REVISIÓN INCIDENTAL:
R.I. 107/2015
QUEJOSO Y RECURRENTE:
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MAGISTRADO PONENTE:
FROYLÁN BORGES ARANDA
SECRETARIO:
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Como ejecutoras:
2.- La C. Consejera Jurídica del Ejecutivo Estatal, del
Estado de Méx...
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SEMESTRE DEL AÑO 2015, publicado en fecha 22
veintidós de diciembre de 2014 dos mil catorce, en el
número ...
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- Es propietario del vehículo marca **********, número
de serie **********, desde el mes de abril de dos mil...
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responsables su informe previo, con el apercibimiento que de ser
omisas en ello, con fundamento en el artí...
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al Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia
en Nezahualcóyotl, Estado de México, se re...
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necesidades del servicio, a este Tribunal Colegiado, en sustitución
del Magistrado Daniel Horacio Escudero...
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recurso
16. La interlocutoria recurrida se notificó por lista al
quejoso el dieciséis de febrero de dos mil ...
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índice, el cual cuenta con valor probatorio pleno en términos de lo
dispuesto en los artículos 129, 130 y ...
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Gaceta del Gobierno del Estado de México, así como
la publicación No. 2014 de la Gaceta Oficial del
Distrito...
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circular el **********
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31. Adujo, que de acorde con lo dispuesto en el
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
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los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad
que efectivamente se hayan hecho valer.
34. No obs...
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ACREDITAR EL INTERÉS SOCIAL.”.
b) El juez de distrito, de forma errónea se refirió a la
expedición del acuer...
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irreparable ocasionado el quejoso, en el entendido de
que como acto de imposible reparación se debe
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36. Asimismo, es pertinente establecer que los motivos
de disenso hechos valer por la parte quejosa se anali...
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dos mil catorce; y, la copia simple del ********** **********.
Constancias las anteriores, que fueron agr...
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México, se sustentó conforme a las siguientes consideraciones:
Por lo que hace a los efectos y consecuencias...
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violación, entre al estudio omitido, toda vez que este
proceder a nada práctico conduciría, puesto que
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CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA
QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN
RAZONAMIENTO AL RESPECTO.’, se advierte qu...
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el a quo, en el sentido de que el quejoso no desvirtúo con prueba
alguna la negativa de las responsables,...
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51. Ahora, como en el caso, las autoridades
responsables negaron la existencia de los actos reclamados, el
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54. Sin embargo, para resolver sobre la suspensión
definitiva, se reitera, no basta que el juez de Distri...
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la Nación, publicada en la página 147 del tomo II,
materia común, de la Quinta Época del Semanario
Judicial ...
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61. Argumentos que son infundados.
62. Para justificar tal afirmación, es oportuno indicar que
para que p...
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que fue correcta la negativa de la suspensión definitiva.
64. En relación con el segundo aspecto, consideran...
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ejercicio de un derecho o la continuación de una actividad, por sus
efectos positivos en la persona o en ...
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concreto se desprenda que la tardanza en resolver el asunto pueda
acarrear al promovente perjuicios irrepara...
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o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de
difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, d...
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X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de
suspensión en los casos y mediante las
condiciones que deter...
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131, párrafo segundo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan
con las no...
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Cuando en autos surjan elementos que
modifiquen la valoración que se realizó respecto
de la afectación que l...
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74. De la interpretación sistemática de los numerales
preinsertos, se destaca que, en términos generales,...
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****************************** todos los días de la semana, sin restricción
alguna.
79. En ese tenor, se adv...
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humanas que modifican o pueden modificar la
capa de ozono.
Que el Protocolo de Kyoto de la Convención
Mar...
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Distrito Federal, la Secretaría del Medio
Ambiente, tiene la facultad de limitar la
circulación de vehículos...
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recomendaciones para mejorar los beneficios
ambientales que aporta el Programa,
recomendando un escalonam...
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las fuentes móviles generan la mayoría de los
contaminantes y de los compuestos de efecto
invernadero. Este ...
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numeral 1, 28 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, 4, párrafo quinto, de la
Constitución ...
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(artículos 118, fracción IV, del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal, el Gobierno del
Distrito Federal...
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decir, que la medida cautelar la solicitó la entonces quejosa; sin
embargo, contrario a lo sostenido por ...
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Administrativos Desconcentrados denominados
Delegaciones Álvaro Obregón; Azcapotzalco; Benito
Juárez; Coyoac...
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El Verde, Tehuacán, Tepatlaxco de Hidalgo,
Telaltenango y Teziutlán; y en el Estado de Tlaxcala,
por los ...
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concederse la suspensión (permitir que circule su vehículo todos los
días sin restricción alguna) se contrav...
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comprende la citada Megalópolis, por lo que resulta necesario
desincentivar su uso, estableciendo mayores...
Ponderacion medio ambiente para suspension
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Ponderación medio ambiente para suspensión
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Transcripts - Ponderacion medio ambiente para suspension

  • 1. REVISIÓN INCIDENTAL: R.I. 107/2015 QUEJOSO Y RECURRENTE: ********** MAGISTRADO PONENTE: FROYLÁN BORGES ARANDA SECRETARIO: ISIDRO JARAMILLO OLIVARES Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión de veintiuno de mayo de dos mil quince. V I S T O S los autos del recurso de revisión R.I. 107/2015, interpuesto por **********, por propio derecho, contra la interlocutoria dictada por el Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, el trece de febrero de do mil quince, en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto **********; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Trámite del juicio de amparo indirecto Demanda de amparo 1. Por escrito recibido el veintitrés de enero de dos mil quince, en la Oficialía de Partes del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, **********, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que a continuación se precisan: “III. AUTORIDADES RESPONSABLES. A) DEL ESTADO DE MÉXICO Como ordenadora: 1.- El C. Secretario del Medio Ambiente del Gobierno
  • 2. R.I. 107/2015 del Estado de México. Como ejecutoras: 2.- La C. Consejera Jurídica del Ejecutivo Estatal, del Estado de México. 3.- El C. Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México. 4.- El C. Procurador de Protección al Ambiente del Estado de México. 5.- El C. Director de Seguridad Pública del Gobierno del Municipio de Nezahualcóyotl. 6.- El C. Director General de Seguridad Pública del Gobierno del Municipio de La Paz, Estado de México. 7.- El C. Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México. 8.- El C. Director de Seguridad Pública, del Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México. 9.- El C. Director de Seguridad Pública y Tránsito, del Municipio de Chalco, Estado de México. B) Del Distrito Federal Como ordenadoras: 10.- La C. Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Como ejecutoras: 11.- El C. Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Distrito Federal. 12.- El C. Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. 13.- El C. Director Ejecutivo de Vigilancia Ambiental, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal”. “IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME UNO. EL NUMERAL 1.3.1. ‘CONSTANCIA TIPO CERO ‘0’ DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA PARA EL PRIMER 2
  • 3. R.I. 107/2015 3 SEMESTRE DEL AÑO 2015, publicado en fecha 22 veintidós de diciembre de 2014 dos mil catorce, en el número 123 ciento veintitrés de la Gaceta del Gobierno del Estado de México. Consistente en la ilegalidad de los requerimientos en los límites máximos de emisiones para automotores a gasolina, toda vez, que para la obtención de la constancia tipo ‘0’ se exigen niveles de emisiones no previstos por la Norma Oficial Mexicana. (Se transcribe) … DOS. EL NUMERAL 1.3.1 ‘CONSTANCIA TIPO CERO ‘0’, DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015, publicado en fecha 22 veintidós de diciembre de 2014 dos mil catorce, en el número 123 ciento veintitrés de la Gaceta del Gobierno del Estado de México. Consistente en la restricción para la obtención de la constancia ‘0’, derivado de la discriminación de la que soy objeto, por ser propietario de un vehículo modelo 1992, es decir, no se encuentra dentro del segmento privilegiado de los años-modelo 2007 dos mil siete a 2015 dos mil quince. Tal y como se advierte del inciso a) del precepto en comento, y que en lo que interesa versa: (Se transcribe). TRES. De la publicación N° 2014 de la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 24 de veinticuatro de diciembre de 2014; consistente en el ‘PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR OBLIGATORIA PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015’, en particular las disposiciones visibles en los numerales 7, 7.4, 7.4.1, 11, 11.2 (Los transcribe). CUATRO. De igual forma, los preceptos 3.4 en relación con el diverso numeral 3.4.1 del programa de verificación que se combate ‒programa de verificación del Estado de México‒…”. Antecedentes 2. El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó conceptos de violación; exponiendo como hechos de su demanda los siguientes:
  • 4. R.I. 107/2015 - Es propietario del vehículo marca **********, número de serie **********, desde el mes de abril de dos mil diez, automotor de procedencia extranjera (Canadá) internado legalmente al país mediante el decreto de “Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de dos mil uno, por ende, se expidió constancia de inscripción por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Secretaría de Economía, número **********de treinta de noviembre de dos mil uno, asignándosele las placas ********** del Estado de **********. - Por convenir a sus intereses realizó los trámites de cambio de propietario y domicilio ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, asignándose las placas metálicas y el engomado número******************** - En veinticuatro de julio de dos mil catorce, promovió demanda de amparo en contra del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Segundo Semestre de dos mil catorce, toda vez que le causó perjuicio la publicación de las nuevas disposiciones del programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el primer semestre del dos mil catorce, en razón de que se restringió la circulación del vehículo propiedad del quejoso, un día a la semana (viernes) y todos los sábados del mes, es decir, ningún sábado del año podría circular, por ser un modelo mil novecientos noventa y dos y detentar holograma********** - Presentada la demanda y substanciada en sus términos, el siete de noviembre de dos mil catorce, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, concedió el amparo solicitado. - Inconforme con la resolución anterior, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México y otras autoridades interpusieron recurso revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, en esta entidad federativa, registrado bajo el número **********. Trámite de la demanda de amparo 3. Admitida la demanda de que se trata, el Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil quince, integró por duplicado el incidente respectivo y, solicitó a las autoridades 4
  • 5. R.I. 107/2015 5 responsables su informe previo, con el apercibimiento que de ser omisas en ello, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se harían acreedores a una corrección disciplinaria, consistente en una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, señaló fecha y hora para que se llevara a cabo la audiencia incidental y negó la suspensión provisional de los actos reclamados. 4. En ese mismo auto se precisó que, por lo que se refiere al acto reclamado, resultaba improcedente conceder la medida cautelar, dado que la concesión de la suspensión de los mismos produciría la afectación del interés social y la contravención a disposiciones de orden público. 5. En acuerdo de diez de febrero de dos mil quince, se tuvo al Director General de Asuntos Jurídicos en representación del Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana, rindiendo su informe previo; asimismo, por auto de doce siguiente, se tuvo a las autoridades responsables Consejera Jurídica del Ejecutivo Estatal, Subdirector “A” de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valle de Chalco, Director de Seguridad Pública Municipal de La Paz, todos del Estado de México, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Director Ejecutivo de Vigilancia Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, Consejero Jurídico y Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, rindiendo los informes previos. 6. En el mismo auto, se dejó de tener como autoridad responsable al Director de Seguridad Pública del Gobierno del Municipio de Nezahualcóyotl, toda vez que no existe. 7. Asimismo, se tuvo por recibido el escrito del quejoso mediante el cual interpuso recurso de queja contra el auto que negó la suspensión provisional, dio el trámite correspondiente y lo remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, en esta entidad federativa. 8. Por razón de turno le tocó conocer de dicho recurso
  • 6. R.I. 107/2015 al Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, se registro bajo el número **********; quien el dieciséis de febrero de este año, determinó declarar sin materia el recurso de queja. Audiencia incidental 9. Tramitado el incidente de suspensión en todas sus etapas procesales, el trece de febrero de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia incidental, en la que el Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, hizo una relación de constancias; tuvo por rendidos los informes de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, del Titular de la Coordinación Jurídica, en representación de la Secretaría del Medio Ambiente y Procurador de Protección al ambiente, estos últimos del Estado de México. 10. Posteriormente, dictó resolución interlocutoria, en el sentido de negar la suspensión definitiva. SEGUNDO. Trámite del recurso de revisión 11. Inconforme con la anterior determinación, **********, por propio derecho, interpuso recurso de revisión, del que por razón de turno correspondió conocer a este Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, cuyo Magistrado presidente por acuerdo de doce de marzo de dos mil quince, formó y admitió el expediente respectivo bajo el número de registro R.I. 107/2015; asimismo, se ordenó dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló alegatos. Turno 12. Cabe precisar, que el doce de marzo de dos mil quince, se certificó la conclusión de los efectos de la readscripción temporal del Magistrado Froylán Borges Aranda en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco; y por tanto, su readscripción por 6
  • 7. R.I. 107/2015 7 necesidades del servicio, a este Tribunal Colegiado, en sustitución del Magistrado Daniel Horacio Escudero Contreras, a partir del dieciséis de marzo del año en curso, según se indicó en oficio SEADS/214/2015, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. 13. En consecuencia, por auto de diecisiete de marzo del año que transcurre, para los efectos del artículo 52 de la Ley de Amparo, se ordenó comunicar a las partes la integración de este tribunal colegiado, conformado por los Magistrados Jorge Arturo Sánchez Jiménez, Miguel Enrique Sánchez Frías y Froylán Borges Aranda. 14. Por acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil quince, con fundamento en los artículos 183 de la Ley de Amparo vigente y 41, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se turnó el asunto a la ponencia del Magistrado Froylán Borges Aranda, a efecto de que formulara el proyecto de resolución correspondiente C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia 15. Este tribunal es competente para conocer del presente recurso, conforme lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso a), 84, 86 y 91, de la Ley de Amparo y, 37, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Circuito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un recurso de revisión interpuesto contra sentencia dictada en un incidente de suspensión, emitida por un juzgado de distrito en esta ciudad. SEGUNDO. Oportunidad en la interposición del
  • 8. R.I. 107/2015 recurso 16. La interlocutoria recurrida se notificó por lista al quejoso el dieciséis de febrero de dos mil quince, y dicha notificación surtió sus efectos legales al día siguiente; por lo que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que se interpusiera el presente recurso transcurrió del dieciocho de febrero al tres de marzo del mismo año. 17. Descontándose del cómputo correspondiente los días veintiuno, veintidós y veintiocho de febrero, así como uno de marzo del año que transcurre, por haber sido inhábiles, conforme a lo previsto en los artículos 19 de la Ley de Amparo, 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 18. De tal forma que si el escrito de expresión de agravios fue presentado el veintitrés de febrero del año que transcurre, su interposición fue oportuna, como se ilustra a continuación: FechaFecha notificaciónnotificación SurteSurte efectosefectos ElEl términotérmino transcurriótranscurrió DíasDías inhábilesinhábiles PresentaciónPresentación deldel escritoescrito dede agravios.agravios. 16 de febrero de 2015 17 de febrero de 2015 18 de febrero al 3 de marzo de 2015 21, 22, 28 de febrero y 1 de marzo de 2015. 23 de febrero de 2015 TERCERO. Legitimación 19. Este recurso de revisión incidental fue interpuesto por parte legitima, en razón de que lo presentó el quejoso en el juicio de amparo indirecto, contra la resolución que negó la suspensión definitiva solicitada en el mismo, de ahí que lo faculta lo dispuesto por los artículos 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado 20. El Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, tuvo por presuntamente demostrada la existencia del acto reclamado, y para constatarlo, remitió los autos originales del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto ****************************************, de su 8
  • 9. R.I. 107/2015 9 índice, el cual cuenta con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo. QUINTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto 21. Las consideraciones en que se sustentó la sentencia interlocutoria dictada en audiencia incidental que ahora se revisa, constan en la foja ciento cincuenta y dos a ciento cincuenta y nueve del cuaderno formado con motivo del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto ******************************, que por razones de obviedad y economía procesal no se transcriben, pero se tienen por reproducidas y a la vista al momento de resolver el presente recurso y se sintetizan a continuación, para mejor comprensión del asunto: 22. Precisó que el Comisariado Estatal de Seguridad Ciudadana, Consejera Jurídica del Ejecutivo Estatal, Subdirector “A” de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valle de Chalco, Director de Seguridad Pública Municipal de La Paz, todos del Estado de México, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Director Ejecutivo de Vigilancia Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, al rendir sus informes previos negaron la existencia del acto que se les atribuyó, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa, por lo cual invocó la jurisprudencia 286, de título: “INFORME PREVIO”. 23. Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría del Medio Ambiente y Procurador de Protección al ambiente del Estado de México, al rendir sus informes previos aceptaron la existencia de los actos reclamados, relativos al “numeral 1.3.1, constancia tipo “0”, del programa de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre del año 2015, publicado el 22 veintidós de diciembre de 2014 dos mil catorce, en el número 123 ciento veintitrés de la
  • 10. R.I. 107/2015 Gaceta del Gobierno del Estado de México, así como la publicación No. 2014 de la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 24 de veinticuatro de diciembre de 2014; consistente en el programa de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre del año 2015, en particular las disposiciones 7, 7.4, 7.4.1, 11 y 11.2; y los preceptos 3.4 en relación con el diverso numeral 3.4.1 del programa de verificación que se combate.”. 24. Tuvo presuntivamente por cierto el acto reclamado al Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ixtapaluca y Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Chalco, Estado de México, en razón de que fueron omisos en rendir sus informes previos. 25. De lo expuesto, coligió negar la suspensión definitiva, conforme lo establecido en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, así como de lo dispuesto en la fracción X del artículo 107 constitucional, respecto al acto reclamado consistente en la “expedición y firma del programa de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre del año dos mil quince y expedición del acuerdo que establece las medidas para limitar la circulación de los vehículos automotores en los municipios conurbados del Estado de México de la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM) (hoy no circula) para controlar y reducir la contaminación atmosférica y contingencia ambientales atmosféricas y programa de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre del año 2015”, en virtud de que es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes. 26. Ello, por que la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no estás en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que pudiese perjudicar a la parte quejosa, es materia de la sentencia que se dicte en el fondo del amparo del que deriva el incidente de suspensión. Invocó al respecto la tesis de título: “SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY”. 27. Por lo que hace a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, referente al impedimento de 10
  • 11. R.I. 107/2015 11 circular el ********** ************************************************************* *******************que señaló el quejoso que es de su propiedad, un día a la semana y todos los sábados de cada mes con motivo de la entrada en vigor del programa de verificación vehicular obligatorio para el primer semestre del año dos mil quince, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, el veintidós de diciembre de dos mil catorce, mismo que entró en vigor el uno de enero de la presente anualidad, negó la medida cautelar, toda vez que no se satisfizo en su totalidad los requisitos establecidos el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, relativo a que solo se debe decretar la medida cautelar, cuando no se siga perjuicio al interés social, de lo contrario, se darían efectos restitutorios a dichos actos a través de la suspensión. 28. Estableció que de concederse la suspensión de los actos reclamados, produciría la afectación del interés social y la contravención a disposiciones de orden público, dado que a virtud de la suspensión se permitiría que circulara el ******************** ********** de procedencia, extranjera (Canadá), todos los días de la semana, esto es, que quedará exento del programa “hoy no circula”. 29. Consideró que el “orden público” y el “interés social”, se afectan cuando con la suspensión solicitada se priva a la colectividad de un beneficio que le otorga la ley o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Al respecto citó la tesis de jurisprudencia 522, de título “SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA”. 30. Señaló que la ratio legis del programa “hoy no circula”, es evitar los altos índices de contaminación atmosférica, que generan la gran cantidad de vehículos que circulan en la zona metropolitana, y con ello la protección de la salud de la población en general, por lo que se negó la suspensión definitiva, pues consideró debe prevalecer el interés de la sociedad en proteger la salud de las personas vulnerables a esos contaminantes que el interés particular del quejoso.
  • 12. R.I. 107/2015 31. Adujo, que de acorde con lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el programa “hoy no circula”, restringe la circulación de los vehículos automotores en los términos y modalidades que señala el referido programa, por lo que se sustenta en la protección del medio ambiente como garantía constitucional de todo gobernado de desarrollarse en un medio ambiente sano lo que repercute en la salud de las personas. SEXTO. Agravios 32. Los motivos de disenso formulados por el recurrente, glosados de la foja cinco a la trece del presente expediente, se tienen por reproducidos íntegramente, dado que no existe ningún ordenamiento jurídico que obligue a este tribunal colegiado a llevar a cabo su trascripción. 33. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2ª/J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, cuyo rubro y texto son: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien 1 consultable en la página ochocientos treinta del Tomo Trigésimo Primero; mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 12
  • 13. R.I. 107/2015 13 los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. 34. No obstante lo anterior, para dar mayor claridad al sentido en que habrá de pronunciarse esta ejecutoria, se sintetizan a continuación, siguiendo el orden propuesto por el artículo 189 de la Ley de Amparo, esto es, atendiendo a su prelación lógica: a) El juez de distrito no aplicó los extremos de los preceptos 143 y 144 de la Ley de Amparo, pues debió admitir el original de la carta patronal con folio 016, expedida por el Doctor Juan Antonio de la Fuente Pineda, en su calidad de director de la unidad **********; la copia certificada del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, suscrita por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, en veinticuatro de noviembre de dos mil catorce; y, la copia simple del ********** ********** Constancias las anteriores, que fueron agregadas tanto en el expediente principal como en el incidental, y que vinculan el ********** Al respecto, citó la tesis de título: “PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J.92/97).”. Lo anterior, sumado a que en un juicio de amparo principal, la prueba ofrecida por cualquiera de las partes queda dentro del mismo, así que al resolver, el juez de distrito debe otorgar el mismo valor probatorio a los originales, copias certificadas o copias simples que obran en un diverso cuaderno del mismo asunto, esto es así, porque resulta de mayor entidad atender con justicia los reclamos de los quejosos, que privilegiar tecnicismos y formalidades. Además, la copia simple del certificado de verificación aludida es suficiente para la procedencia de la concesión de la suspensión definitiva, pues en esa etapa no es exigencia legal su demostración total. En ese sentido, invoca el criterio de rubro: “COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. TIENEN VALOR INDICIARIO SUFICIENTE PARA
  • 14. R.I. 107/2015 ACREDITAR EL INTERÉS SOCIAL.”. b) El juez de distrito, de forma errónea se refirió a la expedición del acuerdo que establece las medidas para limitar la circulación de los vehículos automotores en los municipios conurbados del Estado de México; sin embargo, ello no se reclamó, lo que se traduce en una incongruencia en la determinación. c) Resulta incorrecto el señalamiento realizado por el a quo, en el sentido de que el quejoso no desvirtúo con prueba alguna la negativa de las responsables, pues la prueba es la ley, reglamento u otro cuerpo legislativo respecto del cual las responsables se ciñen en su actuación. Lo anterior, es acorde con el principio “El Derecho no es objeto de prueba”. Al respecto, cita las tesis de títulos: “LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA”, “PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.”, “INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTOS EN EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO.”. Ahora, si el a quo tuvo por aceptado los actos imputados al Secretario del Medio Ambiente del Estado de México, en su calidad de responsable ordenadora, es evidente que la Consejera Jurídica del Ejecutivo Estatal, tiene atribuciones, conforme a las disposiciones de la ley orgánica, para publicar el programa de verificación. d) No es acertada la apreciación del a quo, pues la suspensión provisional sólo busca un efecto restitutorio provisional y anticipado en términos del artículo 147 de la ley de la materia. Efectivamente, El juzgador de distrito omitió ponderar que la medida cautelar es permitir precautoriamente se realice la prueba de verificación de emisiones contaminantes con la posibilidad de obtener la constancia tipo “0” cero, absteniéndose de aplicar la antigüedad del vehículo, considerando que el automotor fue verificado y aprobado en el segundo semestre del dos mil catorce. e) El a quo no realizó un adecuado análisis de la sección relativa a la suspensión provisional del acto reclamado, pues omitió ponderar el eminente daño 14
  • 15. R.I. 107/2015 15 irreparable ocasionado el quejoso, en el entendido de que como acto de imposible reparación se debe entender a aquél que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y Tratados Internacionales, conforme al precepto uno 1 de nuestra Carta Magna. Así, conforme al numeral 19 de la Ley de Amparo, el juez de distrito cuenta aproximadamente con ciento treinta y dos días para resolver los asuntos, en el caso, la vigencia del programa vehicular es de seis meses, por lo que debe ponderarse esa circunstancia para advertir un daño de imposible reparación, pues son rebasados los términos y plazos para obtener una ejecutoria. Al respecto, cita la tesis de título: “ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS.”. f) El juzgador de distrito, al negar la suspensión provisional fundó su decisión en el precepto 128 de la ley de la materia, sin considerar el diverso 107, fracción X, y proceder al análisis de ponderación entre la apariencia de buen derecho y el interés social. En ese sentido, la apariencia de buen derecho no puede servir como justificante para negar la suspensión del acto reclamado. Al respecto, citó la tesis de título: “SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.”. SÉPTIMO. Estudio y resolución de agravios Suplencia de la queja deficiente 35. En el caso no resulta procedente suplir la queja deficiente en favor de la parte recurrente, pues el presente asunto no se encuentra en los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Forma de analizar los conceptos de violación
  • 16. R.I. 107/2015 36. Asimismo, es pertinente establecer que los motivos de disenso hechos valer por la parte quejosa se analizaran en un orden diverso al planteado por ésta, lo que no atenta con las obligaciones de este tribunal colegiado, respecto al contenido de sus ejecutorias, como se desprende de la jurisprudencia de un similar que se comparte y cuyo rubro enseguida se cita: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.2 Decisión 37. Los dos primeros motivos de disenso hechos valer por el recurrente son fundados pero inoperantes, y los restantes infundados; por tanto, se anticipa, lo que procede es confirmar la resolución recurrida y negar la suspensión definitiva. Agravios fundados pero inoperantes 38. En efecto, en los agravios sintetizados en los incisos a) y b), los cuales se analizarán de forma conjunta, el recurrente indica:  El juez de distrito no aplicó los extremos de los preceptos 143 y 144 de la Ley de Amparo, pues debió admitir el original de la ********** la copia certificada del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, suscrita por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, en veinticuatro de noviembre de 2 Los datos de identificación son los siguientes: Novena Época. Registro: 167961. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXIX, Febrero de 2009. Materia(s): Común. Tesis: VI.2o.C. J/304. Página: 1677. Su texto es: “El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 16
  • 17. R.I. 107/2015 17 dos mil catorce; y, la copia simple del ********** **********. Constancias las anteriores, que fueron agregadas tanto en el expediente principal como en el incidental, y que vinculan el ********** Lo anterior, sumado a que en un juicio de amparo principal, la prueba ofrecida por cualquiera de las partes queda dentro del mismo, así que al resolver, el juez de distrito debe otorgar el mismo valor probatorio a los originales, copias certificadas o copias simples que obran en un diverso cuaderno del mismo asunto, esto es así, porque resulta de mayor entidad atender con justicia los reclamos de los quejosos, que privilegiar tecnicismos y formalidades. Además, la copia simple del certificado de verificación aludida es suficiente para la procedencia de la concesión de la suspensión definitiva, pues en esa etapa no es exigencia legal su demostración total.  El juez de distrito, de forma errónea se refirió a la expedición del acuerdo que establece las medidas para limitar la circulación de los vehículos automotores en los municipios conurbados del Estado de México; sin embargo, ello no se reclamó, lo que se traduce en una incongruencia en la determinación. 39. Argumentos que son fundados pero inoperantes. 40. Esto es así, porque si bien es verdad que en la audiencia incidental no se hizo referencia a ninguna de dichas constancias, y el quejoso no reclamó la expedición del acuerdo que establece las medidas para limitar la circulación de los vehículos automotores en los municipios, también lo es, que esas circunstancias no trascendieron al resultado del fallo. 41. En efecto, la negativa de la suspensión definitiva, dictada por el Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de
  • 18. R.I. 107/2015 México, se sustentó conforme a las siguientes consideraciones: Por lo que hace a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, no se satisfacen los requisitos establecidos el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, relativo a que solo se debe decretar la medida cautelar, cuando no se siga perjuicio al interés social, de lo contrario, se darían efectos restitutorios a dichos actos a través de la suspensión. Estableció que de concederse la suspensión de los actos reclamados, produciría la afectación del interés social y la contravención a disposiciones de orden público. 42. Así, no es verdad que si se hubieran relacionado las pruebas a que alude, la decisión del juzgador de amparo fuere otra, pues aquellos medios de convicción no controvierten lo decidido por el a quo, en el sentido de que no se corroboró la ausencia del perjuicio al interés social ni la contravención al orden público, tampoco se desvirtúan los efectos restitutorios, que dijo el juez de amparo, se tendrían caso de otorgar la medida cautelar. 43. Es aplicable por identidad jurídica la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 162, Tomo VII, febrero 1991, Octava Época, registro 223523, de título y contenido: “CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO PERO INOPERANTE. EL AMPARO DEBE NEGARSE Y NO CONCEDERSE PARA EFECTOS. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones esgrimidas por el quejoso, pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que van al fondo de la cuestión debatida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea para que la responsable, reparara la 18
  • 19. R.I. 107/2015 19 violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la responsable, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a los intereses del quejoso; de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar el amparo.”. 44. En ese sentido, al ser inoperantes los motivos de disenso que anteceden, ello impide abordar el análisis o efectuar algún pronunciamiento sobre las tesis que invoca el justiciable, de títulos: “PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J.92/97).”, y “COPIAS SIMPLES DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. TIENEN VALOR INDICIARIO SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS SOCIAL.”., esto es así, porque el objeto de la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un determinado criterio; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las tesis invocadas en la demanda de amparo 45. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, de título y contenido: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA. Del análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: ‘TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO
  • 20. R.I. 107/2015 CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.’, se advierte que la obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas constituyen o son parte de los argumentos de la demanda de amparo como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de violación, así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto es, que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de amparo3.” Agravios infundados 46. En el agravio sintetizado en el inciso c), el recurrente indica que resulta incorrecto el señalamiento realizado por 3 Publicada en la página 3552, del libro III, diciembre de 2011, tomo 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 20
  • 21. R.I. 107/2015 21 el a quo, en el sentido de que el quejoso no desvirtúo con prueba alguna la negativa de las responsables, pues la prueba es la ley, reglamento u otro cuerpo legislativo respecto del cual las responsables se ciñen en su actuación. Lo anterior, aduce, es acorde con el principio “El Derecho no es objeto de prueba”. 47. Asimismo, agrega que, si el a quo tuvo por aceptado los actos imputados al Secretario del Medio Ambiente del Estado de México, en su calidad de responsable ordenadora, es evidente que la Consejera Jurídica del Ejecutivo Estatal, tiene atribuciones, conforme a las disposiciones de la ley orgánica, para publicar el programa de verificación. 48. Argumento que, como se anticipó, es infundado. 49. En efecto, se califica de tal manera dicho motivo de disenso, porque, como lo advirtió el a quo, las autoridades responsables Comisariado Estatal de Seguridad Ciudadana, Consejera Jurídica del Ejecutivo Estatal, Subdirector “A” de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valle de Chalco, Director de Seguridad Pública Municipal de La Paz, todos del Estado de México, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Director Ejecutivo de Vigilancia Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y Consejero Jurídico y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, al rendir sus informes previos negaron la existencia de los actos reclamados. 50. Así, ante tal situación (negativa de actos) en la interlocutoria recurrida el juez de distrito negó la suspensión definitiva de dichos actos porque al rendir sus informes las referidas autoridades responsables negaron los actos atribuidos, decisión que lleva a establecer que no se acreditó el primer requisito que deriva de la interpretación conjunta del artículo 107, fracción X, constitucional y 128 de la Ley de Amparo, relacionado con la presunción de existencia del acto reclamado, el que debe quedar satisfecho porque de aparecer que no existe el acto, la consecuencia ineludible es que se niegue la medida cautelar por no existir materia sobre la cual pueda versar.
  • 22. R.I. 107/2015 51. Ahora, como en el caso, las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, el entonces quejoso tenía la carga de acreditar su existencia. 52. Así, con sus manifestaciones no se desvirtúa la negativa de los actos reclamados que les atribuyó a las mencionadas autoridades responsables, pues era necesario que ofreciera prueba para demostrar, al menos de manera indiciaria, la existencia de los actos reclamados, debiendo destacarse que tales manifestaciones pueden ser útiles cuando deba resolverse sobre la suspensión provisional de los actos reclamados, por ser los únicos datos con los que, en ese momento, cuenta el juez de distrito, pero no cuando se resuelva sobre la suspensión definitiva, porque se entiende que el juez cuenta con mayores elementos, como son los informes previos y, en su caso, las pruebas rendidas por las partes. 53. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 2a./J. 5/93 del tomo 68, correspondiente al mes de agosto de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto dicen: “SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo”. 22
  • 23. R.I. 107/2015 23 54. Sin embargo, para resolver sobre la suspensión definitiva, se reitera, no basta que el juez de Distrito se base en las manifestaciones hechas en la demanda de amparo, debido a que en ese momento procesal ya cuenta con mayores elementos para resolver, dado que las partes están obligadas a ministrarle los datos y las pruebas pertinentes, con vista de lo manifestado en el informe previo de las autoridades responsables. 55. Por tal razón, si al resolver sobre la suspensión definitiva, el juez federal, encuentra que no hay prueba que acredite indiciariamente el acto reclamado, puede negar la medida cautelar solicitada, no obstante las manifestaciones que en sentido afirmativo se hayan formulado en la demanda, pues se entiende que el entonces quejoso tiene siempre la carga de demostrar, al menos indiciariamente, la existencia del acto reclamado. 56. Por tanto, si el hoy recurrente, no acreditó indiciariamente la existencia de los actos reclamados a las autoridades aludidas, fue correcto que en la interlocutoria recurrida se negara la suspensión definitiva solicitada respecto de dichas autoridades. 57. Justifica la determinación anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 667 del tomo I, materia común, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación; cuyo rubro y texto es el siguiente: “SUSPENSIÓN. Es improcedente decretarla en los casos en que no existe un acto real y concreto, cuyos efectos pudieran suspenderse.” 58. También es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
  • 24. R.I. 107/2015 la Nación, publicada en la página 147 del tomo II, materia común, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación; cuyo rubro y texto es el siguiente: “SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Tiene por base forzosa la existencia del amparo, y, en tanto que éste no exista, no puede decretarse la suspensión.” 59. En ese sentido, no son aplicables en beneficio del quejoso las tesis que invocó, de títulos: “LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA”, “PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.”, “INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTOS EN EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO.”. 60. Ahora, en los agravios sintetizados en los incisos d), e) y f), el recurrente insiste en que debió otorgarse la suspensión definitiva, pues estima que el a quo: i) omitió considerar el daño irreparable que se le ocasionaría; ii) no advirtió que la medida cautelar únicamente busca un efecto restitutorio provisional; y, iii) omitió ponderar la apariencia del buen derecho y el intereses social4. 4 d) No es acertada la apreciación del a quo, pues la suspensión provisional sólo busca un efecto restitutorio provisional y anticipado en términos del artículo 147 de la ley de la materia. Efectivamente, El juzgador de distrito omitió ponderar que la medida cautelar es permitir precautoriamente se realice la prueba de verificación de emisiones contaminantes con la posibilidad de obtener la constancia tipo “0” cero, absteniéndose de aplicar la antigüedad del vehículo, considerando que el automotor fue verificado y aprobado en el segundo semestre del dos mil catorce. e) El a quo no realizó un adecuado análisis de la sección relativa a la suspensión provisional del acto reclamado, pues omitió ponderar el eminente daño irreparable ocasionado el quejoso, en el entendido de que como acto de imposible reparación se debe entender a aquél que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y Tratados Internacionales, conforme al precepto uno 1 de nuestra Carta Magna. Así, conforme al numeral 19 de la Ley de Amparo, el juez de distrito cuenta aproximadamente con ciento treinta y dos días para resolver los asuntos, en el caso, la vigencia del programa vehicular es de seis meses, por lo que debe ponderarse esa circunstancia para advertir un daño de imposible reparación, pues son rebasados los términos y plazos para obtener una ejecutoria. Al respecto, cita la tesis de título: “ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS.”. f) El juzgador de distrito, al negar la suspensión provisional fundó su decisión en el precepto 128 de la ley de la materia, sin considerar el diverso 107, fracción X, y proceder al análisis de ponderación entre la apariencia de buen derecho y el interés social. En ese sentido, la apariencia de buen derecho no puede servir como justificante para negar la suspensión del acto reclamado. Al respecto, citó la tesis de título: “SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE 24
  • 25. R.I. 107/2015 25 61. Argumentos que son infundados. 62. Para justificar tal afirmación, es oportuno indicar que para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, de conformidad con los artículos 107, fracción X5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, se requiere analizar, por regla general, los siguientes aspectos: A) La presunción de existencia del acto reclamado6. B) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; C) Que exista solicitud del agraviado; D) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, E) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. 63. Requisitos que en el caso no se colmaron, de ahí ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.”. 5 Art 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (…) X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes; (…)” 6 Al respecto, ver la jurisprudencia 2a./J.5/93 publicada en la página 12, tomo 68, agosto de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: “SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE”.
  • 26. R.I. 107/2015 que fue correcta la negativa de la suspensión definitiva. 64. En relación con el segundo aspecto, considerando el motivo de disenso d) 7, cabe enfatizar que el artículo 107, fracción X, constitucional, dispone que para conceder la suspensión se tomara en cuenta, entre otros elementos, “la naturaleza de la violación alegada”, de donde se deriva la obligación de verificar si el acto reclamado es susceptible de suspenderse. 65. Sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una serie de tesis en relación con los actos que acorde con su naturaleza admiten paralización, de donde se puede obtener que es improcedente conceder la suspensión respecto de: a) actos negativos, porque sería otorgar a la medida cautelar efectos restitutorios propios del juicio de amparo8; b) actos consumados en todas sus consecuencias, porque equivaldría a darle efectos restitutorios a la suspensión9; c) actos declarativos sin ejecución; d) actos futuros probables o inciertos10; e) actos del proceso legislativo de una ley cuando se llevan a cabo11; y f) los efectos de las leyes autoaplicativas que conciernen al patrimonio del Estado o atañen a las funciones esenciales de éste, así como a las que tocan a su organización conforme a las bases fundamentales establecidas en la Constitución12. 66. En cambio, son susceptibles de suspenderse: a) actos positivos; b) actos continuos o continuados (de tracto sucesivo), para que se detengan sus efectos o no se sigan verificando, evitando que se consumen de forma irreparable13; c) actos prohibitivos del 7 Relativo a que la suspensión provisional sólo busca un efecto restitutorio provisional y anticipado en términos del artículo 147 de la ley de la materia. 8 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, t. XVIII, p. 235, de rubro: “ACTOS NEGATIVOS”. 9 Jurisprudencia 12, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. VI, materia común, p.13 de rubro: “ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE”. 10 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, t.LVIII, p.1902, de rubro: “ACTOS FUTUROS E INCIERTOS” 11 Jurisprudencia 356, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. I, Materia Constitucional, p.409, de rubro: “LEYES SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA LA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LEYES”. 12 Jurisprudencia 354, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. I, materia constitucional, p. 407, de rubro: “LEYES, SUSPENSIÓN CONTRA LAS, IMPROCEDENTE”. 26
  • 27. R.I. 107/2015 27 ejercicio de un derecho o la continuación de una actividad, por sus efectos positivos en la persona o en su patrimonio14; d) actos negativos con efectos positivos, que por lo regular son aquellos que revocan o anulan un derecho15; e) actos declarativos con principio de ejecución16; f) actos de inminente realización17. 67. Ahora bien, la mayor parte de los criterios sobre la suspensión del acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, datan de la integración de la Quinta Época, y constituyen tesis casuísticas, que en realidad pueden reagruparse bajo un solo punto de partida: “los efectos del acto”. Así es, en realidad lo que se suspende son los efectos del acto, de ahí que si carecen de éstos no hay materia qué suspender, por el contrario, si los tiene y no se han ejecutado, o bien, se están ejecutando, el acto puede suspenderse. 68. En ese orden de ideas, si el acto no es susceptible de paralizarse, la suspensión solicitada será improcedente con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Ley de Amparo, salvo que de una apreciación de carácter provisional se desprenda la posible inconstitucionalidad del acto. 69. Entonces, independientemente de que el acto no sea susceptible de suspenderse de acuerdo con su naturaleza, de manera excepcional, procederá otorgar la suspensión cuando de la anticipación de los posibles resultados que pudieran conseguirse con la resolución de fondo se deriven los siguientes elementos: la apariencia del buen derecho, esto es, la probabilidad objetiva de que el planteamiento de inconstitucionalidad del acto es fundado; y el peligro en la demora, es decir, que de las circunstancias del caso 13 Jurisprudencia 14, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. VI, Materia Común, p.14, de rubro: “ACTOS DE TRACTO SUSCESIVO”. 14 Tesis 254, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. III, materia administrativa, p. 243, de rubro: “ACTOS PROHIBITIVOS Y NEGATIVOS, DIFERENCIA ENTRE LOS (EXPLOTACIÓN DE BOSQUES)”. 15 Jurisprudencia 17, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. VI, materia común, p. 16 de rubro: “ACTOS NEGATIVOS CON EFECTOS POSITIVOS”. 16 Jurisprudencia 15, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. VI, materia común, p. 14 de rubro: “ACTOS DECLARATIVOS”. 17 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, p. 5990, de rubro: “ACTOS DE REALIZACIÓN INMINENTE”.
  • 28. R.I. 107/2015 concreto se desprenda que la tardanza en resolver el asunto pueda acarrear al promovente perjuicios irreparables. 70. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia P./J.15/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 16, tomo III, abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del contenido literal siguiente: “SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social 28
  • 29. R.I. 107/2015 29 o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión”. 71. En cambio, si el acto en atención a su naturaleza admite la paralización o de la apreciación provisional se desprende que pueda ser inconstitucional, se continuará con el análisis de procedencia de la suspensión, de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo. 72. Ahora, el juez de amparo por cuanto hace a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, consistentes en que no se le permita al hoy recurrente, la circulación de su vehículo automotor un día a la semana y todos los sábados de cada mes, con motivo de la entrada en vigor del programa de verificación vehicular obligatorio para el primer semestre del año dos mil quince, el a quo con acierto negó la suspensión, al considerar que de otorgarse dicha medida cautelar se estaría dando efectos restitutorios a dichos actos a través de la misma, lo cual, sería en todo caso materia del fondo del asunto, además, contrario a lo expuesto por el recurrente, certeramente estableció que de concederse la suspensión se contravendrían cuestiones de orden público en perjuicio del interés social, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. 73. Al respecto, es menester transcribir el contenido de los artículos 107, fracción X, párrafo primero, de la Constitución Federal; así como 128, 129, 130, 138, párrafo primero, 139, 140, 146 y 147 de la Ley de Amparo, que disponen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. “Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
  • 30. R.I. 107/2015 … X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.” LEY DE AMPARO “Artículo 128.- Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I.- Que la solicite el quejoso; y II.- Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado”. Artículo 129.- Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I.- Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II.- Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III.- Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV.- Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V.- Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII.- Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII.- Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX.- Se impida el pago de alimentos; X.- Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 30
  • 31. R.I. 107/2015 31 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI.- Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII.- Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII.- Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social.” Artículo 130.- La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria.” Artículo 138.- Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: …” Artículo 139.- En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo.
  • 32. R.I. 107/2015 Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional”. Artículo 140.- En el informe previo la autoridad responsable se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Las partes podrán objetar su contenido en la audiencia. En casos urgentes se podrá ordenar que se rinda el informe previo por cualquier medio a disposición de las oficinas públicas de comunicaciones.” Artículo 146.- La resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener: I.- La fijación clara y precisa del acto reclamado; II.- La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas; III.- Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder o negar la suspensión; y IV.- Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por los que se conceda o niegue la suspensión. Si se concede, deberán precisarse los efectos para su estricto cumplimiento.” Artículo 147.- En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo”. 32
  • 33. R.I. 107/2015 33 74. De la interpretación sistemática de los numerales preinsertos, se destaca que, en términos generales, la suspensión se ha concebido como la providencia precautoria del juicio de amparo, que tiene por objeto mantener las cosas en el estado que guardan, hasta en tanto se resuelva sobre la constitucionalidad de los actos reclamados; de ahí que esa medida pueda solicitarse mientras tanto no haya ejecutoria que resuelva en definitiva el fondo de la cuestión debatida. 75. Por tanto, la justificación de esa institución radica en la subsistencia del objeto o materia del acto reclamado, pero no en la creación de nuevas situaciones jurídicas, de modo que sea dable restituir a la quejosa en el goce de los derechos fundamentales que le fueron violados con la emisión o ejecución de las actuaciones autoritarias combatidas, retrotrayendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación (actos positivos), o conminando a la autoridad a realizar una conducta de hacer o dar en favor del gobernado (actos negativos). 76. A través de la suspensión se garantiza la subsistencia de la actuación destacada, es decir, se conserva la materia de la acción constitucional, permitiendo el estudio del fondo de la cuestión debatida por la contraposición del interés social con la apariencia del buen derecho; de otra forma, el medio de control de constitucionalidad sería ineficaz o nugatorio. 77. La conservación de la materia de la restitución de derechos que pudiera ser objeto de la hipotética concesión del amparo solicitado, es de vital importancia; de ahí que se permita, incluso, conceder de oficio la suspensión, cuando se advierta que el acto reclamado pueda consumarse de manera irreparable, tal como lo prevé el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo. 78. Ahora, considerando lo anterior, es indispensable tener presente lo señalado en el capítulo de suspensión de la demanda de amparo y del cual se puede apreciar que se solicitó la medida cautelar, para que se suspendieran los efectos y consecuencias de los actos reclamados, esto es, que no se impida al quejoso en el juicio de amparo, circular con su
  • 34. R.I. 107/2015 ****************************** todos los días de la semana, sin restricción alguna. 79. En ese tenor, se advierte que en el caso se cumple el primer supuesto previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, que la medida cautelar la solicitó el entonces quejoso; sin embargo, contrario a lo sostenido por el hoy recurrente, no se actualiza el segundo requisito, ya que tales actos no son susceptibles de paralización, pues de otorgarse la suspensión ciertamente se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social. 80. Lo anterior, se advierte del propio Decreto por el que se expide el Programa Hoy no Circula en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, en cuya parte considerativa, textualmente establece: “Que de acuerdo con los artículos 2, 25, numeral 1, y 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar. Que de acuerdo con el artículo 4, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Que el cambio climático constituye un reto y una gran oportunidad en las agendas de los países, por el desafío que implica replantear los procesos de desarrollo económico con un enfoque ambiental; e incidir en los estilos de vida y patrones de comportamiento de la población. Que el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, firmado por México el 16 de septiembre de 1987, constituye un foro a nivel mundial donde se señala la necesidad de tomar las medidas adecuadas para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos nocivos que se derivan; o pueden derivarse de actividades 34
  • 35. R.I. 107/2015 35 humanas que modifican o pueden modificar la capa de ozono. Que el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, firmado por México el 9 de junio de 1988, tiene por objeto el fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero. Que la Estrategia Nacional de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de junio de 2013, constituye un instrumento que guiará nuestras acciones como nación, para combatir el fenómeno del cambio climático en los próximos 40 años; desde un enfoque de resiliencia (sic) de las ciudades. Que el artículo 1 fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece como parte de su objeto el “garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar”. Que es parte del objeto de la Ley General de Cambio Climático, en términos de lo dispuesto por el artículo 2, fracción IV, reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático. Que de conformidad con el artículo 20 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, corresponde a las autoridades locales tomar las medidas necesarias para conservar el derecho que los habitantes del Distrito Federal tienen a disfrutar de un ambiente sano. Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, es aplicable en la prevención y control de la contaminación atmosférica proveniente de fuentes fijas o móviles de jurisdicción local, de conformidad con su artículo 2, fracción I. Que en términos del artículo 5, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, se define por fuente móvil a los vehículos automotores que emitan contaminantes al ambiente. Que con base en el artículo 139 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el
  • 36. R.I. 107/2015 Distrito Federal, la Secretaría del Medio Ambiente, tiene la facultad de limitar la circulación de vehículos automotores en el Distrito Federal, para prevenir y reducir las emisiones contaminantes. Que de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal, corresponde al Gobierno del Distrito Federal a través de su Jefe de Gobierno la regulación de acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, en las materias de competencia local. Que asimismo en términos del artículo 7, fracción V, letra i, del mismo ordenamiento corresponde al Gobierno del Distrito Federal, regular, instrumentar y controlar las acciones para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Que con base en el artículo 118, fracción IV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el Gobierno del Distrito Federal en el desarrollo y bienestar social en la Ciudad de México, debe tomar en cuenta la preservación del medio ambiente y equilibrio ecológico. Que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 11 de septiembre de 2013, en su Eje 3. Desarrollo Económico Sustentable, establece como un área de oportunidad, “la calidad del aire y el cambio climático”; asociada a una dinámica urbana desordenada, que propicia daños a los sistemas naturales y a la salud, dejando a las personas en situación de vulnerabilidad, siendo necesario disminuir los impactos y riesgos ambientales por los estilos de vida. Que de conformidad con el eje 4, área de oportunidad 4, objetivo 1 del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, se encuentra Establecer políticas públicas de reducción del uso del automóvil, para garantizar una mejor calidad de vida y reducir las externalidades negativas asociadas a su uso. Que el uso excesivo de vehículos automotores produce externalidades negativas en la calidad del aire en la Ciudad de México. Que derivado de la Evaluación del Programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México, realizada por Centro Mario Molina durante el año 2013, se establecieron 36
  • 37. R.I. 107/2015 37 recomendaciones para mejorar los beneficios ambientales que aporta el Programa, recomendando un escalonamiento de hologramas que permita incentivar y mejorar el desempeño de la flota que circula en la Zona Metropolitana del Valle de México; así como limitaciones a la circulación más estrictas para los vehículos más contaminantes, los beneficios que se estimaron fueron: una reducción promedio del 11% de las emisiones generadas por los vehículos que circulan en la ZMVM, lo cual genera ahorros por beneficios en términos de salud y reducciones de consumo de combustible. Que el Inventario de Emisiones Contaminantes y de Efecto Invernadero 2012, recomienda de manera general, que es necesario seguir instrumentando políticas públicas para limitar el uso del automóvil particular; así como, para aumentar la introducción de vehículos híbridos y eléctricos. Que el 3 de octubre del 2013, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el ‘Convenio de Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis’, cuyo objeto es constituir la Comisión como un órgano de coordinación, para llevar a cabo, entre otras acciones, la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona, conformada por los órganos políticos administrativos desconcentrados del Distrito Federal, así como los Municipios de los Estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Que el Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México 2011-2020, en la Medida 18: Modernización del Programa “Hoy No Circula”, Acción 18, Objetivo 1, prevé la actualización del Hoy No Circula, como un beneficio en la disminución de emisiones de vehículos en circulación, con lo que se dejarían de emitir 71 toneladas al año de Partículas Menores a 10 micrómetros; 38 toneladas al año de Partículas Menores a 2.5 micrómetros; 55,337 toneladas al año de monóxido de carbono; 4,707 toneladas al año de óxidos de nitrógeno; 8,890 toneladas al año de Compuestos Orgánicos Volátiles; 1,367 toneladas al año de tóxicos y 778,992 toneladas al año de gases de efecto invernadero. Que de acuerdo al Inventario de Emisiones Contaminantes y de Efecto Invernadero 2012,
  • 38. R.I. 107/2015 las fuentes móviles generan la mayoría de los contaminantes y de los compuestos de efecto invernadero. Este sector aporta el 98% del monóxido de carbono con 1.57 millones de toneladas al año y el 88% de los NOx con cerca de 210 mil toneladas al año; respecto a los compuestos de efecto invernadero, contribuye con el 79% de carbono negro (1,676 toneladas al año) y el 49% de gases de efecto invernadero (24.4 millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente). Que los vehículos particulares, representan el 75% del parque vehicular y aportan un 35% de los contaminantes criterio, y un 43% de los gases efecto invernadero generados por el total de fuentes móviles”. 81. Asimismo, en dicho decreto se establece su finalidad al señalar: “I.- OBJETIVO DEL PROGRAMA Establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en el Distrito Federal, sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación”. 82. En ese tenor, no se actualiza el segundo requisito a que se hizo referencia, ya que tales actos no son susceptibles de paralización, pues de otorgarse la suspensión ciertamente se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social. 83. De las transcripciones que preceden, se advierte que el decreto por el que se expide el Programa Hoy no Circula en el Distrito Federal constituye una norma de orden público atendiendo a sus fundamentos legales y de interés social, dadas las finalidades que lo motivaron, a saber:  Garantizar el derecho de toda persona a tener un ambiente y nivel de vida adecuado que le asegure la salud, el desarrollo y el bienestar (artículos 2, 25 38
  • 39. R.I. 107/2015 39 numeral 1, 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 4, párrafo quinto, de la Constitución Federal y 1 fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente).  Tomar medidas para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos nocivos que se derivan o pueden derivarse de actividades humanas que modifican o pueden modificar la capa de ozono (conforme al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, firmado por México el dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y siete).  Abatir el cambio climático replanteando los procesos de desarrollo económico con un enfoque ambiental; e incidir en los estilos de vida y patrones de conducta de la población, fomentando reformas en los sectores pertinentes, a fin de promover políticas y medidas que reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero (Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, firmado por México el nueve de junio de mil novecientos ochenta y ocho).  Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático (artículo 2, fracción IV, de la Ley General de Cambio Climático).  Tomar medidas en la prevención y control de la contaminación atmosférica proveniente de fuentes fijas o móviles de jurisdicción local, para conservar el derecho de los habitantes del Distrito Federal a disfrutar de un ambiente sano (Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, artículos 2, fracción I, 4 y 20.)  Prevenir y reducir las emisiones contaminantes, limitando la circulación de vehículos automotores en el Distrito Federal (artículo 139 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal).  Preservar el medio ambiente y equilibrio ecológico; regular, instrumentar y controlar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático en el desarrollo y bienestar social en la Ciudad de México
  • 40. R.I. 107/2015 (artículos 118, fracción IV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el Gobierno del Distrito Federal y 7 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal).  Disminuir los impactos y riesgos ambientales por los estilos de vida para mejorar la calidad del aire y evitar los daños del cambio climático (Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013- 2018, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día once de septiembre de dos mil trece, en su Eje 3. Desarrollo Económico Sustentable).  Establecer políticas públicas de reducción del uso del automóvil, para garantizar una mejor calidad de vida y reducir las externalidades negativas en la calidad del aire en la Ciudad de México, asociadas a su uso (Eje 4, área de oportunidad 4, objetivo 1 del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018).  Incentivar y mejorar el desempeño de la flota que circula en la Zona Metropolitana del Valle de México, a través del escalonado de hologramas, con mayores limitaciones a la circulación para los vehículos más contaminantes, con el objeto de generar beneficios en términos de salud y reducciones de consumo de combustible.  Instrumentar políticas públicas para limitar el uso del automóvil particular; aumentar la introducción de vehículos híbridos y eléctricos; disminuir emisiones de vehículos en circulación, con lo que se dejarían de producir gases de efecto invernadero, al actualizar el Programa “Hoy No Circula”, ya que los vehículos particulares, representan el 75% del parque vehicular y aportan un gran porcentaje de los contaminantes y de los citados gases.  Limitar la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores para prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en el Distrito Federal, sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo. 84. En ese tenor, se advierte que en el caso se cumple el primer supuesto previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es 40
  • 41. R.I. 107/2015 41 decir, que la medida cautelar la solicitó la entonces quejosa; sin embargo, contrario a lo sostenido por la hoy recurrente, no se actualiza el segundo requisito, ya que tales actos no son susceptibles de paralización, pues de otorgarse la suspensión ciertamente se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social. 85. Aspectos que se ven reflejados en el Acuerdo que establece las medidas para limitar la circulación de los vehículos automotores en los municipios conurbados del Estado de México de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) (hoy no circula), para controlar y reducir la contaminación atmosférica y contingencias ambientales atmosféricas, publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, el **********, el cual estatuye que con la expedición y aplicación de las disposiciones y programas, se fortalece el marco de políticas y estrategias para la ejecución de medidas tendentes a abatir el deterioro ambiental del Estado de México, así como para el establecimiento de acciones preventivas que incidan en la disminución de la contaminación atmosférica y la protección a la salud de los habitantes de éste. 86. Y en el “Convenio de Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis”, publicado el tres de octubre de dos mil trece en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, cuyo objeto es constituir dicha comisión como un órgano de coordinación, para llevar a cabo, entre otras acciones, la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona, conformado por los órganos desconcentrados del Distrito Federal, así como los municipios de los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, que comprenden el espacio territorial conocido como Megalópolis. 87. Convenio de coordinación citado, que en la cláusula segunda, establece: “SEGUNDA. Para los efectos del presente Convenio, se entiende por Megalópolis al espacio conformado, en el Distrito Federal: por las 16 demarcaciones territoriales de los Órganos Político
  • 42. R.I. 107/2015 Administrativos Desconcentrados denominados Delegaciones Álvaro Obregón; Azcapotzalco; Benito Juárez; Coyoacán; Cuajimalpa de Morelos; Cuauhtémoc; Gustavo A. Madero; Iztacalco; Iztapalapa; La Magdalena Contreras; Miguel Hidalgo; Milpa Alta; Tláhuac; Tlalpan; Venustiano Carranza, y Xochimilco; en el Estado de Hidalgo, por los siguientes municipios: Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Chapantongo, Cuautepec de Hinojosa, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, Nopala de Villagrán, Pachuca de Soto, San Agustín Tlaxiaca, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Singuilucan, Tepeapulco, Tepeji del Río de Ocampo, Tepetitlán, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tlanalapa, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, Villa de Tezontepec, Zapotlán de Juárez y Zempoala; en el Estado de México, por los siguientes municipios: Acolman, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río,Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlautla, Axapusco, Ayapango, Coacalco de Berriozabal, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, Juchitepec, La Paz, Lerma, Melchor Ocampo, Metepec, Mexicaltzingo, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nextlalpan, Nicolás Romero, Nopaltepec, Ocoyoacac, Otumba, Otzolotepec, Ozumba, Papalotla, Rayón, San Antonio la Isla, San Martín de las Pirámides, San Mateo Atenco, Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Temoaya, Tenango del Aire, Tenango del Valle, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcalyacac, Texcoco, Tezoyuca, Tianguistenco, Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad, Villa del Carbón Xalatlaco, Xonacatlán, Zinacantepec y Zumpango; en el Estado de Morelos, por los siguientes municipios: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan; en el Estado de Puebla, por los siguientes municipios: Amozoc, Atlixco, Coronango, Cuautliancingo, Chiautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Juan C. Bonilla, Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San Felipe Teotlalcingo, San Gregorio Atzompa, San Martín Texmelucan, San Miguel Xoxtla, San Pedro Cholula, San Salvador 42
  • 43. R.I. 107/2015 43 El Verde, Tehuacán, Tepatlaxco de Hidalgo, Telaltenango y Teziutlán; y en el Estado de Tlaxcala, por los siguientes municipios: Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Atlangatepec, Atlitzayanca, Apizaco, Calpulalpan, El Carmen Tequexquitla, Cuapiaxtla, Cuaxomulco, Chiautempan, Muñoz de Domingo Arenas, Españita, Huamantla, Hueyotlipan, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Ixtenco, Mazatecochco de José María Morelos, Contla de Juan Cuamatzi, Tepetitla de Lardizábal, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Nanacamilpa de Mariano Arista, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Natívitas, Panotla, San Pablo del Monte, Santa Cruz Tlaxcala, Tenancingo, Teolocholco, Tepeyanco, Terrenate, Tetla de la Solidaridad, Tetlatlahuca, Tlaxcala, Tlaxco, Tocatlán, Totolac, Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos, Tzompantepec, Xaloztoc, Xaltocan, Papalotla de Xicohténcatl, Xicohtzinco, Yauhquemehcan, Zacatelco, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, La Magdalena Tlaltelulco, San Damián Texóloc, San Francisco Tetlanohcan, San Jerónimo Zacualpan, San José Teacalco, San Juan Huactzinco, San Lorenzo Axocomanitla, San Lucas Tecopilco, Santa Ana Nopalucan, Santa Apolonia Teacalco, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz Quilehtla y Santa Isabel Xiloxoxtla. "LA COMISIÓN" podrá considerar un territorio mayor para la elaboración de estudios, proyectos e investigaciones que le permitan planear y ejecutar acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en el área de influencia de la Megalópolis.” 88. Así como en el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio para el primer semestre del año dos mil quince, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, número 123, el veintidós de diciembre de dos mil catorce, el cual dentro del capítulo de generalidades, establece que están obligados a observar las disposiciones de ese programa los usuarios de los vehículos automotores clasificados como de uso particular, intensivo, y múltiples o utilitarios emplacados en el Estado de México, incluyendo aquellos que porten placa metropolitana, exceptuando motocicletas, vehículos con placas de circulación de auto antiguo, maquinaria agrícola y pesada y aquellos que por su tecnología o características no sea posible realizarles la prueba de verificación vehicular. 89. En ese contexto, resulta incuestionable que, contrario a lo manifestado por la recurrente, en el caso, de
  • 44. R.I. 107/2015 concederse la suspensión (permitir que circule su vehículo todos los días sin restricción alguna) se contravendrían disposiciones de orden público, entre otras, los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte, como son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 2, 25 numeral 1, 28); el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, firmado por México el dieciséis de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, firmado por México el nueve de junio de mil novecientos ochenta y ocho. 90. Asimismo, se infringirían las siguientes normas de derecho interno: Constitución Política de los Estados Unidos Federal Mexicanos (artículo 4, párrafo quinto); y diversos numerales de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Ley General de Cambio Climático; Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal; Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal; y el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día once de septiembre de dos mil trece. 91. Por otra parte, debe puntualizarse, que en la especie, la sociedad está interesada en que se garantice y preserve el derecho a tener un medio ambiente adecuado, que le asegure la salud, el desarrollo y el bienestar, así como a proteger el equilibrio de los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, reduciendo las emisiones de los gases de efecto invernadero, para lograr el control de la contaminación atmosférica proveniente de fuentes fijas o móviles y de vehículos automotores que circulan en la zona, conformado por los órganos desconcentrados del Distrito Federal, así como los municipios de los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, que comprenden el espacio territorial conocido como Megalópolis. 92. Lo anterior, considerando que para lograr tales objetivos es deseable la reducción del uso del automóvil, con el objeto de garantizar una mejor calidad de vida y reducir las externalidades negativas en la calidad del aire en el área que 44
  • 45. R.I. 107/2015 45 comprende la citada Megalópolis, por lo que resulta necesario desincentivar su uso, estableciendo mayores limitaciones a la circulación de los vehículos más contaminantes para generar beneficios no sólo en la salud y el medio ambiente, sino también en la reducción de consumo de combustible, por lo que debe fomentarse la introducción de vehículos híbridos y eléctricos, para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. 93. No pasa inadvertido para este tribunal colegiado, que si bien el decreto por el que se expidió el programa hoy no circula para el Distrito Federal y el acuerdo que establece las medidas para limitar la circulación de los vehículos automotores en los municipios conurbados del Estado de México de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) (hoy no circula), para controlar y reducir la contaminación atmosférica y contingencias ambientales atmosféricas, prevén excepciones, para su aplicación, lo cierto es que en los autos materia de estudio no obra constancia alguna que acredite que la hoy recurrente, se encuentre en alguno de los supuestos de excepción en comento, y que son los siguientes: VII.- EXENCIONES Las medidas establecidas para la limitación de la circulación vehicular en el presente Programa, no serán aplicables a los conductores de fuentes móviles o vehículos que se encuentren en los siguientes supuestos: 1.- Cuenten y porten en lugar visible con holograma “EXENTO”, “00” y “0”, obtenido como parte del proceso de verificación vehicular y en verificentro autorizado en el Estado de México, Distrito Federal y demás entidades federativas con las que la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal suscriba convenios de homologación de verificación vehicular; 2.- Cuenten con vehículos que utilicen fuentes de energías no contaminantes o que no emitan contaminantes derivados de la combustión (eléctricos, híbridos, de energía solar); 3.- Cuando los vehículos automotores sean destinados a prestar servicios de emergencia, médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y servicios urbanos; 4.- Los vehículos que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal determine a través del establecimiento de programas y convenios, mediante los cuales se reduzcan sus niveles de emisión.