónicas, y un enfoque patrimonialista en la conformación y el mantenimiento de las bases de apoyo social. Los partidos políticos vieron desaparecer su respaldo político, por los fracasos de gobernabilidad de los gobiernos de Belaúnde y García, la crisis econó- mica, la hiperinflación, el conflicto con Sendero Lumino- so, y las políticas antipolíitca y antidemocráticas de Fuji- mori. Entonces, los partidos fueron sustituidos por movi- mientos electorales más personalistas y débiles. El índice de volatilidad electoral de 1980 a 2000 fue de 51,8, el más alto de la región. El sistema de partidos se encuentra muy fragmentado y el apoyo partidista es efímero. Los partidos no son lo sufiencientemente ideológicos ni lo su- ficientemente organizados para presentar visiones nacio- nales de política y asegurar que aquellos elegidos por el partido lo sigan. Es posible que por eso, y por la incapa- cidad de hacer políticas creíbles, y la existencia de una ciudadanía poco informados, los electorales eligan a los ciudadanos de acuerdo a los atractivos de la personalidad del personaje de turno o en promesas de producir bene- ficios particularistas -obras públicas-. Los actores tienen pocos incentivos para buscar refor- mas de interés general, pues los costos y los obstáculos son grandes en comparación con los potenciales benefi- cios. Se percibe que es mejor los costos concentrados y de corto plazo, que los costos de las reformas de largo plazo inciertos y difusos. La falta de un entorno institu- cional fuerte acorta el horizonte temporal de los actores políticos, impide la posibilidad de lograr acuerdos entre la legislatura, y reduce la posibilidad de que los partidos o actores políticos sean recompensados por la implemen- tación de políticas de interés general. La fragmentación impide la rendición de cuentas, pues es difícil reconocer el mérito o culpar a los partidos por ciertos resultados de política. Hay una inadecuada organización del debate parlamentario; además de eso, los políticos son bastan- te personalistas, y buscan resultados más tangibles como son la fama, el patronazgo y otro beneficios para intereses especiales y propios. El voto preferencial hace que los le- gisladores atiendan demandas más locales que nacionales haciendo promesas sobra la creación de obras públicas, pese a que el Congreso no tiene iniciativa de Gasto. La incapacidad de que los partidos puedan imponer dis- ciplina ha sido acentuado por el sistema del voto prefe- rente. Este sistema hace que las elecciones se conviertan en una batalla de personalidades en la misma lista de par- tidos como entre las distintas colectividades. Esto refuer- za la naturaleza personalista de la justa electoral, agudiza las divisiones intrapartidistas, y disminuye la influencia de los dirigentes en el Legislativo. La popularidad de los partidos tienden a asociarse a un sólo dirigente, lo que ha- ce que los ciudadanos tengan pocos vínculos o intereses creados en las decisiones políticos; la credibilidad de los partidos tiende a asociarse del desempeño del gobierno de turno, lo cual no ha favorecido a los partidos en los últimos tiempos. La representación proporcional y la segunda vuelta ma- yoritaria tienden a fomentar la fragmentación de los parti- dos. En 2001, se redujo la proporcionalidad aumentando el número de congresistas de 80 a 120. El gran tamaño del distrito de Lima sigue fomentando la fragmentación de los partidos y a una débil conexión entre los electores y sus representantes, aunados a los pocos requisitos para obtener y mantener la personería jurídica. El poco prestigio de las colectividades políticas y del Congreso conduce a un círculo vicioso en que los ciu- dadanos no participen en los partidos o en la supervisión del Congreso, lo que provoca que se exiga un menor fi- nanciamiento del Congreso, en vez de inversiones para mejorar su capacidad. 5.3 Sistema de financiación política que lí- mite el tráfico de influencias y la distor- sión en la equidad de representación La financiación de los partidos ha sido generalmente pri- vada, carecía de límites, no estaba regulada, y ha sido a espaldas de la opinión pública. Las contribuciones ha sido de grandes donaciones dado por financiadores adinerados o grandes corporaciones. Esas donaciones por lo general se daban en especie (automóviles, tiempo en los medios de comunicación, espacios publicitarios pero el político o el partido tenía obligaciones hacia ellos. Esto ha contri- buido a la corrupción (contribuciones financieras a cam- bio de tratamiento privilegiado en la contratación oficial o en el cumplimiento de las normas)y al favoritismo en las decisiones relacionadas con políticas públicas, pero no ha provocado grandes escándalo sobre fondos provenientes del narcotráfico u organizaciones criminales. 5.4 Proporcionalidad entre los votos ad- quiridos y los escaños legislativos Los sistemas electores del Perú han favorecido que los partidos minoritarios tengan representación, cosa que ha contribuido más a la prominencia de los pequeños mo- vimientos personalistas. Existe una gran relación entre la proporción de votos y escaños obtenidos. Sin embargo, la ley actual de Partidos, tiende a no permitir la entrada y supervivencia de los partidos minoritarios.
  • 6. 6 10 VÉASE TAMBIÉN 5.5 Equidad de representación geográfica Dado que antes existía el sistema de distrito nacional, existe la costumbre de concentrar los esfuerzos en las re- giones más pobladas pues en estas zonas la inversión de recursos políticos, el patronazgo y los recursos de cam- paña rendirán mayores retornos en votos. Sin embargo, el sistema actual no es excesivamente desigual en términos de representación geográfica. 5.6 Equidad en la representación de géne- ro y grupos étnicos Las mujeres han logrado avances a estar representadas y tener presencias en las listas del congreso. El porcentaje de mujeres en el Congreso está por encima de la media. La actual Ley de Partidos Políticos exige que haya de un 25 a 30% de mujeres a las posiciones de dirigencia polí- tica dentro del partidos. Las minorías indígenes están su- brepresentadas. La representación efectiva de los grupos particulares como las mujeres, los indígenes o los grupos religiosos, son socavados por los valores culturales pre- valecientes, las barreras del lenguaje, la discriminación social y los obstáculos a la participación. 6 Capacidad para agregar las pre- ferencias ciudadanas y buscar consensos 6.1 Efectividad del Congreso como foro para la formulación de políticas nacio- nales Hay debilidades para diseñar políticas de largo plazo, una incapacidad para poner límites a las decisiones arbitrarias del Ejecutivo, y la existencia de la naturaleza vólatil e im- predecible de las políticas. Existe una falta de competen- cia de los legisladores -aunque existe unos pocos legis- ladores capaces y experimentados-, deficiencias en la or- ganización y procedimientos de la legislatura, una inade- cuada capacidad técnica y de investigación - que genera una incapacidad para analizar la factibilidad, costes e im- pactos económicos y sociales de las leyes-, poca transpa- rencia y apertura a la sociedad civil. La naturaleza per- sonalista de las comisiones legislativa, por lo general no tienen un respaldo de los partidos, impiden un funciona- miento eficiente del Congreso y debilitan la capacidad de los partidos para actuar como bancada. No existe canales de comunicación entre los grupos de la sociedad civil y las comisiones. La información que se da a la sociedad civil acusa deficiencias, y el contenido de las leyes no se difunde hasta que ésta sea aprobada. Pese a que existe un registro electrónico y en línea de las votaciones, su alcan- ce en la ciudadanía es limitado. 7 Rendición de cuentas 7.1 Control político al ejercicio de autori- dad entre las diferentes ramas y agen- cias del gobierno La constitución del Perú le da poderes al Legislativo para que controle las acciones y conducta del Poder Ejecuti- vo. También tiene otras funciones inherentes al sistema parlamentario como la capacidad de emitir censura a los ministros del gabinete y la de dar el voto de confianza. Además, tiene derecho a interpelar ministros, a solicitar datos e informes a los ministerios y otras agencias guber- namentales, a crear comisiones de investigación, a ejercer control sobre el presupuesto, a revisar y aceptar o recha- zar acciones legislativas del Ejecutivo, a realizar antejui- cios y juicios políticos y acusaciones constitucionales. A pesar de eso, el Legislativo no ha sido muy eficiente en la vigilancia y control del Ejectivo. Las razones son que las constituciones han dotado al Ejecutivo de amplios pode- res, la existencia de mayorías partidistas en el Congreso favorables al Ejecutivo, y a incentivos que limitan las ca- pacidades de control de Legislativo. Últimamente el Le- gislativo viene desarrollando sus poderes de control, aun- que irresponsablemente. La naturaleza personalista de los políticos tiende a buscar beneficios concretos. Ya que los congresistas no tienen poder de iniciativa de gasto, estos dependen del Ejecutivo. El poder judicial no desempeña efectivamente la capacidad de garantizar la constitucio- nalidad de las leyes y los abusos del poder Ejecutivo. 8 Elecciones De acuerdo a la Constitución Política del Perú de 1993, las elecciones presidenciales y congresales se realizan ca- da 5 años. 9 Órdenes • Orden El Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz [1] http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx? docnum=917346| Gobernabilidad en Perú, BID, pag 17-21 [2] http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx? docnum=917346 10 Véase también • Organización territorial de Perú
  • 7. 7 11 Enlaces externos • Congreso de la República del Perú • Primero-ministro del Perú • Presidencia del Perú • Tribunal Constitucional del Perú
  • 8. 8 12 TEXTO E IMÁGENES DE ORIGEN, COLABORADORES Y LICENCIAS 12 Texto e imágenes de origen, colaboradores y licencias 12.1 Texto • Política del Perú Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_del_Per%C3%BA?oldid=83095922 Colaboradores: Manuel González Olaechea y Franco, Bokpasa, Dodo, Rsg, Tano4595, Yakoo, Chalisimo5, Arístides Herrera Cuntti, Huhsunqu, Rembiapo poh- yiete (bot), Corvettehunt, Magister Mathematicae, Kokoo, OmegaSephirot, RobotQuistnix, Alhen, Oscar ., JMAPGGGonzalo, EOZyo, CEM-bot, Alex15090, Leopoldoquezada, Thijs!bot, Mahadeva, Botones, Isha, Mansoncc, Pólux, VolkovBot, Momoelf, Matdrodes, Muro Bot, Edmenb, PaintBot, Andersmusician, BOTarate, Belb, Fadesga, Botellín, UA31, AVBOT, David0811, LucienBOT, MastiBot, Perule- ro, Diegusjaimes, Amirobot, Marcomogollon, Alelapenya, SuperBraulio13, Igna, Aquawiki, AldanaN, Africanus, Grillitus, Emiduronte, Marcoantoniothomas, Addbot, Jarould y Anónimos: 68 12.2 Imágenes • Archivo:Lima_Palacio_Gobierno.JPG Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Lima_Palacio_Gobierno.JPG Licencia: Public domain Colaboradores: Maurice Chédel Artista original: Maurice Chédel • Archivo:Palaciojusticiaperu.jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Palaciojusticiaperu.jpg Licencia: Pu- blic domain Colaboradores: ? Artista original: ? • Archivo:Peru_Lima_Congreso_from_center_left.jpg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Peru_Lima_ Congreso_from_center_left.jpg Licencia: CC BY-SA 3.0 Colaboradores: Trabajo propio Artista original: AgainErick • Archivo:Spanish_Language_Wiki.svg Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Spanish_Language_Wiki.svg Licencia: CC BY-SA 3.0 Colaboradores: Derived from Wiki puzzle.svg by user:Kimbar Artista original: James.mcd.nz 12.3 Licencia de contenido • Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Related Documents